Constitucion

INVOCANDO EL NOMBRE DE DIOS

Nosotros, los representantes del pueblo de Guatemala, electos libre y democráticamente,

reunidos en Asamblea Nacional Constituyente, con el fin de organizar jurídica y

políticamente al Estado; afirmando la primacía de la persona humana como sujeto y fin del

orden social; reconociendo a la familia como génesis primario y fundamental de los valores

espirituales y morales de la sociedad y, al Estado, como responsable de la promoción del bien

común, de la consolidación del régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y

paz; inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y

herencia cultural; decididos a impulsar la plena vigencia de los Derechos Humanos dentro de

un orden institucional estable, permanente y popular, donde gobernados y gobernantes

procedan con absoluto apego al Derecho,

SOLEMNEMENTE DECRETAMOS, SANCIONAMOS Y

PROMULGAMOS LA SIUIENTE

Constitución Política de la República de Guatemala

TITULO I

La persona humana, fines y deberes del Estado

CAPITULO UNICO

Artículo 1o. Protección a la persona. El Estado de Guatemala se organiza para proteger

a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.

Artículo 2o. Deberes del Estado. Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la

República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la

persona.

TITULO II

Derechos Humanos

CAPITULO I

Derechos individuales

Artículo 3o. Derecho a la vida. El Estado garantiza y protege la vida humana desde su

concepción, así como la integridad y la seguridad de la persona.

Artículo 4o. Libertad e igualdad. En Guatemala todos los seres humanos son libres e

iguales en dignidad y derechos. El hombre y la mujer, cualquiera que sea su estado civil

tienen iguales oportunidades y responsabilidades. Ninguna persona puede ser sometida a

servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad. Los seres humanos deben

guardar conducta fraternal entre sí.

Artículo 5o. Libertad de acción. Toda persona tiene derecho a hacer lo que la ley no

prohibe; no está obligada a acatar órdenes que no estén basadas en ley y emitidas conforme a

ella. Tampoco podrá ser perseguida ni molestada por sus opiniones o por actos que no

impliquen infracción a la misma.

Artículo 6o. Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa

de delito o falta y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial

competente. Se exceptúan los casos de flagrante delito o falta. Los detenidos deberán ser

puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un plazo que no exceda de seis

horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad.

El funcionario o agente de la autoridad que infrinja lo dispuesto en este artículo será

sancionado conforme a la ley, y los tribunales, de oficio, iniciarán el proceso correspondiente.

Artículo 7o. Notificación de la causa de detención. Toda persona detenida deberá ser

notificada inmediatamente, en forma verbal y por escrito, de la causa que motivó su

 















detención, autoridad que la ordenó y lugar en el que permanecerá. La misma notificación

deberá hacerse por el medio más rápido a la persona que el detenido designe y la autoridad

será responsable de la efectividad de la notificación.

Artículo 8o. Derechos del detenido. Todo detenido deberá ser informado inmediatamente

de sus derechos en forma que le sean comprensibles, especialmente que puede proveerse de

un defensor, el cual podrá estar presente en todas las diligencias policiales y judiciales. El

detenido no podrá ser obligado a declarar sino ante autoridad judicial competente.

Artículo 9o. Interrogatorio a detenidos o presos. Las autoridades judiciales son las

únicas competentes para interrogar a los detenidos o presos. Esta diligencia deberá

practicarse dentro de un plazo que no exceda de veinticuatro horas.

El interrogatorio extrajudicial carece de valor probatorio.

Artículo 10. Centro de detención legal. Las personas aprehendidas por la autoridad no

podrán ser conducidas a lugares de detención, arresto o prisión diferentes a los que están

legal y públicamente destinados al efecto. Los centros de detención, arresto o prisión

provisional, serán distintos a aquéllos en que han de cumplirse las condenas.

La

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