DERECHO Y ESTRUCTURA SOCIALES

LA ESTRUCTURA DE LOS DERECHOS SOCIALES Y EL PROBLEMA DE SU EXIGIBILIDAD

En relación a los derechos sociales en algunas ocasiones se pueden encontrar opiniones negando todo valor jurídico, pueden caracterizarse como meras declaraciones de buenas intenciones, de compromiso político y, en el peor de los casos, de engaño o fraude tranquilizador, los derechos sociales también son considerados documentos de carácter político a diferencia de la gran mayoría de los derechos civiles y políticos, son estos los únicos que generan prerrogativas para los particulares y obligaciones para el Estado, siendo exigibles judicialmente. La adopción de normas constitucionales que consagren derechos económicos, sociales y culturales también genera obligaciones para el Estado, muchas de estas obligaciones resultan exigibles judicialmente, es posible una relatividad entre los derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales.

La estructura de los derechos económicos, sociales y culturales, en tanto pretendidos derechos crean la distinción de los derechos civiles y políticos generaría obligaciones negativas o de abstención, mientras que los derechos económicos, sociales y culturales implican el nacimiento de obligaciones positivas que en la mayoría deberían solventarse con recursos del erario publico, las obligaciones negativas se agotarían en un no hacer por parte del Estado por ejemplo no aplicar penas sin previo juicio, no restringir la libertad de expresión, no interferir con la propiedad privada. Por el contrario, la estructura de los derechos económicos, sociales y culturales se caracteriza por obligar al Estado a hacer, es decir, a brindar prestaciones positivas, por ejemplo proveer servicios de salud, asegurar la educación. Puede hablarse de “derechos” cuando una prescripción normativa se limita a imponer obligaciones negativas o abstenciones. Con Smith, se asigna un rol activo en la creación de las condiciones institucionales y legales para la consolidación, funcionamiento y expansión del mercado, con respecto a muchos otros derechos civiles y políticos: como el respeto de derechos tales como el debido proceso, el acceso a la justicia, el derecho de asociación suponen la creación de las condiciones institucionales por parte del Estado.

Aquellos derechos que pueden ajustarse a la característica de obligación negativa, es decir aquellos que requieren una limitación en la actividad del Estado a fin de no interferir la libertad de los particulares por ejemplo, la prohibición de detención arbitraria, la prohibición de violar la correspondencia y los documentos privados llevan una actividad estatal destinada a que otros particulares no interfieran esa libertad o la reparación del perjuicio una vez producida una interferencia indebida, de modo que la contracara del ejercicio de estos derechos este dada por el cumplimiento de funciones de policía, seguridad, defensa y justicia por parte del Estado. El cumplimiento de estas funciones reclama obligaciones positivas, con la característica de la erogación de recursos, y no la mera abstención del Estado.

La estructura de los derechos civiles y políticos se caracteriza como un complejo de obligaciones negativas y positivas de parte del estado: obligación de abstenerse de actuar en ciertos ámbitos y de realizar una serie de funciones, a efectos de garantizar el goce de la autonomía individual e impedir su afectación por otros particulares, la diferencias entre derechos civiles y políticos y derechos económicos, sociales y culturales son diferencias de grado, más que diferencias sustanciales.

En los derechos económicos, sociales y culturales son obligaciones de hacer, y es por ello que a veces se les denomina “derechos de prestación”, de la estructura de estos derechos no resulta difícil descubrir la existencia concomitante de obligaciones de no hacer por ejemplo el derecho a la salud conlleva la obligación estatal de no dañar la salud; el derecho a la educación supone la obligación de no empeorar la educación.

Los derechos económicos sociales y culturales pueden ser caracterizados como un complejo de obligaciones positivas y negativas por parte del Estado. Muchos derechos tradicionalmente abarcados por el catalogo de derechos civiles y políticos han sido reinterpretados en clave social, la tradicional calificación de los derechos de sindicalización y huelga como derechos sociales ha generado dificultades teóricas, autores como Fried van Hoof propone un esquema consistente en señalamiento de niveles de obligaciones estatales que pueden discernirse en cuatro niveles de obligaciones: obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover. La obligaciones de respetar se definen por el Estado de no injerir, obstaculizar o impedir el acceso al goce de los bienes que constituyen el objeto del derecho. Las obligaciones de proteger consisten en impedir que terceros injieran, obstaculicen o impidan el accesos a esos bienes. Las obligaciones de garantizar suponen asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no puede hacerlo por sí mismo. Las obligaciones de promover se caracterizan por el deber de desarrollar condiciones para que los titulares del derecho accedan al bien. Van Hoof, refuerza la unidad entre los derechos civiles y políticos y los derechos económicos, sociales y culturales , estos tipos de obligaciones estatales pueden ser hallados en ambos pares de derechos. Por ejemplo, señala van Hoof la libertad de expresión no requiere sólo el cumplimento de la prohibición de censura sino que exige la obligación de crear condiciones favorables para el ejercicio de la libertad de manifestarse mediante la protección policial, y del pluralismo de la prensa y de los medios de comunicación en general.

El autor ilustra el modelo de las cuatro obligaciones en relación con el derecho a la alimentación adecuada,

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