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Teoría Del Conocimiento


Enviado por   •  12 de Julio de 2011  •  2.450 Palabras (10 Páginas)  •  823 Visitas

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2 INTRODUCCIÓN

Con el término “Apertura Petrolera” se conoció el proceso de

privatización de las actividades de exploración, explotación,

distribución y comercialización de hidrocarburos venezolanos

iniciado a principios de los años 90. La política de “Gran Viraje”,

promulgada por Carlos Andrés Pérez y amparada en las tendencias

neoliberales prevalecientes entonces en el continente, optaron por la

desestatización acelerada de importantes industrias nacionales, entre

ellas las relacionadas con el petróleo.

En un principio, la Apertura se circunscribiría a la autorización de

convenios con empresas privadas para la explotación de campos inactivos

o marginales de PDVSA, pero, progresivamente, el Gobierno,

el Congreso y las empresas privadas entregaron al capital extranjero

buena parte de los recursos naturales, incluidos el petróleo de la

Faja del Orinoco y el gas natural costa afuera.

El clímax de la Apertura se alcanzó en 1995, cuando el Congreso de

la República aprobó la exploración a riesgo de 18 mil kms cuadrados

del territorio nacional, la máxima extensión de tierra venezolana

licitada con fines de exploración y producción de crudos convencionales

después de la Segunda Guerra Mundial1.

1. La superficie de Venezuela abarca un área total de 916 mil cuatrocientos cuarenta

y cinco kms2. El área licitada correspondía a un 2 % del territorio nacional

aproximadamente.

3

Los principales rasgos de tales convenios hablan por sí solos de

cómo los gobiernos de turno pretendían vender el país:

- Creación de sociedades anónimas para la exploración a

riesgo de las áreas que recibieron ofertas durante un período

máximo de 39 años.

- La participación del Estado, a través de PDVSA y sus

filiales, oscilaría entre el 1% y el 35 %. En consecuencia,

entre el 65 % y el 99% de las acciones restantes, según el

caso, pertenecerían a las compañías privadas reunidas en

un consorcio.

- Los miembros de cada consorcio pagarían al Estado las

regalías, un impuesto de participación del Estado en las

Ganancias (PEG), un impuesto sobre la renta, entre otros.

No se preveía el pago de impuestos municipales, como

obligaba la Constitución. Además, PDVSA protegería a

los inversionistas extranjeros de producirse cambios en la

política fiscal que los desfavorecieran.

- Cualquier controversia surgida con motivo de la interpretación

del contrato o de su ejecución sería resuelta

mediante el procedimiento de arbitraje establecido por la

Cámara Internacional de Comercio de Paris y no por la

legislación nacional.

Sin embargo, muchas de estas cláusulas violaban abiertamente disposiciones

contenidas en la Constitución de la República, la Ley que

asignaba al Estado los derechos de propiedad y administración de los

hidrocarburos, y otras disposiciones. El entonces diputado Alí Rodríguez

Araque, en la Sesión Conjunta del 4 de julio de 1995, citaba

algunas de las violaciones más flagrantes de la legalidad:

Constitución de la República

a) Artículo 136, ordinal 10º: “Es de la competencia del Poder nacional

el régimen y administración de las minas e hidrocarburos”.

4 b) Artículo 103 “Las tierras adquiridas con destino a la exploración

y explotación de concesiones mineras, comprendidas las de

hidrocarburos y demás minerales combustibles, pasarán en plena

propiedad a la nación sin indemnización alguna al extinguirse por

cualquier causa la concesión respectiva”(…).

Ley orgánica de la Administración Central

a) Artículo 35 “Corresponde al Ministerio de Energía y Minas

la planificación y la realización de las actividades del Ejecutivo

nacional en materia de minas, hidrocarburos y en energía en general

(…)

b) Decreto constitutivo de PDVSA y su reforma:

- “Decreto Nº 250 del 23–8–79. Artículo 1º “Se introduce

esta reforma para reforzar el control por parte del Estado...

(…) “...el cumplimiento del objeto social deberá llevarse a

cabo por la sociedad bajo los lineamientos y la política que el

Ejecutivo nacional, a través Ministerio de Energía y Minas,

establezca o acuerde de conformidad con las facultades que

le confiere la Ley.

- Decreto Nº 855 del 24–9–85, ratifica la función

...

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