ANÁLISIS MODELO DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARIOS. CASO: HOSPITAL MUNICIPAL ALICIA DE LEGENDRE, VILLA RIVA, PROVINCIA DUARTE, 2019

ANTECEDENTES

En el análisis de la sociedad del consumo que planteamos, es oportuno situarnos en la segunda mitad del siglo XVIII, cuando podríamos decir que se produjo el proceso más importante de transformación económica, social y tecnológica, a saber, la Revolución Industrial. Este proceso fue el punto de partida para un incremento sobresaliente y sostenido de la capacidad de producción derivada de la aplicación de la ciencia y la tecnología, así como para una notable expansión poblacional, al reducir fundamentalmente la mortalidad infantil y mejorar las condiciones de vida de las personas. La revolución industrial también aceleró el auge de la migración del campo a la ciudad, así como de la migración internacional; produjo una modificación sustancial en los estilos de vida cotidiana; fue el motor para el desarrollo de la economía de mercado y el impulso al desarrollo del sistema capitalista. Pero, además, este proceso significó la alta explotación de recursos naturales con el consecuente deterioro ambiental (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 2, 2017).

Aunque han pasado casi tres siglos, estas tendencias se mantienen de manera creciente. Sin embargo, la disponibilidad de los recursos no renovables es cada vez menor y los efectos de su sobreexplotación son cada vez más evidentes, poniendo en riesgo la seguridad de todo ser vivo Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 2, 2017).

Para revertir los efectos negativos del accionar humano y hacer de nuestro futuro uno sostenible, desde hace décadas la comunidad internacional ha emprendido acciones para alertar a los países del mundo sobre la necesidad de crear un proceso de desarrollo que no represente una amenaza a las generaciones futuras (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 3, 2017).

La Cumbre de la Tierra de Estocolmo de 1972 (Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano) marcó un antes y un después en el desarrollo de la política internacional del medio ambiente, al ser la primera conferencia internacional de la ONU en tratar cuestiones ambientales internacionales. (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 3, 2017).

Además, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo (CNUMAD) celebrada en Río de Janeiro en 1992, a través de la firma del acuerdo Proyecto XXI de la ONU o Programa 21, establece un plan global de acción para hacer posible la transición hacia el desarrollo sostenible, y cuyo capítulo 21 se centra específicamente en la gestión de desechos o residuos sólidos, señalando que (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 3, 2017):

«La gestión ecológicamente racional de los desechos debe ir más allá de la simple eliminación o el aprovechamiento por métodos seguros de los desechos producidos y procurar resolver la causa fundamental del problema, intentando cambiar las pautas no sostenibles de producción y consumo. Ello entraña la aplicación del concepto de gestión integrada del ciclo vital que representa una oportunidad única de conciliar el desarrollo con la protección del medio ambiente» (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 3, 2017).

Los residuos sólidos urbanos o residuos sólidos municipales son considerados también sinónimos de basura, y son «aquellos residuos sólidos o semisólidos provenientes de las actividades urbanas en general, que pueden tener origen residencial o doméstico, comercial, institucional, de la pequeña industria o del barrido y limpieza de calles, mercados, áreas públicas y otros», y cuya gestión es responsabilidad de la municipalidad o de otra autoridad del gobierno; mientras que contaminación por residuos sólidos es la «degradación de la calidad natural del ambiente como resultado directo o indirecto de la presencia, gestión o disposición inadecuadas de los residuos sólidos (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 3, 2017).

Vivir en un ambiente limpio es un derecho humano fundamental. En el contexto nacional, la Constitución de la República Dominicana establece en sus artículos 66 y 67, la protección del medioambiente como un derecho colectivo, e indica que el Estado tiene el deber de «prevenir la contaminación, proteger y mantener el medioambiente en provecho de las presentes y futuras generaciones», a la vez que consagra el derecho de toda persona a «habitar en un ambiente sano». Por otro lado, aunque la Ley sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales existe desde el año 2000 (Ley 64-00) no es hasta junio de 2003, con la Norma para la Gestión Ambiental de los Residuos Sólidos No Peligrosos, que se establecen los lineamientos para su gestión, especificando también los requisitos sanitarios que se han de cumplir en el almacenamiento, recolección, transporte y disposición final (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 3, 2017).

Además, la alta relevancia de la gestión de residuos sólidos para el país, queda expresada por tanto, en la Estrategia Nacional de Desarrollo (Ley 1-12), en su cuarto eje que «procura una sociedad de producción y consumo sostenible que adapta al cambio climático», y que comprende un objetivo específico sobre «desarrollar una gestión integral de desechos, sustancias contaminantes y fuentes de contaminación», así como líneas de acción relacionadas concretamente al manejo de residuos (Observatorio de Políticas Sociales y Desarrollo, Pág. 3, 2017).

A esto se adiciona igualmente, el compromiso internacional que ha asumido el país con la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible, la cual plantea en su objetivo 11 «lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles», quedando expresado que la recogida

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