POLITICAS PÚBLICAS DEL ABANDONO INFANTIL

Anexo: Opinión de profesionales que participan en programas de niñez y adolescencia

1. Introducción

La investigación se ha centrado en la evidencia que posibilita distinguir el tipo de cambios ocurridos en las políticas públicas respecto de los patrones de atención de la infancia y la adolescencia en el marco de las relaciones estado-sociedad y los cambios en las estrategias de dicha relación para atender a la infancia y la adolescencia como sectores prioritarios y verificar si constituyen propuestas alternativas para la consecución de los objetivos de desarrollo humano propuestos en los planes nacionales de la infancia y adolescencia.

La formulación de políticas aparece como resultado de un intercambio de opiniones, diálogos, negociaciones y compromisos en los que participan diversos actores que tratan de compatibilizar intereses diversos. El origen de las políticas se encuentra en la agenda pública, en la cual participan los actores sociales relaciones de poder, características del sistema político y las formas de expresión de las relaciones entre Estado y Sociedad civil.

En cuanto a los avances logrados destacamos algunos asuntos que han ido apareciendo desde la lectura de documentos y de las entrevistas con personales involucradas en la atención de la infancia y adolescencia y que son de gran importancia por el grado de participación y compromiso que han asumido, promoviendo acuerdos y lineamientos de política a través de las mesas de trabajo, redes y otros. Así podemos señalar:

El debate sobre la vigencia de la institucionalidad organizada, a partir de la descentralización del estado.

Los cambios en las políticas públicas bajo el modelo económico y neoliberal.

Los paradigmas jurídico sociales sobre la infancia: de la doctrina de la situación irregular a la doctrina de la protección integral.

El paso de la invisibilidad de la niñez a su visibilidad.

El trabajo parte de la política pública y la sociedad civil como marco de referencia para entender los cambios y la relación estado-sociedad en la atención de la niñez y la adolescencia. Se hace un balance de los Planes Nacionales de Acción por la Infancia en el Perú. Se incluyen las opiniones de cinco profesionales que participan en programas dirigidos a la niñez y adolescencia desde la sociedad civil.

Esperamos contribuir a ampliar el análisis de política social hacia la articulación de estrategias económicas y sociales y propiciar un examen diferente sobre la política social pública.

2. Cambios en las políticas públicas

Se concretaron a partir de la Convención Internacional sobre los Derechos del niño (1989) cuya ratificación por el país y la suscripción a la Declaración de la Cumbre Mundial sobre la supervivencia, protección y desarrollo del niño lo comprometieron internacionalmente. Básicamente en estos planteamientos internacionales, se establecen los derechos específicos del niño y adolescente: protección primaria como niño y como persona; el niño como sujeto de derecho, el principio de no discriminación y el interés superior del niño como principio rector que compromete la responsabilidad pública y privada.

Uno de los efectos de la aprobación de la Convención en el derecho nacional que consagra la doctrina de la protección integral, fue la promulgación del Código de los Niños y Adolescentes,el cual recoge la nueva doctrina y deroga el viejo Código de Menores de 1962, a decir de Valencia Coromidas.

En la década del noventa, en el país se inicia el proceso de tránsito de una política del menor hacia una política de niñez y adolescencia. La promulgación del Código de los Niños y Adolescentes, " ha contribuido a producir un conjunto de cambios significativos. Al amparo de sus normas han sido creadas numerosas instituciones públicas y sociales especializadas en la promoción y protección de los derechos de los menores de edad, como son los Juzgados y Fiscalías de Familia, el Ente Rector a cargo del Ministerio de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano, las Defensorías Municipales del Niño y el Adolescente (DEMUNAS), entre otras".

La Constitución de 1993, propició acciones y mecanismos para defender derechos ciudadanos y personas desprotegidas, siendo el principal la Defensoría del Pueblo así como la Oficina de Adopciones.

En cuanto a la política pública para la niñez y adolescencia, el Código de Niños y Adolescentes, el Sistema de Atención Integral al Niño y al Adolescente, y el Plan Nacional de Acción por la Infancia, son los instrumentos marcos para la creación de Defensorías de Mujeres, Niños y Adolescentes, Wawa wasis, entre otros (Béjar y Haack). Esta normatividad plantea encontrar el significado de los conceptos de "responsabilidad social", "institucionalidad", "concertación social", como centrales para entender el proceso habido.

