RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA MINERA

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Instituto Tecnológico de Colima

Ingeniería Industrial

 Responsabilidad social en la minería

Aula: D-5

Presentan: Jorge Iván Figueroa Martínez

                       Tomas Sebastián Herrera Álvarez

Zyanya Meléndez

Profesora: Ing. María Heidi del Pilar Vizcaíno Granados

Colima, Colima 09 de Septiembre del 2015

RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL EN LA INDUSTRIA MINERA

 José De Echave En este artículo, identificamos las orientaciones tomadas por algunos Estados, organismos multilaterales y la propia industria minera, en relación con el tema social y ambiental.

Un primer aspecto a remarcar en el contexto, es que en la década pasada recrudecieron con mucha fuerza conflictos, en diferentes partes del mundo, entre poblaciones nativas y empresas mineras. Podemos citar algunos ejemplos: el de la población de Tarkwa en Ghana con la empresa Gold Fields Ghana Limited, el de Bouganville en Papua Nueva Guinea que involucra a BHP, en Sulawesi, Indonesia con la empresa Inco, en Australia entre la RTZ y comunidades nativas, en Filipinas en la zona de Marinduque con Placer Dome. En América Latina los conflictos de Parapanema en Brasil, en Bolivia, en Amayapampa, Capasirca y Llallagua, y los múltiples reclamos de comunidades en el Perú, son algunos ejemplos al respecto.

 Esta situación provocó reacciones en algunos Estados, organismos multilaterales y en las propias empresas mineras. Por ejemplo, de manera lenta pero progresiva, se han comenzado a introducir en la legislación minera de ciertos países, disposiciones específicas que reconocen los derechos ancestrales de estas poblaciones: en la Guyana Francesa, el nuevo Código Minero prohibe otorgar permisos de cualquier tipo a empresas mineras en los territorios del sur que son considerados reservas naturales y santuarios religiosos. En Filipinas, el Código de Minería de 1995, incorporó como requisito, la consulta a los pueblos indígenas por parte de las empresas, como mecanismo previo para la obtención del permiso para el desarrollo de actividades mineras. Además en ese mismo país en 1997, se aprobó el Acta de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce la propiedad de los territorios de las comunidades y se nombró una Comisión Nacional de Pueblos Indígenas, cuya misión es velar por el cumplimiento de esta acta.

Por su parte, en Australia se ha elaborado la Ley de Los Derechos de Propiedad de las Poblaciones Aborígenes (Native Title Act); mientras que en Canadá, la reforma de la constitución en la década de los ochenta y el reconocimiento de los derechos ancestrales de las poblaciones indígenas, ha permitido importantes avances en la negociación entre comunidades y empresas mineras. Otros antecedentes interesantes se han desarrollado en Ghana y Nueva Caledonia, en los territorios de la población Kanake.

Por otro lado, poblaciones afectadas, han comenzado a acceder, aunque es cierto que de manera muy inicial y limitada, a sistemas judiciales en los países de origen de las propias empresas mineras. Este ha sido el caso de una población afectada en la Guyana, luego que se produjera el derrumbe de una represa de relaves de las empresas Cambior de Canadá y Golden Star de los Estados Unidos, con altos contenidos de arsénico. El derrame afectó directamente al río Essequibo, uno de los más importante de este país.

 El grupo de pobladores afectados de Guyana (23 mil personas), planteó un juicio conjunto –class action-, en las cortes de Québec, demandando que la empresa repare los daños causados y una cantidad de dinero como compensación. Esta ha sido la primera vez que un grupo de personas residentes en otro país, planteaban una acción judicial en una corte canadiense, como consecuencia de un desastre ambiental provocado por una empresa de este país en el extranjero.

Otro caso en el mismo sentido, fue el juicio iniciado por las poblaciones vecinas al río OK Tedi, en Papua Nueva Guinea. Desde el año de 1984, este río había recibido la descarga de más de 80 mil toneladas de relaves por día, por parte de una mina de propiedad de la empresa australiana BHP. En 1994, treinta mil propietarios de tierras afectados por la contaminación del río, plantearon un juicio en las cortes de Australia, demandando la construcción de una represa de relaves y una compensación de 4 mil millones de dólares australianos por los daños ocasionados. Finalmente la iniciativa de la población en las cortes de Australia, creo las condiciones para llegar a un acuerdo, que incluyó la construcción de una represa de relaves y una compensación de 500 millones de dólares.

