Derecho al agua jurídico

Ensayo sobre: El Derecho al Agua.

Profesor: Uriel Yair Huitron González

Alumno: Jafet Rodrigo Martínez Ortíz

N. de cuenta: 416029594

“Mi libertad es el derecho de hacer lo que las leyes me permiten”.

Montesquieu

Mucho se ha hablado en los últimos años de la importancia que tienen los Derechos Humanos en cada uno de las personas que habitamos este planeta; éstos últimos definiéndose como el conjunto de garantías inherentes o derechos fundamentales, que pertenecen a cada persona, por el solo hecho de serlo, en virtud de su dignidad y como integrante de la especie humana. Pero, ¿qué tanta legalidad se les da al momento del cumplimiento y ejercicio de cada uno de ellos?

Si bien, los Derechos Humanos se caracterizan por construir garantías constitucionales indivisibles, interdependientes y mínimas que establecen los límites a la autoridad a intervenir en la vida de los pueblos y de las personas bajo el fundamento del Derecho Natural, pues bajo esta premisa se hace hincapié a que la persona está dotada de razón, de libre albedrio y en este sentido posee un telos, que la trasciende; sin embargo, son a los gobiernos quienes les confiere garantizar su cumplimiento.

Pero, a raíz de este fundamento surgen las interrogativas que no auxilian a conseguir el fin último, pues en primera estancia, ¿Cuántos ciudadanos están siendo atormentados por el Estado transgresor de Derechos Humanos, siendo éste el encargado a lograr la consecución de aquellos?; y en segunda; si los Derechos Humanos son universales; ¿por qué se están creando clasificaciones de los mismos según la condición de vida de cada persona o de cada grupo social?, un ejemplo de ello, es el Derecho Humano al Agua Potable y al Saneamiento.

El agua, recurso no renovable vital para la supervivencia humana que ayuda a satisfacer las necesidades más elementales y que es clave para la seguridad humana y para la consecución de los Derechos Humanos, y que por ende, resulta un factor determinante para el desarrollo de cualquier parte y, debe de ubicarse como tema principal en la gestión pública; pues es un hecho que mientras en muchos lugares el agua limpia y fresca se da por hecho, en otros es un recurso insuficiente, debido a la escasez o a la contaminación de las fuentes, trayendo consigo un cumulo de problemas creando una encrucijada en medio de nuestro tiempo: crisis ecológica, pobreza, migraciones, cambio climático, por mencionar algunas.

Ante esta problemática, organizaciones mundiales pusieron en marcha decretos, los cuales, se asumen por reflejados los compromisos que tienen cada uno de los gobiernos del mundo en cuestión del abastecimiento de agua potable y saneamiento de las personas, éstos vistos primordialmente como Derechos Humanos.

El agua es un recurso natural limitado y un bien público fundamental para la vida y la salud. El derecho humano al agua es indispensable para vivir dignamente y es condición previa para la realización de otros derechos humanos.^[1]

Es por esto, que han surgido tratados en los cuales se ve la necesidad de contrarrestar el problema; uno de ellos es dictado el 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292 la Asamblea General de las Naciones Unidas hace la exhortación y compromiso de los Estados a proporcionar recursos financieros propiciando así la capacitación y la transferencia de tecnología para ayudar a los países, (en particular los que se encuentran en vías de desarrollo); pues (como ya se mencionó) se ha reconocido explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento.

Los Estados deben adoptar las medidas necesarias, entre las que podrían figurar: la utilización de un conjunto de técnicas y tecnologías económicas apropiadas, […]  adoptar estrategias y programas amplios e integrados para velar por las generaciones presentes y futuras, para que así dispongan de agua suficiente y salubre.^[2]

Pero asociado a esto, surgen problemas sociales relacionados con la escasez y la contaminación de dicho recurso, pues cada vez se ha convertido más en una de las contrariedades más apremiantes de estos tiempos; uno de ellos es la sobrepoblación de las zonas urbanas.

En México, la distribución geográfica del agua no coincide con la distribución geográfica de la población, la mala calidad de ésta limita su aprovechamiento en términos de demanda biológica, aunado con la situación que se vive en las ciudades, pues se asegura que alrededor de un 40% del agua es desperdiciada mediante fugas en las redes de abastecimiento y distribución de las tomas domiciliarias.

Cuando constitucionalmente, son los municipios quienes tienen las facultades y herramientas de ofrecer el servicio público de agua y de tratar las aguas residuales:

Art. 115 Constitucional. Fracción III. Los municipios tendrán que asegurar a su cargo las funciones y servicios públicos. […] agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de aguas residuales.^[3]

Con este justificativo queda claro que este derecho no se ha de repartir por partes iguales ante la ciudadanía, pues la Federación ha descuidado responsabilidades de regulación sobre los organismos operadores municipales; o en el mejor de los casos, la regulación ha quedado a cargo de los gobiernos estatales haciéndose entre éstas un círculo vicioso pues existe por una parte, la distribución del agua como derecho humano y por otra, la lucha de intereses en común por el uso y repartición de la misma; además cabe señalar que no existe un sistema de monitoreo en tiempo real, ni de información pública creíble sobre el desempeño de los organismos operadores municipales, asociados también, la calidad de cuerpos de agua, descargas de aguas residuales, concesiones y disponibilidades: Siglo XXI, el agua lejos de ser un derecho universal se está convirtiendo en sujeto de comercialización.

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