Jurisprudencia

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS

PINZON PARDO YULY ALEX SANDRA

Estudiante

FELIPE ANTONIO TOVAR CHAVEZ

Docente

LEGISLACION EN SALUD UCUPACIONAL

Melgar 2013

INTRODUCCIÓN

Este ensayo se basa en los reglamentos y leyes que establece un estado para su soberanía, es por esto que es importante conocer acerca del tema y comprender los parámetros y reglamentaciones que tiene el estado para garantizar que este se sostenga en una estabilidad para que los colombianos gocen y disfruten de beneficios que el estado entrega. Aclarando que no solo se encuentran beneficios sino también deberes que los colombianos tienen con el estado para que este se pueda sostenerse en el ámbito de la salud.

Por otro lado el gobierno maneja leyes, decretos, normas, resoluciones, sentencias, actos administrativos y demás que se entiende por jurisprudencia que viene siendo la doctrina establecida por los órganos judiciales del Estado que se repiten en más de una resolución. Esto significa que para conocer el contenido completo de las normas vigentes, hay que considerar cómo han sido aplicadas en el pasado. En otras palabras, para saber de leyes y sentencias hay que conocer a fondo como han sido aplicadas y como estas han ayudado al progreso de la nación.

En general la jurisprudencia es la carta magna que rige una nación, ya que en ella están expuestos todos los parámetros que logran que el gobierno se sostenga y que no se desestabilice y por el contrario busque mejoras para los habitantes que esta tenga. Hoy en día hay muchos tratados de comercio y muchos de los países están dejando ingresar a sus países sin visa, esto es un gran avance que indica que el país crese y que está dándose a conocer por su economía estable. Pero en cuanto se refiere a la salud el gobierno colombiano tiene que profundizar más para subsanar un poco la inestabilidad en la cual hoy se encuentra.

ENSAYO JURISPRUDENCIA EN SALUD OCUPACIONAL SENTENCIA

T-721/12

Desde los inicios de la Corte Constitucional se ha manifestado el deseo de entrar y definir la naturaleza jurídica de los derechos económicos, sociales y culturales de una nación, que estos están consagrados en la corte constitucional y que están dispuestos para determinar en qué casos es necesario la aplicación para una acción de tutela.

Es por esto que la corte ha elaborado una doctrina propia en relación con la ayuda y protección de los derechos que tiene los colombianos a la salud, estos están sujetos a poder instaurar contra los que incumplan los deberes que tienen para con sus afiliados una acción de tutela, para que estas entidades prestadoras de salud entreguen los servicios que por ley tienen derecho los afiliados y Aportantes.

Por esto el gobierno y gracias a la jurisprudencia que está basada en las sentencias de alta corte, al igual que la corte constitucional, la corte suprema de justicia el consejo de estado. Se basa en los requerimientos legales que hacen los demandantes para lograr beneficios. Esto debe ir igualmente sustentado y revisado por las autoridades competentes que evaluaran los casos y dictaran sentencia a favor de los interesados, estas deben ir acompañadas de antecedentes, hechos, problemas, análisis y decisiones que apoyaran los veredictos a tomar.

En cuanto respecta a la jurisprudencia, la Corte constitucional no debe ser ajena a esta postura ya que la mayoría de los derechos en referencia implican una prestación por parte del Estado y por lo tanto una remuneración económica que por lo general depende de una decisión política. Con base en esto, se sostiene que los enunciados constitucionales que recogen tales derechos no pueden ser objeto de decisiones judiciales hasta tanto el Congreso no haya expedido la legislación necesaria para aplicarlos; de lo contrario, se dice, el juez estaría ocupando terrenos que no le corresponde de acuerdo con la doctrina de la separación de los pobres.

Por lo tanto, en cuanto a los requisitos que estos deben presentar para la instauración de una demanda están los antecedentes en los cuales se tienen que ver los acontecimientos que han pasado con respecto a la investigación que se ha hecho anteriormente para luego tomar una decisión. Un ejemplo que se puede tomar es el siguiente: a través de un apoderado judicial, el señor José Lizardo Galeano Olaya promovió acción de tutela contra José Ricardo Segura Arévalo, ARP Positiva Compañía de Seguros S.A. (en adelante, ARP Positiva) y la Administradora del Fondo de Pensiones y Cesantías Protección, con el objeto de que se amparen sus derechos fundamentales a la vida, la protección especial de las personas con discapacidad, el mínimo vital y el

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