Podemos concluir, señalando que en el marco de la política pública para la niñez y adolescencia, la política social con un enfoque basado en principios y supuestos de la doctrina de situación irregular que se asentó en un contexto económico expansivo, se ha reconfigurado hacia una política social con un enfoque basado en la doctrina de protección integral, en un nuevo contexto recesivo. A partir de la década del noventa se han generado cambios institucionales en el país que se evidencian en el proceso de tránsito de una política del menor hacia la política de niñez y adolescencia.

Elementos nuevos en el Código del Niño y Adolescente

El nuevo Código del Niño y Adolescente, con Ley Nº 27337 de agosto del 2000, incorpora cambios en relación al código anterior vigente desde Abril de 1999.

Papel del Estado:

Asume la responsabilidad en la protección de todo niño(a) desde su concepción. Al mismo tiempo adopta el enfoque de Género en sus programas sociales, en tal sentido, reconoce que el niño(a) tiene derecho a la igualdad de oportunidades sin distinción de sexo.

Reconoce derechos civiles: velar por la integridad personal de los niños(as) y adolescentes (motivo por el cual ya no es obligatorio el servicio militar ya que atenta contra el derecho a la libertad y a la integridad física del adolescente). Así también se reconoce el derecho a la identidad, a conocer a sus padres y llevar sus apellidos.

Dentro de los derechos económicos, sociales y culturales resalta el acceso a la educación básica, la formación en espíritu democrático y el ejercicio responsable de los derechos y obligaciones.

Papel de la sociedad civil:

Participación de la sociedad civil, en primer lugar los directores de los colegios deben proteger a los niños adolescentes: denunciar todo tipo de maltrato que se observe en el interior del colegio como en el ambiente familiar de los estudiantes; proteger a todos los niños que hayan sido atropellados en sus derechos. También la protección de los niños que trabajan y estudian, deben informar sobre su rendimiento escolar.

Las Defensorías del Niño y del Adolescente: pueden funcionar en organizaciones de la sociedad civil. Se reconoce a las defensorías comunales, las mismas que existían sin ningún tipo de reconocimiento y con carencia de profesionales pero con promotores reconocidas por la población de la comunidad urbana.

El Estado reconoce que el adolescente tiene derecho a trabajar siempre y cuando no exista explotación económica. Por ende le brindará especial protección a los adolescentes trabajadores. Delimita que la edad para poder iniciarse en el trabajo es de 12 años y con inscripción en el Ministerio de Trabajo ó en los municipios. Se prohiben los trabajos que impliquen la manipulación de sustancias tóxicas.

La política pública:

Dentro de los Programas de Atención Integral al niño y el adolescente se resalta en el art. 36, el programa para niños(as) y adolescentes discapacitados; se reconoce el derecho a una educación especializada, intervienen los Ministerios de Salud y de Educación., además del PROMUDEH en caso de abandono.

Se considera que debe haber un Programa para niños y adolescentes maltratados ó víctimas de violencia sexual, a cargo del sector salud y se incluye la atención de la familia.

Sobre las Instituciones Familiares, en relación a la patria potestad, en relación a la tenencia del niño y del adolescente y respecto al régimen de visitas.

La administración de Justicia Especializada en el Niño y el Adolescente: se reduce el tiempo de internamiento (6 años) que pasa el adolescente privado de su libertad a un tiempo máximo de 3 años. Sin embargo de acuerdo a la sentencia el adolescente infractor tiene que hacer una reparación civil al agraviado.

La política pública enmarcada en el Código de los niños y adolescentes se orienta principalmente a brindar protección integral y a conceptualizar a los niños y niñas y adolescentes como grupos vulnerables y de alto riesgo, así como sujetos de derechos. Esto es más notorio en el sector salud, en donde la atención del niño y del adolescente es una prioridad y se refleja en los programas de Salud Escolar, en el Programa MAMIS (Módulo de Atención Materno Infantil de Salud).

CAMBIOS EN LA RELACION ESTADO-SOCIEDAD

Los cambios que se dan a nivel de la sociedad civil es fruto de coordinaciones y movilizaciones sociales que presionan y exigen el cumplimiento de los Acuerdos Internacionales y Nacionales, en este caso, vinculados con la niñez y adolescencia y en las que intervienen algunos medios de comunicación, que ejercen periodismo social y generan corriente de opinión a partir de denuncias y/o de identificación de responsabilidades

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