Reseña del programa liberal mexicano

Todo partido político que lucha por alcanzar influencia efectiva en la dirección de los negocios públicos de su país, está obligado a declarar ante el pueblo, en forma clara y precisa, cuáles son los ideales por que lucha y cuál el programa que se propone llevar a la práctica, en caso de ser favorecido por la victoria. El Partido Liberal, dispersado por las persecuciones de la Dictadura, débil, casi agonizante por mucho tiempo, ha logrado rehacerse, y hoy rápidamente se organiza. En consecuencia, el Partido Liberal declara que sus aspiraciones son las que constan en el presente Programa, cuya realización es estrictamente obligatoria para el Gobierno que se establezca a la caída de la dictadura, siendo también estricta obligación de los miembros del Partido Liberal velar por el cumplimiento de este Programa. En los puntos del programa, no consta sino aquello que para ponerse en práctica amerita reformas en nuestra legislación o medidas efectivas del gobierno.

Lo que no es más que un principio, lo que no puede decretarse, sino que debe estar siempre en la conciencia de los hombres liberales, no figura en el programa, porque no hay objeto para ello. Por ejemplo, siendo rudimentarios principios de liberalismo que el gobierno debe sujetarse al cumplimiento de la ley e inspirar todos sus actos en el bien del pueblo, se sobreentiende que todo funcionario liberal ajustará su conducta a este principio. Si el funcionario no es hombre de conciencia ni siente respeto por la ley, la violará, aunque en el programa del Partido Liberal se ponga una cláusula que prevenga desempeñar con honradez los puestos públicos. Antes de declarar en este programa que el gobierno será honrado, que se inspirará en el bien público, que impartirá completa justicia, etc., etc., es preferible imponer a los liberales la obligación de velar por el cumplimiento del programa, para que así recuerden continuamente que no deben fiar demasiado en ningún gobierno, por ejemplar que parezca, sino que deben vigilarlo para que llene sus deberes.

Los puntos de este programa no son ni pueden ser otra cosa que bases generales para la implantación de un sistema de gobierno verdaderamente democrático.

El servicio militar obligatorio es una tiranía de las más odiosas, incompatible con los derechos del ciudadano de un país libre. Para los calumniadores, chantajistas y otros pícaros que abusen de estas libertades, no faltarán severos castigos. No se puede, sin faltar a la igualdad democrática, establecer tribunales especiales para juzgar los delitos de imprenta. Establecidas amplias libertades para la prensa y la palabra, no cabe ya distinguir y favorecer a los delincuentes de este orden, los que por lo demás, no serán muchos.

La supresión de los Tribunales Militares, es una medida de equidad. Cuando se quiere oprimir, hacer del soldado un ente sin derechos, y mantenerlo en una férrea servidumbre pueden ser útiles estos tribunales con su severidad exagerada, con su dureza implacable, con sus tremendos castigos para la más ligera falta. Pero cuando se quiere que el militar tenga las mismas libertades y derechos que los demás ciudadanos, cuando se quita a la disciplina ese rigor brutal que esclaviza a los hombres, cuando se quiere dignificar al soldado y a la vez robustecer el prestigio de la autoridad civil, no deben dejarse subsistentes los Tribunales Militares que han sido, por lo general, más instrumentos de opresión que garantía de justicia. Sólo en tiempo de guerra, por lo muy especial y grave de las circunstancias, puede autorizarse el funcionamiento de esos tribunales.

La instrucción de la niñez, debe reclamar muy especialmente los cuidados de un gobierno que verdaderamente anhela el engrandecimiento de la patria. En la escuela primaria está la profunda base de la grandeza de los pueblos, y puede decirse que las mejores instituciones poco valen y están en peligro de perderse, si al lado de ellas no existen múltiples y bien atendidas escuelas en que se formen los ciudadanos que en lo futuro deben velar por esas instituciones. Al suprimirse las escuelas del clero, se impone imprescindiblemente para el gobierno, la obligación de suplirlas sin tardanza, para que la proporción de escuelas existentes no disminuya y los clericales no puedan hacer cargos de que se ha perjudicado la instrucción. La necesidad de crear nuevas escuelas hasta dotar al país con todas las que reclame su población escolar, la reconocerá a primera vista todo el que no sea un enemigo del progreso.

Para lograr que la instrucción laica se imparta en todas las escuelas, sin ninguna excepción, conviene reforzar la obligación de las escuelas particulares de ajustar estrictamente sus programas a los oficiales, estableciendo responsabilidades y penas para los maestros que falten a este deber. El enseñar rudimentos de artes y oficios en las escuelas, acostumbra al niño a ver con naturalidad el trabajo manual, despierta en él afición a dicho trabajo, y lo prepara desarrollando sus aptitudes, para adoptar más tarde un oficio, mejor que emplear largos años en la conquista de un título. En cuanto a la instrucción militar en las escuelas, se hace conveniente para poner a los ciudadanos en aptitud de prestar sus servicios en la Guardia Nacional, en la que sólo perfeccionarán sus conocimientos militares. La preferencia que se debe prestar a la instrucción cívica, no necesita demostrarse.

