La libertad de desplazarse y establecerse es el signo exterior de los regímenes liberales

Artículo 11:

Esta norma constitucional reconoce a toda persona el derecho a la libertad de tránsito, también conocida como libertad de movimiento, la cual se traduce en la facultad que tiene todo individuo para entrar y salir del país, para desplazarse libremente por su territorio, así como para fijar o mudar su lugar de residencia dentro del mismo sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. No obstante, subordina el ejercicio de este derecho a las facultades que las autoridades judiciales o administrativas puedan desplegar en los casos y circunstancias que la propia constitución determina.

La libertad de desplazarse y establecerse es el signo exterior de los regímenes liberales. En principio, ningún permiso, salvoconducto o pasaporte pueden exigirse sin que resulte inmediatamente comprometida la libertad e independencia individual.

Sin embargo, en la actualidad y en tiempos normales, no solo el pasaporte es un documento indispensable para poder traspasar las fronteras de cualquier Estado, sino que, además, la gran mayoría de los países requiere la obtención previa de una visa, en la cual de precisa, sobre todo, el tiempo durante el cual se autoriza la estancia en el territorio respectivo.

Ahora bien, atento a lo dispuesto por la norma de nuestra Constitución, cabe distinguir entre dos distintas manifestaciones de la libertad de tránsito: la primera consiste en la libertad de tránsito interno, cuyo ejercicio no puede ser limitado por el Estado ni mediante la exigencia de documentos del tipo de que se menciona en este artículo ni de otros documentos similares, a cuya obtención y posesión quedase supeditado el traslado o desplazamiento temporal o la fijación o variación del lugar de residencia permanente de las personas dentro del territorio nacional; la segunda manifestación que contempla la libertad de tránsito de las personas procedan del extranjero o que se dirijan al exterior de nuestro país, cual caso el requerimiento de documentos solo será válido en medida que estos sirvan a las autoridades para identificar a quienes cruzan las fronteras del país, así como registrar y controlar los movimientos migratorios, lo que de hecho obliga a toda persona la obtención y posesión de un pasaporte y de visas necesarias para su desplazamiento a un territorio extranjero.

Independientemente de lo anterior, y como señala el texto mismo de este precepto, el ejercicio de libre tránsito admite dos grandes categorías de limitaciones, según estas sean impuestas judicial o administrativamente:

En la primera se contemplan las facultades de la autoridad judicial para restringir el libre desplazamiento de las personas, en los casos de responsabilidad penal o civil, a través de medidas como la prisión impuesta como pena por sentencia judicial, la detención preventiva, el arraigo, el confinamiento etcétera,

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