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Insercion al mercado laboral sobre feminizacion

clarissa13Ensayo29 de Octubre de 2015

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Las mujeres han tenido grandes cambios a lo largo del tiempo, han tenido que enfrentar distintas situaciones para que hoy en día tengan voz y voto en el lugar en donde se encuentran. Y es así como en estos tiempos por la constante insistencia de las mujeres ahora son ellas las que estudian más en un nivel educativo superior y cada vez se hacen mejor en los ámbitos que solo antes lo manejan los hombres.

Si bien la familia era la instancia en la que por lo general las mujeres estaban inscritas, los cambios de ésta, cambios que se dieron de la mano de las transformaciones en el campo de la ciudadanía, han procurado un desdibujamiento de los límites entre lo público y lo privado y por lo tanto, la posibilidad de que las mujeres comiencen hacer parte del ámbito público. La familia es valorada en la actualidad como base y fundamento de la sociedad; los individuos son entendidos como miembros de una familia y la sociedad como la constitución de muchas de ellas. “Sólo hay sociedad si hay familia y sólo hay familia si hay personas, seres concretos, hombres y mujeres de carne y hueso”. La relación persona- familia- sociedad se constituye entonces como eje fundamental para la acción del Estado. Es sobre el carácter familiar de la sociedad que el Estado interviene para lograr una transformación personal, “porque, ni el sujeto como ente concreto e individual, ni la sociedad, pueden explicarse a sí mismos sin una referencia directa al hecho familiar, en una mutua relación de causa - efecto”. Así, actuar sobre el ámbito familiar implica hacerlo también sobre la individualidad. “A ella se le ha confiado, entre otras tareas la de la transmisión de aquellos valores que la comunidad necesita mantener para asegurar su propia sobre vivencia (…) gracias a la familia, el Estado mantiene y reproduce su ideología sociopolítica. En términos de Bourdieu, la familia puede considerarse como un campo privilegiado para la acumulación de capital de diferentes especies y la transmisión y reproducción del mismo.

La mujer, ente por excelencia encargado no sólo de la reproducción y sostenimiento de la especie sino de la construcción de subjetividades, es quien modifica y se ve modificada por estas diferentes etapas y concepciones del núcleo familiar. Si en principio la mujer tenía que educar para edificar hombres laboriosos, ahora lo hace para construir ciudadanos de bien.

El artículo 43, en el que se habla de la “igualdad de derechos y oportunidades para mujeres y hombres, y en donde se declara que la mujer no podrá ser sometida a ninguna clase de discriminación durante y después del embarazo”, supone una ruptura de la distinción entre lo público y lo privado. Las mujeres hacen parte de la producción material, y su condición reproductiva no sólo no es una razón suficiente para ser discriminadas laboral o políticamente, sino que aquello que se suponía propio del ámbito privado, la maternidad, tiene lugar públicamente

Tal y como lo hemos venido diciendo, la búsqueda de la equidad de género, de una mayor participación política de las mujeres y de su elección a cargos públicos, pasa necesariamente por una revisión rigurosa de los conceptos de Ciudadanía y Representación. Recordemos que la ciudadanía es una noción de Boyacá de 1819: “Evangelina Tamayo, nativa de Tunja, luchó en Boyacá bajo el mando de Simón Bolívar y murió el 2 de julio de 1821 en San Luís de Coro, tenía el rango de capitana. Teresa Cornejo y Mañuela Tinoco, ambas de San Carlos (Venezuela), junto con Rosa Canelones, de Arauca, se vistieron como hombres y formaron parte de las campañas de 1819 en Venezuela y la Nueva Granada. Pelearon en Gámeza, en el Pantano de Vargas y en Boyacá”. Ciertamente las mujeres hicieron parte del cuerpo militar de las luchas independentistas, pero aquellas que permanecieron en sus hogares asumieron los costos económicos de la misma, otras siguieron las tropas haciendo las veces de enfermeras, otras tantas eran espías; una de las vías más seguras para llevar información sin levantar sospecha. Otras, aquellas que gozaban de una considerable fortuna, donaban plata a la causa; no obstante cabe anotar que las mujeres no sólo fueron un elemento fundamental de las gestas independentistas para el ejército liberador, sino también para los españoles. Algunas pensaron que al guardarle fidelidad a la corona, una vez terminadas las luchas, serían recompensadas.

Sin embargo, la lucha por los derechos de la mujer desde sus propias voces sólo se daría en la transición a la República Liberal de 1930. Ofelia Uribe de Acosta defendió en el Congreso Internacional Femenino el proyecto por los derechos patrimoniales de la mujer casada, “con este proyecto se pretendía dar autonomía patrimonial a la mujer casada, otorgándole el derecho a pedir la separación total o parcial de bienes cuando ella lo quisiera, sin tener que alegar ningún tipo de causal”119. Lo verdaderamente importante de dicho proyecto era la irrupción de la “Potestad Marital”. La Ley 28 de 1932 concedió los derechos económicos a la mujer casada, la figura de la potestad marital se escindió en lo relativo a los bienes, sin embargo, los derechos sobre la persona de la mujer no corrieron con la misma suerte.