El Clero Católico, saliéndose de los límites de su misión religiosa, ha pretendido siempre erigirse en un poder político, y ha causado grandes males a la patria, ya que como dominador del Estado con los gobiernos conservadores, o ya como rebelde con los gobiernos liberales. Esta actitud del clero, inspirada en su odio salvaje a las instituciones democráticas, provoca una actitud equivalente por parte de los gobiernos honrados que no se avienen ni a permitir la invasión religiosa en las esferas del poder civil, ni a tolerar pacientemente las continuas rebeldías del clericalismo. Si los gobiernos democráticos adoptan medidas restrictivas para el clero, no es por el gusto de hacer decretos ni por ciega persecución, sino por la más estricta necesidad. La actitud agresiva del clero ante el Estado Liberal, obliga al Estado a hacerse respetar enérgicamente.

Nadie ignora que el clero tiene muy buenas entradas de dinero, el que no siempre es obtenido con limpios procedimientos. Para mil cosas se piden limosnas y espoleando el fanatismo, se logra arrancar dinero hasta de gentes que disputarían un centavo si no creyeran que con él compran la gloria. Su competencia es funesta y hay que evitarla en México. En general, la inmigración china no produce a México el menor beneficio.

Es público y notorio que el clero para burlar las Leyes de Reforma ha puesto sus bienes a nombre de algunos testaferros. De hecho, el clero sigue poseyendo los bienes que la ley le prohibe poseer. Las penas que las Leyes de Reforma señalan para sus infractores, son leves, y no inspiran temor al clero. La supresión de las escuelas del clero, es una medida que producirá al país incalculables beneficios.

La escuela clerical, que educa a la niñez en el más intolerante fanatismo, que la atiborra de prejuicios y de dogmas caprichosos, que le inculca el aborrecimiento a nuestras más preclaras glorias nacionales y le hace ver como enemigos a todos los que no son siervos de la iglesia, es el gran obstáculo, para que la democracia impere serenamente en nuestra patria y para que entre los mexicanos reine esa armonía, esa comunidad de sentimientos y aspiraciones, que es el alma de las nacionalidades robustas y adelantadas. La escuela laica que carece de todos estos vicios, que se inspira en un elevado patriotismo, ajeno a mezquindades religiosas, que tiene por lema la verdad, es la única que puede hacer de los mexicanos el pueblo ilustrado, fraternal y fuerte de mañana, pero su éxito no será completo mientras que al lado de la juventud emancipada y patriota, sigan arrojando las escuelas clericales otra juventud que, deformada intelectualmente por torpes enseñanzas, venga a mantener encendidas viejas discordias en medio del desgarramiento nacional. La supresión de las escuelas del clero, acaba de un golpe con lo que ha sido siempre el germen de amargas divisiones entre los mexicanos y asegura definitivamente el imperio de la democracia en nuestro país, con sus naturales consecuencias de progreso, paz y fraternidad. Así es como el trabajador mexicano acepta labores de doce o más horas diarias por salarios menores de setenta y cinco centavos, teniendo que tolerar que los patrones le descuenten todavía de su infeliz jornal, diversas cantidades para médico, culto católico, fiestas religiosas o cívicas y otras cosas, aparte de las multas que con cualquier pretexto se le imponen.

En más deplorable situación que el trabajador industrial, se encuentra el jornalero de campo, verdadero siervo de los modernos señores feudales. Por lo general, estos trabajadores tienen asignado un jornal de veinticinco centavos o menos, pero ni siquiera ese menguado salario perciben en efectivo. Ya que ni la piedad ni la justicia tocan el corazón encallecido de los que explotan al pueblo, condenándolo a extenuarse en el trabajo, sin salir de la miseria, sin tener una distracción ni un goce, se hace necesario que el pueblo mismo, por medio de mandatarios demócratas, realice su propio bien obligando al capital inconmovible a obrar con menos avaricia y con mayor equidad. Una labor máxima de ocho horas y un salario mínimo de un peso, es lo menos que puede pretenderse para que el trabajador esté siquiera a salvo de la miseria, para que la fatiga no lo agote, y para que le quede tiempo y humor de procurarse instrucción y distracción después de su trabajo.

Lo que ahora se pretende es cortar de raíz los abusos de que ha venido siendo víctima el trabajador y ponerlo en condiciones de luchar contra el capital sin. Si se dejara al obrero en las condiciones en que hoy está, difícilmente lograría mejorar, pues la negra miseria en que vive continuaría obligándolo a aceptar todas las condiciones del explotador. En cambio, garantizándole menos horas de trabajo y un salario superior al que hoy gana la generalidad, se le aligera el yugo y se le pone en aptitud de luchar por mejores conquistas, de unirse y organizarse y fortalecerse para arrancar al capital nuevas y mejores concesiones. La reglamentación del servicio doméstico y del trabajo a domicilio se hace necesaria, pues a labores tan especiales como éstas, es difícil aplicarles el término general del máximum de trabajo y el mínimo de salario que resulta sencillo para las demás labores.

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