La Cooperacion Procesal Internacional

COOPERACIÓN PROCESAL INTERNACIONAL

Es importante comenzar definiendo lo que es la denomina cooperación internacional que es la ayuda voluntaria de un donante de un país (estado, gobierno local, ONG) a una población (beneficiaria) de otro. Esta población puede recibir la colaboración directamente o bien a través de su estado, gobierno local o una ONG de la zona.

Los ámbitos cubiertos por la cooperación internacional son muy variados. Entre otros, se pueden citar los siguientes:

• Mejorar la salud;

• Mejorar la educación;

• Mejorar las condiciones ambientales;

• Reducir las desigualdades en el ámbito social y económico; etc.

aduaneros por la Administración de Aduana de ambos países.

De acuerdo con José Luis Siqueiros: “La cooperación procesal internacional es una parte del derecho procesal internacional, que a su vez es una rama importante y complementaria del derecho internacional privado”

Un obstáculo para esta cooperación radica en la diversidad de sistemas jurídicos procesales. Los autores anglosajones no conciben separadamente la jurisdicción de los tribunales y la jurisdicción legislativa. El juez crea la ley por virtud de sus decisiones. En cambio, los autores continentales han establecido una nítida distinción entre los dos conceptos, si bien algunos tratadistas insisten en la interrelación de la competencia judicial y la legislativos afirmando que existe una recíproca e inexorable influencia de una sobre otra.

A la fecha podemos distinguir dos sistemas importantes en materia de colaboración internacional:

Sistema continental europeo. Presenta influencia del derecho romano y ha sido adoptado por los países latinoamericanos; en él existe una mayorparticipación del tribunal en el proceso, un marcado ámbito de competencia territorial y una mayor colaboración con otros funcionarios jurisdiccionales. En este sistema se considera que, debido a la soberanía de los Estados, las autoridades, por el principio de inmunidad de jurisdicción, carecen del poder de coacción más allá de su territorio, por lo que es necesario el auxilio internacional para actos procesales.

Sistema anglosajón o del common law. En él, los particulares, por lo general representados por sus abogados, llevan una serie de diligencias de las que en el sistema continental europeo son responsables los funcionarios judiciales; además, los órganos jurisdiccionales pueden nombrar válidamente comisionados (commisioners) para actuar en representación del tribunal fuera de su jurisdicción, lo cual desalienta la cooperación procesal.

México pertenece al primer sistema, y es importante destacar que nuestra legislación interna, hasta antes de 1988 era muy escasa, con el paso del tiempo suscribió varias convenciones internacionales, la mayoría de ellas emanadas CIDIP.

Sin embargo, frente a todos estos planteamientos doctrinales destaca una realidad evidente: la independencia de los Estados. Aunque sea ya un lugar común podemos repetirlo, el mundo se ha hecho más pequeño. El incesante desplazamiento de bienes y personas, la apertura gradual del comercio exterior, el aumento de la litigiosidad en los tribunales y otros factores que introducen elementos extranjeros en el juicio, determinan la necesidad de la cooperación procesal a nivel internacional.

El juzgado ha tomado conciencia de que su potestad para impartir justicia requiere del auxilio de sus homólogos cuando en el juicio que ante él se ventila debe emplazarse o notificarse a una parte no domiciliada en su jurisdicción territorial; que una prueba ofrecida en el proceso deberá desahogarse fuera de los límites territoriales de su competencia o simplemente que la sentencia que ha dictado no tendrá eficacia aparte de los confines de su esfera judicial porque la parte condenada (o sus bienes) se encuentran fuera de ella.

Es importante recordar que la aplicación de esta cooperación y de los tratados internacionales, derivan del artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece que: “Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de la Unión. Los jueces de cada estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados apesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las constituciones o leyes de los estados”. Asimismo, el art. 124 constitucional señala: “Art. 124. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados”.

De lo anterior se concluye que para la celebración de tratados no existe la división de facultades a que se refiere el art. 124 constitucional, ya que el Presidente de la República, con aprobación del Senado, puede celebrarlos en cualquier materia, ya sea expresamente concedida a la Federación o reservada a las entidades de la República, y los jueces locales están obligados a arreglarse a ellos, a pesar de las disposiciones contrarias que puedan existir en las constituciones o leyes estatales.

Al igual es importante tomar en cuenta que es posible incorporación a codificaciones federales o locales, según la materia regulada: si el tratado regula una materia concedida expresamente a la Federación de conformidad con el art. 73 constitucional, la incorporación puede llevarse a cabo en un código federal y por el Congreso de la Unión y, al contrario, si regula áreas locales puede realizarse en los códigos de los estados y por las legislaturas locales correspondientes. Aunque las disposiciones del tratado no se hubieren incorporado a la legislación nacional para facilitar su conocimiento y aplicación, las disposiciones son obligatorias y autoaplicativas, ya que el art. 133 constitucional no exige tal incorporación para que los tratados sean considerados Ley Suprema de la Unión.

Los tratados publicados en materias civil y mercantil se aplican:

1) Materia mercantil: a los conflictos comerciales (a pesar de que se ventilen en tribunales federales o locales debido a la competencia concurrente a que se refiere el art. 104 constitucional).

2) Materia civil: a las controversias civiles de carácter federal y a los procesos locales de índole civil.

La inmunidad de jurisdicción las autoridades extranjeras carecen en el territorio del estado de que se trate de poder de coacción y es un facultad de los Estados:

Debido al límite jurisdiccional de orden territorial que tienen jueces y tribunales además del reconocimiento de sus sentencias fuera de su ámbito de competencia, existe la ayuda judicial, que se centra principalmente en las notificaciones y emplazamientos y recepción de pruebas en el extranjero.

Puede solicitarse la cooperación de quien resulte competente en otro territorio, para trámites procedimentales a través de por exhortos, despachos o cartas rogatorias.

A nivel local o internacional cuando el órgano jurisdiccional de un estado está impedido de actuar en el territorio de otro estado pero, requiere de la práctica de actos procesales en el territorio de este último estado, requiere de: cooperación internacional

La cooperación se puede solicitar para realizar notificaciones, emplazamientos, pruebas y en ocasiones reconocimiento de resoluciones y hasta ejecución de las mismas. Que de forma particular se expresaran en la continuación de este ensayo.

GENERALIDADES DE OBTENCION PRUEBAS, INFORMACION, NOTIFICACIONES, PROCEDIMIENTO

En materia de litigio internacional, las dependencias de la Federación y de las Entidades Federativas estarán sujetas a las reglas especiales.

Las notificaciones, recepción de pruebas u otros procedimientos, para que surtan efecto en el extranjero no implica de manera definitiva el reconocimiento de la competencia asumida por el tribunal extranjero, ni el compromiso de ejecutar la sentencia que se dictare en el procedimiento correspondiente.

Para que tengan validez los documentos públicos extranjeros, deberán presentarse legalizados por las autoridades consulares mexicanas competentes, en el caso de los que fueren transmitidos internacionalmente por conducto oficial no requerirán de legalización.

Las notificaciones y la recepción de pruebas en territorio nacional, para que surtían efecto en el extranjero, se realizaran por medio de una solicitud de parte.

Los

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