Las prácticas divisoras estaban tan interiorizadas, que las mujeres no entendieron lo significativo de dicha escisión, según Magdala León: “se necesitó no sólo el paso de los años sino la modificación de aspectos sustanciales de la vida económica, cultural y social del país, para que este decreto se empezara hacer efectivo. La descomposición de la sociedad agraria, la desarticulación de la economía campesina, la migración masiva a los centros urbanos, la vinculación de la fuerza de trabajo femenina a la ley de la oferta y la demanda en la producción industrial y de servicios, los bajos salarios, etc ... son fenómenos que han llevado a que el imperio de la necesidad quiebre la estructura tradicional de la familia y a que la mujer independiente económicamente empiece a interrogarse acerca de su situación de oprimida y explotada.

El acceso a la educación superior y el aumento de las mujeres en la secundaria amplió su horizonte de lucha por sus derechos. Para 1944 un significativo sector de la población femenina se organizó para abogar por el proyecto que presentó Alberto Lleras Camargo en el que se proponía el derecho al voto a la mujer. A partir de la fecha se agruparon diversas unidades de mujeres que luchaban por la reivindicación de su lugar en la sociedad. Las luchas no sólo fueron a nivel de participación política, sino también laboral y sobre todo de resignificación del impuesto carácter pasivo que se suponía las definía como el otro sexo, el débil. Para tal efecto se funda en 1944 la Unión Femenina Colombiana, una organización gremial y democrática que velaba en particular por los intereses de las mujeres que trabajaban por fuera del hogar. El gremio estaba compuesto de mujeres que habían tenido acceso a la educación superior y por lo tanto no sólo procuraban una lucha a nivel político sino también una emancipación a nivel intelectual y cultural.

 La fundación de revistas y la apertura de espacios para la mujer en los periódicos tradicionales fue una de las mejores estrategias de expansión del sentir feminista y para la consolidación de un significativo movimiento de mujeres a lo largo de la geografía colombiana.

Los discursos liberales y socialista se fueron introduciendo en los pronunciamientos de las mujeres y pronto se dieron agrupaciones de carácter socialdemócrata como la Alianza Femenina que se empoderó del proceso de reconocimiento de los derechos de la mujer a través de la revista Agitación Femenina.

La matrícula de las mujeres en la educación superior A nivel internacional, en los últimos veinte años, se ha podido comprobar un aumento importante –aunque no suficiente– de la matrícula de mujeres en la educación superior. Este progreso se debe en parte a estrategias específicas que han centrado la atención en las desigualdades que debían corregirse. La actividad de las Naciones Unidas a este respecto ha sido eficaz, porque las personas encargadas de la adopción de políticas han cobrado conciencia de los derechos de las mujeres y de la necesidad de abrir a mayor cantidad de ellas el acceso a todos los niveles de educación. Debe destacarse aquí, el papel que ha jugado desde hace varias décadas el movimiento feminista a nivel mundial.

La situación de las mujeres  en la educación superior de México, los datos aportados por la ANUIES6 , así como en el XII Censo Nacional de Población y Vivienda de 2000, reportados 801 OLGA BUSTOS ROMERO ARBOR CLXXXIV 733 septiembre-octubre [2008] 795-815 ISSN: 0210-1963 por el INEGI7 , señalan que si se considera el cohorte de población que debería de estar estudiando en universidades (18 a 29 años), sólo el 9 %8 asiste a educación universitaria y tecnológica. A pesar de que de 1980 a 2001 se incrementó en más del doble la población en este nivel educativo, la cifra total es de 1.989.655 incluyendo licenciatura y posgrado. El dato actualizado a 2003, de acuerdo a la ANUIES, se refiere a una cifra de poco más de 2.200.000 estudiantes en licenciatura y posgrado, con lo cual estaríamos hablando de una cobertura de no más del 12 %. Es decir, la educación superior en nuestro país sigue siendo privilegio de muy pocas personas. Esto contrasta fuertemente con países como Corea y Estados Unidos de Norteamérica, donde la cobertura en este nivel educativo es del 40 y más del 50 % respectivamente.

Se protege al trabajador (hombre) y con ello a la familia, lo que define la concepción de familia inherente al modelo. La familia depende del empleo del jefe (hombre) que constituye el proveedor de ingresos y de protección. Las mujeres son responsables de las tareas de cuidado del hogar y de la atención a los niños y ancianos. A través del empleo, el jefe obtiene ingresos estables para la familia, mientras que la protección laboral y social cubre los riesgos asociados a su función productiva; pero además, la cobertura se hace extensiva para algunos riesgos a otros miembros de las familias, como en salud. El modelo descrito de manera estilizada en los párrafos anteriores orientó los sistemas de protección social en los países avanzados y en particular, en Europa. Se trasladó, asimismo, a los países de América Latina y el Caribe sirviendo de guía para su instalación progresiva. Surgieron tensiones asociadas a factores demográficos, que afectaron en mayor medida a los países desarrollados que se tradujeron en un aumento de la tasa de dependencia como consecuencia del envejecimiento de la población y del aumento en la esperanza de vida. Ello significó un aumento en la demanda por pensiones y en salud, al mismo tiempo que disminuían los aportes de la población activa. El desajuste se tradujo en desequilibrios financieros que tensionan los sistemas y ponen a las reformas de gran actualidad. Se produce también una transformación en la estructura familiar perdiéndose la supremacía de las familias biparentales con un proveedor (hombre) principal del ingreso. Las familias se diversifican tanto por el aumento de divorcios y separaciones, como por la expansión de núcleos familiares monoparentales. Al mismo tiempo, aumenta la participación de la mujer en el mercado de trabajo, como consecuencia tanto del avance en la liberalización femenina, como de la necesidad de proveer ingresos adicionales para solventar el presupuesto familiar.

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