Marco Teorico - Inseguridad

MARCO TEÓRICO

El interés de la disciplina económica por el crimen tiene sus raíces en el modelo propuesto por Becker (1968), que rescata explícitamente la influencia de los teóricos clásicos de la teoría de la elección racional. Las bases teóricas de esta perspectiva se resumen brevemente en los siguientes puntos (1) el ser humano es un actor racional, (2) la racionalidad involucra un cálculo de medios y fines, (3) las personas libremente escogen su comportamiento en base de cálculos racionales, (4) el elemento central de este cálculo incluye un análisis costo/beneficio, (5) la elección está dirigida hacia la maximización del goce individual, (6) la elección puede ser controlada por medio de la percepción general del castigo potencial a un acto indebido, (7) el Estado es el responsable de mantener el orden y preservar el sistema de leyes y (8) la severidad, rapidez y certeza del castigo son los elementos centrales para entender la habilidad de la ley en controlar el comportamiento humano. Becker utilizó esta teoría y dio explicación a la violencia criminal considerada una actividad económica de importancia. Violencia criminal y seguridad pública en América Latina: la situación en Argentina

En forma resumida, esta perspectiva, considera el delito como una actividad más dentro de la economía y al criminal como un individuo racional, es decir, supone que el mismo comete un delito sólo si la utilidad esperada de una actividad ilegal excede la utilidad que obtendría si empleara ese tiempo y recursos en una actividad legal. El objetivo central de este modelo es analizar las relaciones de comportamiento que existen detrás de los costos del crimen y su relación con las políticas públicas de lucha contra la delincuencia. Las aplicaciones empíricas del modelo intentan modelar las relaciones siguientes:

• Número de ofensas / costos de las ofensas

• Número de ofensas /castigos que tienen los diversos tipos de ofensa

• Número de ofensas, arrestos y condenas / gasto público en policía y justicia

• Número de condenados / costo de encarcelamiento y otros castigos

• Número de ofensas/ gasto privado en seguridad

La literatura académica de los últimos años retoma esta necesidad y brinda mayor complejidad al modelo mediante la inclusión de variables disuasivas tales como el gasto en policía, educación y justicia y también de variables sociales como ingreso, desempleo, nivel educativo, entre otras.

La inseguridad ciudadana implica un alto costo social y económico para los países, para sus gobiernos, para sus empresas y para sus ciudadanos1. Diversos estudios han intentado estimar este costo y los resultados son impresionantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, durante 1995, el total de crímenes arrojó costos totales para la sociedad de 426 000 millones de dólares, 2 casi un 6% del PIB para ese año. Otro caso interesante es Colombia, durante el período 1990-1994, tan sólo la actividad de la guerrilla le costó al país 13 500 millones de dólares, es decir, un 4% del PIB, 3 y los gastos de seguridad y los costos de las pérdidas directas por la delincuencia en general ascienden al 13% del PIB.4

La inseguridad, también, afecta directamente el buen funcionamiento de los negocios. Entre los efectos de la inseguridad tenemos: aumento en los costos, disminución de los ingresos, disminución de la productividad, y se convierte en obstáculo en la formación de “clusters” verdaderamente competitivos, y en la toma de decisiones efectivas en las áreas estratégicas y de inversión de las empresas.

La mayoría de los expertos en criminología coinciden en que la delincuencia es parte de la naturaleza humana. Estos impulsos naturales hacia la violencia y otros delitos deberían ser autocontrolados por el individuo mediante los valores o principios morales, sociales o religiosos inculcados, por la lógica y el raciocinio o, simplemente, por el temor al castigo y a las consecuencias de ese tipo de actos; sin embargo, en muchas ocasiones y por diversas razones, no sucede así.

La delincuencia y la inseguridad, en general, son problemas muy complejos tanto en sus causas , su combate y en sus consecuencias. No es posible tener cubiertas todas sus facetas en el plano preventivo. Las variables, en ocasiones, son difíciles de identificar o priorizar, hay problemas en la medición y en el monitoreo, los resultados, por lo general, son a largo plazo, existe un alto componente psicológico, y los recursos son muy limitados.

