TRANSICIÓN POLÍTICA DE LA INTEDENCIA DE VALLADOLID A LA FORMACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1786-1830

TRANSICIÓN POLÍTICA DE LA INTEDENCIA DE VALLADOLID A LA FORMACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN 1786-1830

1. PLANTEAMIENTO DEL TEMA

El proceso de  la transición de la colonial al México independiente sigue siendo motivo de reflexión y de nuevos replanteamientos historiográficos entre los historiadores en estos últimos años. El interés en el periodo ha concitado tanto a los estudiosos de las instituciones coloniales de la segunda  mitad del siglo XVIII, como a los especialistas en la formación de Estado nacional mexicano en la primera mitad del siglo XIX. Este interés está asociado con la pretensión de querer explicar en un marco de referencia de más larga duración   histórica, las trasformaciones sociales y políticas que se gestaron en este periodo  de transición  del Antiguo Régimen a la creación de la República Federal. En  este periodo histórico de transición las oligarquías o élites van a desempeñar un papel fundamental, en la  medida que se constituyeron en los agentes y portavoces activos, tanto en el pasado colonial como en el naciente Estado mexicano, de los beneficios o agravios recibidos, fueron estos de carácter social, político, cultural o económico.

        Por lo tanto, en la presente investigación trataremos de indagar sobre los sucesos políticos e institucionales más relevantes durante el periodo que comprende de 1786 a 1827 en Michoacán, cuando se da el paso a la intendencia y posteriormente el surgimiento del estado de Michoacán. Para lograrlo, buscaremos conexiones y repercusiones entre los diferentes sucesos que en el periodo  se desarrollan, a través  de las instituciones existentes y las que se intentaban instalar en el Estado, tratando de encontrar los hilos conectores que nos lleven a los momentos clave de dichas instituciones. Por lo que a continuación se expone una breve contextualización histórica del periodo tanto en lo general como regional.

         .

En la segunda mitad del siglo XVIII  la Corona Española diseño una serie de reformas tendientes a modernizar sus precarias estructuras económicas, sociales y políticas, para tratar de equilibrar su desarrollo  a la par e Inglaterra y Francia preferentemente. El fracaso en la guerra de los Siete años incluida la pérdida de sus posesiones territoriales en Holanda e Italia, obligó al rey Carlos III y a sus ministros ilustra dos a profundizar en las reformas administrativas y económicas emprendidas desde los reinados de Felipe V y  Fernando VI. La política reformista emprendida por Carlos III tuvo como eje central aprovechar al  máximo las riquezas económicas extraídas de sus vastos dominios americanos, en especial, de la Nueva España. Las reformas implementadas por los Borbones se inclinaron por racionalizar los métodos de administración económica y burocrática.

En la Nueva España la visita de José de Gálvez^[1] (1765-1771) vino a poner en marcha la política de modernización administrativa alentada por la Monarquía española. Las disposiciones del visitador se centraron en la reorganización de los sistemas de recaudación fiscal, además del establecimiento de monopolios estatales de tabaco y de la pólvora.

Bajo  la Real Ordenanza de Intendentes de 1786 se crea en el territorio de Michoacán la intendencia de Valladolid, tiempo y espacio en el cual  parte nuestro tema de estudio. Esta nueva institución privilegió los intereses del rey por sobre los de la sociedad,  fomento  la provincia y de su antiguo brazo eclesiástico. Este gobierno provincial es el antecedente más antiguo de la organización política actual del estado de Michoacán.^[2] 

De este modo, con la creación de la Intendencia se dio otro paso adelante en la centralización del poder, pues terminaron por fundirse en una misma autoridad todas las funciones de justicia, policía, hacienda y guerra. Surgiendo de esta manera el intendente como figura de control político y social; quedando bajo su  mando todos los funcionarios de la administración colonial que operaban la región.^[3]

Los intendentes tenían como función el nombrar a los subdelegados. En cada pueblo de indios cabecera de partido en el que hubiese habido teniente de gobernador, corregidor o alcalde mayor, debía asignarse un subdelegado de origen español, para que administrara justicia en los pueblos que  correspondieran a sus partidos y mantuviera a los naturales en buen orden, debiendo sustituir al intendente en caso necesario.^[4] Los subdelegados, a diferencia de los antiguos alcaldes, tuvieron un sueldo fijo, se les prohibió el comercio y quedaron bajo la supervisión y mandato directo del intendente. En este nivel de la organización política, así como las milicias recientemente creadas, fueron incorporados, miembros de las familias locales.^[5]Por ello, para el caso del ayuntamiento de Valladolid tenemos que hasta antes de 1808 un grupo de personas, miembros de la oligarquía local y encabezadas por la familia Huarte, desde años atrás controlaba los principales cargos.^[6]