Otros ejemplos importantes en cuanto a tendencias de responsabilidad social y ambiental, son los Acuerdos de Impactos y Beneficios (AIB), que se han convertido en una práctica común en el Canadá, cuando los proyectos mineros están ubicados o van a afectar los territorios tradicionales de los pueblos indígenas. Los AIB, definen los beneficios que deben recibir las comunidades afectadas por la actividad minera y también los compromisos de las empresas en materia de protección ambiental. Los acuerdos tocan temas referidos al empleo local proporcionado por la actividad minera, el entrenamiento para los miembros de la comunidad, el desarrollo económico, la protección ambiental y cultural, el apoyo social y la compensación financiera, entre otros temas. Las actas que suscriben las partes sobre un Acuerdo de Impactos y Beneficios en Canadá, representan un contrato con base legal, que va a definir la relación entre las compañías mieras y la comunidad.

 Iniciativas empresariales

En respuesta a las fuertes críticas recibidas en diferentes partes del mundo, por los conflictos ambientales y sociales que provocaban, las empresas mineras han venido desarrollando algunas iniciativas, tanto a nivel individual, como en conjunto. Algunos ejemplos que podemos citar a nivel individual, es la Política de Sostenibilidad de la empresa Placer Dome o el Código de Ética de la empresa Noranda, ambas de Canadá. En ambos casos, se incorporan una serie de principios generales en materia ambiental, social y económica, en los que reconocen su compromiso con el desarrollo sostenible.

 Entre las iniciativas conjuntas podemos citar la de White Horse en Canadá, lanzada en 1992 por la Asociación Minera de Canadá (la representación gremial de la industria minera de ese país). El propósito fue desarrollar una visión estratégica, identificar soluciones, en la perspectiva de construir una propuesta de industria minera sostenible. Participaron en esta iniciativa, aparte de representantes de la industria minera, el gobierno canadiense, los sindicatos, los pueblos indígenas y las organizaciones ambientalistas.

 Del proceso de White Horse, resultó un acuerdo que contiene principios, objetivos y recomendaciones sobre aspectos referidos a la mantención de ecosistemas, la manera como la industria minera puede compartir beneficios con las poblaciones indígenas, ambientes seguros para los trabajadores, la armonización de sistemas de regulación y tributación, entre otros temas. Hasta el momento, al parecer la implementación de los acuerdos es muy lenta y la mayoría de actores comprometidos, plantean mejoras en la definición de los procesos que podrán permitir alcanzar las metas fijadas.

Sin embargo, quizás el proceso más importante lanzado hasta el momento por las empresas, es la Iniciativa Global de la Minería (Global Mining Initiative), propuesta en 1999 y que reúne a 34 empresas mineras multinacionales. Esta iniciativa busca definir el rol que la minería puede jugar en la transformación hacía el desarrollo sostenible en las zonas donde trabaja y los desafíos que debe enfrentar en temas sociales, ambientales, económicos y de derechos humanos en general. La iniciativa reconoce que la industria no ha estado respondiendo adecuadamente frente a estos problemas y se propone desarrollar múltiples acciones en los próximos dos años.

 Los mecanismos de los organismos multilaterales        

 Del lado de los organismos multilaterales, podemos citar que el Banco Mundial ha elaborado una Directriz Operativa concerniente a Pueblos Indígenas para (a) "asegurar que los pueblos indígenas se beneficien de los proyectos de desarrollo” y (b) “evitar o mitigar efectos potenciales adversos en los pueblos indígenas, causados por actividades apoyadas por el Banco”. Por su parte, la Corporación Financiera Internacional (IFC) brazo financiero del Banco Mundial, ha creado en 1999, la Oficina del Ombudsman y Asesor en materia de vigilancia de las políticas ambientales y sociales. En esta oficina existen espacios de observación independientes que rinden informes al Presidente del Grupo del Banco Mundial, sobre los conflictos e impactos negativos, entre otros, de proyectos mineros.

 Otro ejemplo con esta misma orientación, son los Equipos de Inspección del Banco Mundial, creados en 1993, que tienen como propósito generar un espacio independiente para el análisis y discusión sobre los impactos sociales y ambientales, que puedan estar ocasionando proyectos financiados por este organismo. El Equipo de Inspección provee de información directa y da recomendaciones a la Junta de Directores de Ejecutivos del Banco, sobre las acciones finales que deberán tomar en relación al proyecto.

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