Desde el punto de vista represivo, la situación es peor: la guerra está perdida. El delincuente aventaja a las fuerzas de seguridad en muchos aspectos. Los delincuentes gozan de un relativo anonimato, sus acciones son prácticamente impredecibles, el marco legal suele dar exceso de garantías (lo que dificulta el procesamiento judicial efectivo), existe corrupción dentro de los organismos de seguridad y de justicia, hay una baja tendencia de la población a denunciar los hechos y, en muchas ocasiones, los delincuentes están mejor equipados, capacitados e informados que las autoridades.

Algunos autores plantean que existe un grado “óptimo” de delincuencia. En este grado óptimo, el costo social resultante de la actividad delictiva se iguala con el costo social de prevenirla y combatirla. Según este planteamiento, es inconveniente desde el punto de vista social y económico invertir la cantidad de recursos, necesarias para mantener niveles de inseguridad cercanos a cero, aun cuando esto sea posible.

Entonces, dejando por sentada la inevitabilidad de la presencia de la inseguridad dentro de la sociedad, sólo podemos hablar de niveles “aceptables” de esta. Sin embargo, la extensión y el alcance de este problema social sí pueden manejarse, o gerenciarse por así decirlo, para que su impacto total sea el menor posible. Pero, ¿cómo se interrelaciona la inseguridad pública con la competitividad de un país? Tal vez, en un primer vistazo, la respuesta a esta pregunta no parezca tan obvia, pero a continuación trataremos de explicar las distintas formas en que la inseguridad afecta a la competitividad de las empresas y de los países.

3.1. El contexto latinoamericano

En América Latina las últimas dos décadas evidencian un proceso paralelo de disminución de la violencia política y un aumento de la violencia delincuencial. Esta situación ha tomado índices críticos en la última década, período en el cual la región se convirtió en la segunda más violenta del mundo. Este análisis comparado muestra que América Latina y el Caribe, en 1990, alcanzó una tasa de homicidios regional del 22,9 por 100 mil habitantes, es decir más del doble del promedio mundial de 10,7 (Búvinic y Morrison, 1999). Adicionalmente, estudios posteriores estiman que en 1994 la tasa de homicidios de la región alcanzó los 28,4 . Este primer acercamiento a la problemática de la criminalidad en la región establece la necesidad de estudios que expliquen variaciones regionales, nacionales e incluso provinciales de la tasa de homicidios y otros indicadores de criminalidad que permitan un detallado análisis de las características y particularidades del fenómeno en cada área estudiada.

En el ámbito regional, las tasas de homicidios son los indicadores mayormente utilizados para la realización de un análisis comparativo. De esta manera, se evidencia un crecimiento sostenido de la tasa de homicidios en prácticamente todos los países de América Latina desde principios de la década del 70. El único país que presenta una disminución es Paraguay con una caída del 21,6%, mientras que en el otro extremo se ubican países con un notable incremento como Colombia con 336,6% y Perú con 379%. La realización de comparaciones internacionales basadas en la tasa de homicidios debe realizarse con cuidado ya que por un lado pueden existir diferencias en el tratamiento y definición legal adoptada en cada país y por otro lado las estimaciones varían significativamente de acuerdo a la fuente consultada. Por ejemplo, la tasa de homicidios el año 1994-95 de Argentina fue calculada por el Banco Mundial en 4,8 mientras que el INDEC (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) la calculó en 7,6 (Novedades Económicas (NE), 1997). A pesar de estos evidentes problemas de la información, se puede concluir que Argentina presenta una baja tasa de homicidios en comparación con otros países de la región como Colombia, Brasil o México. Sin embargo, esta situación debe ser cuidadosamente analizada ya que presenta una peligrosa tendencia de crecimiento en la última década.

Además de la información oficial analizada anteriormente, los datos de victimización confirman que América del Sur ocupa el segundo lugar entre las regiones con mayor porcentaje de población víctima de un crimen, 68%. Es decir, se ubica por encima del promedio mundial de 61%. Una de las características resaltantes de esta información es el porcentaje de población que fue asaltada, que alcanzó el 31%, muy por encima del promedio mundial de 19% y 9 puntos porcentuales arriba de América del Norte que ocupó el tercer lugar en porcentajes de población victimizada. Esto evidencia la magnitud de la violencia en los actos delictivos que en general incluyen agresión física.

En esta misma línea, el análisis realizado por el Latinbarometer (Gaviria y Pagés, 1999) presenta niveles de victimización por quintil de ingreso y por tamaño de ciudad (Cuadro 3). Esta información es de suma importancia ya que confirma dos hipótesis centrales del estudio de la violencia

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