Cada uno de los intendentes actuaba en gran medida como gobernador de la provincia en que vivía. Aunque su principal responsabilidad eran los recursos financieros y económicos del territorio que gobernaba, también tenía cierta autoridad eclesiástica, política, militar y judicial. Cada intendente tenía relaciones con prácticamente todos los individuos de su intendencia, lo nombraba el rey de España y era responsable ante él.^[7] 

La abdicación de Bayona de 1808 fue el principio del fin del orden colonia en América. Al no haber un rey al frente de España y sus colonias se genera un vacío de poder que los españoles tratan de llenar con la creación de las juntas españolas, de las cuales surge la Suprema Junta Central de España y las Indias, con sede en Sevilla, la cual tuvo que trasladarse a Cádiz por la amenaza francesa, de ahí se convoca a Cortes y es precisamente de las Cortes de Cádiz que emana la Constitución liberal de 1812.

Al regreso de Fernando VII al trono de España en 1814, se echan por la borda todos los deseos que los españoles y las colonias americanas habían formado a lo largo de su ausencia. Sin embargo, la lucha que había iniciado en 1808 no podía detenerse, consecuencia de ello es el restablecimiento de la Constitución española de 1820.

Es importante señalar que el paso de intendencias a estado no se dio de manera inmediata, sino que en la coyuntura de ambas se desarrolló una institución que tuvo su origen en la Constitución de Cádiz, y que en un primer momento fue  instalada en España. Hablamos aquí de las Diputaciones Provinciales que fue el modelo político más interesante, entre las establecidas por la Constitución española de 1812. Su origen se encuentra en las juntas provisionales que surgieron en toda España en 1808 a raíz  de la emboscada napoleónica en que cayeron Carlos IV y Fernando VII.^[8]

La diputación provincial en México desempeño un papel importante, pues llevó la autonomía a las provincias de la Nueva España y contribuyó a la legitimación del movimiento de independencia hacia su triunfo final, a la creación del imperio monárquico mexicano con Iturbide como emperador hasta la caída de este y, finalmente, al establecimiento de un sistema republicano federal^[9] lo que tendría por resultado los estados federales, tema central de nuestra investigación.

En cada provincia habría una junta superior compuesta del capitán general, el intendente, los cuales serían nombrados por el rey, y nueve vocales elegidos en la provincia. Los elegidos deberían tener bienes o arraigo y ser naturales de la provincia o haber tenido en ella diez años de vecindad y estar adornados de las demás cualidades requeridas para ser diputados a Cortes. ^[10]

En el nuevo sistema de gobierno que implantaba la Constitución de 1812 no se incluía un virrey. El jefe político era el único funcionario ejecutivo de toda la provincia o intendencia en que la diputación provincial tenía jurisdicción y era directamente responsable ante el ministro de asuntos de ultramar, que residía en España.^[11] Cada provincia gozaba de una independencia respecto a las demás.

La instalación de la diputación provincial de Michoacán de Valladolid, se retrasó dados los acontecimientos políticos que se suscitaron a raíz de la promulgación del plan de Iguala en febrero de 1821. Por lo que quedó conformada hasta el 1° de febrero en 1822, integrada por los diputados Dr. José Díaz Ortega, gobernador de la Sagrada Mitra; Lic. José María Ortiz Izquierdo , juez letrado; Juan José Martínez de Lejarza, propietario y vecino de la ciudad; el Dr. Juan José Michelena, racionero de la Catedral; el capitán Francisco Camarillo, propietario vecino de Pátzcuaro; y el sargento mayor Pedro Villaseñor. Los suplentes fueron el prebendo de Catedral, Lic. Francisco de Borja Romero y Santa María; y el sargento mayor Mariano Quevedo, propietario vecino de la ciudad. Las reuniones fueron presididas por Ramón Huarte.^[12] Resaltando que Michoacán siempre fue parte de la Diputación Provincial de la Nueva España desde 1812 hasta su instalación de 1822.

A partir de 1821 es posible hablar de México como una nueva nación, autónoma y soberana, que forma parte de la comunidad internacional^[13]. En el aspecto político, el Plan de Iguala había dado forma, principalmente, a los deseos de los monárquicos, quienes, adoptando las tradiciones liberales que estaban poniéndose en boga en la Península Ibérica, aspiraban a una monarquía constitucional moderada incluyese las medidas necesarias para una forma limitada de gobierno representativo. También había diferencias de opinión entre los republicanos, relacionadas con el modelo político que debía adoptar el gobierno nacional. Algunos eran partidarios de un sistema federal, similar al de los Estados Unidos, en el que los estados soberanos y libres pudiesen desenvolverse de acuerdo con sus necesidades y recursos locales y regionales.^[14]

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