Vida a la Pena de Muerte

Vida a la pena de muerte

Por: Rubén Darío Eguis Cuentas

Ni a Bolívar ni a Santander les tembló la mano para ordenar pasar por las armas a quienes amenazaban la estabilidad y la paz. Pruebas de esto son los fusilamientos ocurridos en septiembre de 1828, cuando se frustró un atentado contra el Libertador Simón Bolívar. En la actualidad "es evidente que lo que estamos viviendo cada día más en el país es un ambiente donde la gente de bien, que son la inmensa mayoría, se encuentran saturadas de tanto crimen, de tanto abuso por parte de los guerrilleros y del crimen organizado" dice el jefe del equipo negociador por parte del gobierno en el proceso de paz, Humberto de la Calle. Para la mayoría de los colombianos es claro el diagnóstico con síntomas y hechos concretos: inseguridad, bombas, falta de credibilidad en el gobierno, falta de ética civil o moral, secuestros, eliminación de campesinos, de indígenas, etc. Por eso la Constitución colombiana debería permitir aplicar la pena de muerte para castigar crímenes atroces.

Para muchas religiones es válida la aplicación de la Ley del Talión: "Ojo por ojo, diente por diente". Esta expresión que se encuentra en el Antiguo Testamento se destaca junto con otros dogmas religiosos en que las penas deben tener como base la necesidad de expiación. En definitiva, el castigo máximo siempre ha estado presente en la sociedad. Este castigo se establece en las Teorías Absolutas de la pena, cuyo símbolo era la pena justa. Estas teorías se basan en la libertad e igualdad de los hombres. Por lo tanto, cuando un individuo comete un delito, se le ha de retribuir con una pena equivalente al mal que ha ocasionado.

La pena de muerte, sería pues, el castigo más justo para alguien que ha atentado contra la vida de otra(s) persona(s), ya que si un hombre, víctima del delito, no ha podido hacer valer su Derecho a la Legítima defensa, es la sociedad quien debe llevarla a cabo. De hecho, una encuesta realizada por la Revista Semana con el Centro Nacional de Consultoría, arrojó resultados muy claros: alrededor del 55 por ciento de los encuestados aprueba la pena de muerte para secuestro y asesinato por acto terrorista, contra un 39 por ciento que se opone a ella. Así, cuando vemos que algún delincuente es capturado pareciera que la opinión pública se inclinara por una solución: la pena capital.

Al mismo tiempo, esta pena evitaría la reincidencia de los sujetos que pretendan continuar delinquiendo, esto apoyado por las teorías positivistas de Cesare Lombroso, quien introdujo la tipología del delincuente nato, el cual sufría de algún tipo de enfermedad. Ello suponía, que no era posible volver a introducir en la sociedad a dicho delincuente, y por lo tanto, la única política criminal viable era la eliminación del individuo.

Si bien cada día más, los errores judiciales son menos frecuentes, hay quienes piensan que existe un gran riesgo de condenar a un inocente. En el caso de la pena de muerte se encuentra la desventaja de que es imposible compensar al sujeto por el error. Aun así, es casi imposible que esto ocurra dentro de un sistema judicial que lleve a cabo los procesos de forma correcta, tales como la existencia de garantías legales, las peticiones, la revisión obligatoria de la sentencia de muerte, etc., todo esto para asegurar la condena exclusiva de los culpables reales de los hechos criminales, y tal como dijo Jeremías Bentham: “Un juez debe cuidarse mucho más de la injusticia que condena, que de la injusticia que absuelve”.

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