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POLITICAS PÚBLICAS DEL ABANDONO INFANTIL


Enviado por   •  7 de Noviembre de 2011  •  8.193 Palabras (33 Páginas)  •  1.058 Visitas

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Anexo: Opinión de profesionales que participan en programas de niñez y adolescencia

1. Introducción

La investigación se ha centrado en la evidencia que posibilita distinguir el tipo de cambios ocurridos en las políticas públicas respecto de los patrones de atención de la infancia y la adolescencia en el marco de las relaciones estado-sociedad y los cambios en las estrategias de dicha relación para atender a la infancia y la adolescencia como sectores prioritarios y verificar si constituyen propuestas alternativas para la consecución de los objetivos de desarrollo humano propuestos en los planes nacionales de la infancia y adolescencia.

La formulación de políticas aparece como resultado de un intercambio de opiniones, diálogos, negociaciones y compromisos en los que participan diversos actores que tratan de compatibilizar intereses diversos. El origen de las políticas se encuentra en la agenda pública, en la cual participan los actores sociales relaciones de poder, características del sistema político y las formas de expresión de las relaciones entre Estado y Sociedad civil.

En cuanto a los avances logrados destacamos algunos asuntos que han ido apareciendo desde la lectura de documentos y de las entrevistas con personales involucradas en la atención de la infancia y adolescencia y que son de gran importancia por el grado de participación y compromiso que han asumido, promoviendo acuerdos y lineamientos de política a través de las mesas de trabajo, redes y otros. Así podemos señalar:

El debate sobre la vigencia de la institucionalidad organizada, a partir de la descentralización del estado.

Los cambios en las políticas públicas bajo el modelo económico y neoliberal.

Los paradigmas jurídico sociales sobre la infancia: de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral.

El paso de la invisibilidad de la niñez a su visibilidad.

El trabajo parte de la política pública y la sociedad civil como marco de referencia para entender los cambios y la relación estado-sociedad en la atención de la niñez y la adolescencia. Se hace un balance de los Planes Nacionales de Acción por la Infancia en el Perú. Se incluyen las opiniones de cinco profesionales que participan en programas dirigidos a la niñez y adolescencia desde la sociedad civil.

Esperamos contribuir a ampliar el análisis de política social hacia la articulación de estrategias económicas y sociales y propiciar un examen diferente sobre la política social pública.

2. Cambios en las políticas públicas

Se concretaron a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño (1989) cuya ratificación por el país y la suscripción a la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la supervivencia, protección y desarrollo del niño lo comprometieron internacionalmente. Básicamente en estos planteamientos internacionales, se establecen los derechos específicos del niño y adolescente: protección primaria como niño y como persona; el niño como sujeto de derecho, el principio de no discriminación y el interés superior del niño como principio rector que compromete la responsabilidad pública y privada.

Uno de los efectos de la aprobación de la Convención en el derecho nacional que consagra la doctrina de la protección integral, fue la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes,el cual recoge la nueva doctrina y deroga el viejo Código de Menores de 1962, a decir de Valencia Coromidas.

En la década del noventa, en el país se inicia el proceso de tránsito de una política del menor hacia una política de niñez y adolescencia. La promulgación del Código de los Niños y Adolescentes, " ha contribuido a producir un conjunto de cambios significativos. Al amparo de sus normas han sido creadas numerosas instituciones públicas y sociales especializadas en la promoción y protección de los derechos de los menores de edad, como son los Juzgados y Fiscalías de Familia, el Ente Rector a cargo del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (DEMUNAS), entre otras".

La Constitución de 1993, propició acciones y mecanismos para defender derechos ciudadanos y personas desprotegidas, siendo el principal la Defensoría del Pueblo así como la Oficina de Adopciones.

En cuanto a la política pública para la niñez y adolescencia, el Código de Niños y Adolescentes, el Sistema de Atención Integral al Niño y al Adolescente, y el Plan Nacional de Acción por la Infancia, son los instrumentos marcos para la creación de Defensorías de Mujeres, Niños y Adolescentes, Wawa wasis, entre otros (Béjar y Haack). Esta normatividad plantea encontrar el significado de los conceptos de "responsabilidad social", "institucionalidad", "concertación social", como centrales para entender el proceso habido.

Podemos concluir, señalando que en el marco de la política pública para la niñez y adolescencia, la política social con un enfoque basado en principios y supuestos de la doctrina de situación irregular que se asentó en un contexto económico expansivo, se ha reconfigurado hacia una política social con un enfoque basado en la doctrina de protección integral, en un nuevo contexto recesivo. A partir de la década del noventa se han generado cambios institucionales en el país que se evidencian en el proceso de tránsito de una política del menor hacia la política de niñez y adolescencia.

Elementos nuevos en el Código del Niño y Adolescente

El nuevo Código del Niño y Adolescente, con Ley Nº 27337 de agosto del 2000, incorpora cambios en relación al código anterior vigente desde Abril de 1999.

Papel del Estado:

Asume la responsabilidad en la protección de todo niño(a) desde su concepción. Al mismo tiempo adopta el enfoque de Género en sus programas sociales, en tal sentido, reconoce que el niño(a) tiene derecho a la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo.

Reconoce derechos civiles: velar por la integridad personal de los niños(as) y adolescentes (motivo por el cual ya no es obligatorio el servicio militar ya que atenta contra el derecho a la libertad y a la integridad física del adolescente). Así también se reconoce el derecho a la identidad, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos.

Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales resalta el acceso a la educación básica, la formación en espíritu democrático y el ejercicio responsable de los derechos

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