Contenciosos Administrativo

Características de la Jurisdicción Contencioso Administrativo:

1. Es de rango Constitucional

Tal y como ha sido observado, desde su nacimiento la jurisdicción contencioso administrativa venezolana ha estado consagrada expresamente en la Constitución (salvo el texto de 1953). Sin embargo, las formulaciones más acabadas se encuentran en la derogada Constitución de 1961 y en la actual Constitución de 1999. Explica Brewer-Carías[6] que se siguen tres consecuencias básicas de la constitucionalización de la jurisdicción contencioso administrativa: (i) la universalidad del control que la Constitución prevé para todos los actos subordinados a ella (que a su vez es otra característica del sistema); de lo cual “cualquier exclusión del control respecto de actos administrativos específicos, sería inconstitucional, sea que dicha exclusión se haga por vía de ley o por las propias decisiones de los Tribunales..." [7]; (ii) la consagración de un verdadero derecho fundamental del ciudadano a la tutela judicial efectiva frente a la Administración, y no un mecanismo de protección de la Administración frente a los particulares [8]. Y (iii) el otorgamiento al juez de amplísimos poderes de tutela; esto es, el juez está ante un proceso de defensa de intereses subjetivos y no de resguardo de la legalidad objetiva lesionada por el acto impugnado.

2. Es judicial y especial

Sostiene Calcaño De Temeltas [9], lo que a su vez es uno de los axiomas de esta materia, “no hay contencioso administrativo si no hay quien resuelva con poderes suficientes, con neutralidad, esa controversia; (...) lo que caracteriza al contencioso administrativo es la existencia de un Tribunal que dilucide las controversias que han surgido entre la Administración y el administrado”. En jurisprudencia reciente, la Sala Político-Administrativa ha comentado a este respecto que “desde el punto de vista organizativo, la jurisdicción contencioso administrativa en Venezuela, está estructurada tanto por grados como por materias que tiene atribuida, pudiendo también clasificarse los tribunales (...) en Tribunales Contencioso Administrativo Generales, Especiales y Eventuales...” (caso: Eduardo de Jesús Rondón Graterol de fecha 27/4/2000).

3. Es universal

De conformidad con el artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa será objeto de control de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, la actividad administrativa desplegada por los siguientes entes u órganos:

1. Los órganos que componen la Administración Pública;

2. Los órganos que ejercen el Poder Público, en sus diferentes manifestaciones, en cualquier ámbito territorial o institucional;

3. Los institutos autónomos, corporaciones, fundaciones, sociedades, empresas, asociaciones y otras formas orgánicas o asociativas de derecho público o privado donde el Estado tenga participación decisiva;

4. Los consejos comunales y otras entidades o manifestaciones populares de planificación, control, ejecución de políticas y servicios públicos, cuando actúen en función administrativa;

5. Las entidades prestadoras de servicios públicos en su actividad prestacional; y

6. Cualquier sujeto distinto a los mencionados anteriormente, que dicte actos de autoridad o actúe en función administrativa.

Lo anterior incluye actos de efectos generales y particulares, actuaciones bilaterales, vías de hecho, silencio administrativo, prestación de servicios públicos, omisión de cumplimiento de obligaciones y, en general, cualquier situación que pueda afectar los intereses públicos o privados.

Así pues, la jurisdicción contencioso administrativa conoce de todos los actos, omisiones y actuaciones (vías de hecho) de la Administración Pública.

4. Es subjetivo

Tal y como en su oportunidad lo dispuso el artículo 206 de la derogada Constitución de 1961, y hoy lo hace el artículo 259 de la Constitución de 1999, los poderes del juez contencioso

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