Derecho Y Ciencia

CAPITULO I

ANTECEDENTES

La historia de las reformas electorales cubre un periodo de veinte años: se inicia con la reforma política de 1977, instrumentada en el sexenio de López Portillo, y concluye, a pesar de que persisten varios problemas importantes, con la reforma electoral de 1996, que funda un Instituto Federal Electoral con autonomía y establece las bases de una competencia con equidad y transparencia entre los partidos políticos.

Después de múltiples conflictos electorales durante los primeros años de la década de ochenta, se llegó a 1988, y los que eran procesos regionales nutrieron una ola que en la elección presidencial fracturo un sistema electoral que no estaba diseñado para el pluralismo y la alternancia.

Tras el supuesto fraude de 1988 vino una nueva reforma electoral; la reforma de 1989-1990, que cambió las formas, pero no los fondos. Se creó el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), y se fundó el Instituto Federal Electoral. También se fijó una cláusula de compensación para formar mayoría y se establecieron candados para hacer alianzas y coaliciones. La nueva institución electoral tuvo después dos modificaciones importantes: la de 1994, que introdujo a los consejeros ciudadanos, y la de 1996, que finalmente le dio autonomía. El Instituto Federal Electoral de 1991 fue una gran estructura, pero no tuvo independencia del gobierno. Años después, durante el sexenio del presidente Zedillo, se hizo una reforma electoral que permitió por primera vez cambios importantes, como la autonomía de los organismos electorales.

Literalmente fueron 20 años en los que se logró cambiar el régimen electoral. En 1996 se realizaron avances en el Cofipe para escribir una equidad en las condiciones de la competencia entre los partidos, lo cual se logró mediante un incremento en el financiamiento público, donde se subieron los pisos y se bajaron los techos, al mismo tiempo se hizo una ruta de acceso de los partidos políticos a los medios de comunicación. La transformación del Instituto Federal Electoral fue muy relevante porque se le otorgo autonomía y al mismo tiempo, se transformó el Tribunal Electoral en una instancia de pleno derecho y se le incorporo al Poder Judicial. Estas reformas permitieron que en 1997 las elecciones federales tuvieran una gran legitimidad de origen y estuvieran apegadas a la legalidad, por primera vez en el México moderno.

1.1 REFORMA ELECTORAL

Reformar, desde el punto de vista gramatical, significa innovar, cambiar o darle nueva forma a algo.

En la misma acepción puede entenderse también como modificación, variación, corrección o enmienda.

Cuando ese concepto se aplica en el campo del derecho, entonces se habla de movimientos o procedimientos tendientes a variar el texto de una ley o parte de ella, para adaptarla en mayor medida a la realidad social del momento; de tal suerte que cuando se dice reformas legales, indiscutiblemente que se hace referencia a variar el texto o el sentido de la ley.

Bajo ese parámetro, en un sistema jurídico las reformas a las leyes constituyen un acto reiterado que llevan a la práctica los órganos del Estado facultados para tal fin.

Es evidente la creciente lucha de la población por alcanzar la consolidación y el fortalecimiento de un Estado democrático, donde los ideales de los individuos se vean respaldados por normas que garanticen plenamente sus aspiraciones. Otro argumento es el hecho de que los integrantes del grupo social deben estar siempre atentos y dispuestos a participar en el avance democrático, pues tal desenvolvimiento ha de realizarse en forma armónica, es decir, es menester que haya coherencia entre las nuevas normas y las necesidades que continuamente están surgiendo.

Los cambios en la vida política de nuestro país constituyen otro factor por el que se han producido y se siguen dando reformas electorales sucesivas, conformando así una espiral constructiva ascendente que propicia la creación del marco legal e institucional, donde la diversidad de fuerzas ha podido expresarse y competir.

Ese desarrollo democratizante constituyó el camino por el cual habrían de transitar las principales fuerzas políticas, convirtiéndose para ellas en un objetivo de posible e inmediata realización, y después en una realidad para los integrantes de la sociedad civil.

La transformación del autoritarismo en democracia, es una nota más por la que puede pensarse en una reforma electoral, pues a través del proceso transformador es posible llegar a establecer los mecanismos para una competencia leal y equitativa, que más tarde incida en una participación política de coexistencia y pluralidad.

La discriminación, la desigualdad ante la justicia, la pobreza, el malestar hacia los órganos del poder público y la política, el marcado desinterés por participar de alguna manera en el avance de la democracia, son, entre muchos, fenómenos sociales que impulsan las reformas electorales; no admitir su existencia en nuestro entorno implicaría negar una realidad que es evidente.

1.2 OBJETIVOS DE LA REFORMA ELECTORAL

Una reforma electoral se emprende para que el marco legal de la actividad política de la sociedad tenga mayor claridad y, por consecuencia, el menor contenido posible de lagunas, lo que hará a esa normatividad lo menos discrecional posible.

El buen funcionamiento de un régimen democrático, radica fundamentalmente en el planteamiento de la política como sustento de la actividad estatal, y por lo mismo requiere de ciudadanos capaces de asumir y aceptar que tienen un papel activo en la sociedad. Esto significa que en la democracia la política tiene que ser una actividad eminentemente ciudadana, no la responsabilidad propia y excluyente de una minoría que se ostenta como representante del pueblo, pues el ciudadano debe concebirse y reconocerse como sujeto activo de la política y no como ente pasivo de los actos de autoridad.

Para que se produzca una reforma electoral a fondo, es menester la coincidencia de dos elementos fundamentales: la cultura ciudadana y la educación cívica, pues la falta de ambos evidencian la escasa o nula percepción de los ciudadanos sobre los valores, las instituciones y la legalidad democrática.

Por otro lado, el atropello a los derechos y libertades de los ciudadanos constituye un aspecto más que influye en la reforma electoral, pues por medio de esta se pueden crear normas e instituciones garantes de esas prerrogativas, que son inherentes a la naturaleza del ente social.

Factor no menos importante sobre el que descansa nuestra cultura política, cuyo influjo es innegable para una reforma electoral, es la renovación de las normas éticas que indiscutiblemente están presentes en la dimensión jurídica y en la misma dimensión política.

Para la innovación de las normas electorales, tampoco puede olvidarse la conciencia de la importancia de la ley y de los derechos que ella consagra, pues un código en el que no están presentes esos valores, sería un ordenamiento incompleto, inacabado, distante del verdadero espíritu democrático, en cualquier ángulo que se le observe.

Así, la reforma electoral debe ir encauzada a garantizar la gobernabilidad, entendiendo por este concepto el conjunto de condiciones favorables para las acciones de gobierno que se presentan en el entorno de este o que son inherentes al mismo. En una acepción más simple, puede decirse que es la capacidad de gobierno en un ámbito democrático.

CAPITULO II

RÉGIMEN DE GOBIERNO

A pesar del proceso de transición a la democracia, el régimen de gobierno a permanecido intocado en sus grandes líneas. Como hemos analizado, el país se democratizo por la ruta de las reformas electorales, pero el marco constitucional del diseño del Estado sigue anclado en buena medida a una lógica política que ya no existe. En efecto, muchas de las instituciones que todavía hoy prevalecen fueron diseñadas para funcionar bajo las premisas políticas sobre las cuales se edificó el Estado revolucionario, dominado por un partido hegemónico, y no para un escenario de intensa pluralidad política y de alta competitividad electoral.

El actual diseño institucional vive, en ese sentido, una situación de agotamiento que, en momentos de crisis política, como la que se presentó en las elecciones presidenciales de 2006, se presenta de manera evidente.

El esquema constitucional fue diseñado para responder de manera funcional al régimen autoritario que se consolido a lo largo del siglo pasado, y hoy, luego del proceso de transformación democrática que atravesó a la sociedad en los últimos treinta años, resulta disfuncional para la recreación de la convivencia democrática.

Tomándolo de otra manera, es un diseño profundamente autocrático, en donde las decisiones son impuestas desde lo más alto, para regir a una sociedad democrática y atravesada por un intenso pluralismo político.

Es cierto que el proceso de transición a la democracia en México, que paso prominentemente por la vía electoral, también estuvo acompañado de una serie de reformas que han provocado una serie de importantes reequilibrios y transformaciones en la vida política del país.

En ese sentido, las transformaciones que ha sufrido el país, y que han sido profundas y trascendentales, se han dado más por la vía del cambio político, que por la vía del cambio institucional de la nueva realidad política que se ha instalado en el país.

La relación entre el poder ejecutivo y el poder legislativo es emblemática,

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