Informe Presidencial 2013

INFORME PRESIDENCIAL 2013

Establecer acciones coordinadas para la identificación y monitoreo de posibles conflictos sociales, fijando criterios y mecanismos para el seguimiento de variables y el mapeo de actores y conflictos

El Gobierno de la República establece mecanismos y acciones para la identificación, monitoreo y resolución de conflictos sociales. De esta forma, del 1 de diciembre de 2012 al 31 de julio de 2013, la Secretaría de Gobernación atendió distintas demandas de los ciudadanos y sus organizaciones; de las cuales, por su relevancia destacan las siguientes:

• La instalación de mesas de diálogo y seguimiento para la atención de 531 eventos realizados por grupos organizados, que derivaron en 147 mesas de trabajo, lográndose la distensión de las inconformidades en el 100% de los casos.

• La elaboración de diagnósticos y documentación de 770 informes, que permitieron identificar las causas de las demandas ciudadanas recibidas y el diseño de las estrategias para su atención.

• La puesta en marcha de mecanismos para el intercambio de información y el fortalecimiento de las dependencias de la Administración Pública Federal (APF). Tal es el caso del Grupo Interinstitucional de Atención Ciudadana y Concertación Política y Social, cuyas sesiones fueron retomadas después de dos años de inactividad. Este mecanismo, integrado por las áreas de atención ciudadana de las dependencias y entidades de la APF, trabaja en la homologación de criterios para atender a los ciudadanos y sus organizaciones que llevan asuntos en varias dependencias federales, a fin de evitar la duplicidad de estímulos que ofrecen los programas de beneficio social; asimismo, se comparte información que permite la oportuna toma de decisiones para la distensión y solución de conflictos.

Se realizaron actividades tendientes a la resolución de conflictos, específicamente agrarios y territoriales, mediante el Programa de Atención a Conflictos Sociales en el Medio Rural (COSOMER), operado por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.

Al inicio de la administración, se identificaron 445 asuntos pendientes de resolución. De éstos, 233 están relacionados con conflictos sociales por tierra, 202 derivan del Acuerdo Nacional para el Campo y 10 corresponden a los Acuerdos Agrarios. Para su atención se realizaron las siguientes acciones:

• Mediante acciones coordinadas, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), resolvió 20 asuntos en 10 entidades federativas, cinco de ellos aprobados por el Comité del COSOMER. Resolvió también 15 casos pendientes de atención en ejercicios anteriores.

• En temas relacionados con el desarrollo agrario y territorial, se concluyeron 17 asuntos en 10 entidades federativas que, en administraciones previas, fueron presentados por individuos y organizaciones campesinas. Esta acción atendió las demandas de 3,403 personas en una superficie global de 10,160 hectáreas.

Con estas acciones, la SEDATU continúa dando respuesta a la Instrucción Presidencial “Dar celeridad a la resolución de los conflictos agrarios, para dar mayor certidumbre jurídica a quienes han enarbolado la defensa justa de sus tierras”.

Promover la resolución de conflictos mediante el diálogo abierto y constructivo, y atender oportunamente las demandas legítimas de la sociedad

Mediante la atención ciudadana y acciones efectivas de concertación política y social, entre el mes de diciembre de 2012 y julio de 2013, el Estado mexicano estableció procesos de diálogo y coordinación con las dependencias de la APF para la atención de 128 conflictos de impacto nacional y regional; de los cuales logró distender el 100%. Al mes de julio de este año, 79 asuntos están en proceso de solución definitiva con las distintas instancias federales. Entre los temas principales destacan:

• El diálogo con representantes de las centrales campesinas agrupadas en el Congreso Agrario Permanente, el Consejo Nacional de Organismos Rurales y Pesqueros (CONORP) y el Frente Amplio Campesino (FAC).

• La celebración de convenios con productores agrícolas para el pago de sus adeudos por concepto de aprovechamiento de energía eléctrica para uso agrícola, que beneficiaron a más de 10 mil productores, dando fin a las manifestaciones respectivas.

Por su parte, la SEDATU realizó audiencias para la atención a demandas de organizaciones campesinas, ciudadanas y sujetos agrarios. Entre diciembre de 2012 y julio de 2013 se realizaron 317 audiencias focalizadas.

Dialogar es imperativo para resolver juntos los retos que enfrenta nuestra sociedad. Conocer y respetar la historia, la cultura y las costumbres de quienes formamos parte de esta sociedad plural y diversa, es indispensable para lograr un México en Paz. Por el método de usos y costumbres, en algunas regiones del país, elegimos autoridades municipales, y desde 1995 policías comunitarias, que de acuerdo a la Ley se constituyen, operan y se coordinan con los gobiernos estatales, como sucede en Tixtla, Guerrero; la Huasteca Potosina, y Tehuacán, Puebla.

Caso diferente son los grupos de autodefensa. Tras un proceso iniciado desde mediados de 2010, en Guerrero se formalizó el primer grupo de autodefensa, seguido por organizaciones similares en Michoacán y Oaxaca, entre otros. Con estricto apego a derecho y en ejercicio de sus atribuciones, el Gobierno de la República mantiene un diálogo permanente con las administraciones estatales, a fin de evitar que dichos grupos transgredan la Ley, y en su caso, para hacerla cumplir, siempre en el marco del respeto a los derechos humanos. Para la población civil está prohibido portar y utilizar armas de uso exclusivo del ejército. Las comunidades tienen derecho a vivir en Paz, y los gobiernos tienen la obligación de hacer respetar la Ley, para lograrlo.

Hacer frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención, monitoreo y evaluación

Ante el reto de garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y reconociendo que es obligación del Estado otorgarles la protección más amplia y velar siempre por el interés superior de los menores, el Gobierno de la República está plenamente comprometido en crear una política que ponga un alto a la violencia sobre nuestros niños y que esté a la altura de los compromisos internacionales asumidos por México en esta materia.

Prohibir y sancionar efectivamente todas las formas de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, así como asegurar que los niños y niñas que la han sufrido no sean revictimizados en el marco de los procesos de justicia y atención institucional

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Ejecutivo Federal definió la atención que se debe dar a los niños, niñas y adolescentes. Así mismo implicó fortalecer las acciones que el Estado desarrollará como parte de las políticas públicas orientadas a prohibir y sancionar las diversas formas de violencia que se ejercen en contra de este importante grupo de la población. En este contexto, entre diciembre de 2012 y julio de 2013, destacan las siguientes acciones:

• El 3 de junio de 2013, la Secretaría de Gobernación (SEGOB), firmó un Convenio de Colaboración con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), para la ejecución de acciones conjuntas que contribuyan al respeto y cumplimiento de los derechos de la infancia y la adolescencia en México. El instrumento se enfoca principalmente en la educación, la protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y la promoción de políticas públicas y alianzas por los derechos de la niñez.

• Asimismo, la Secretaría de Gobernación (SEGOB) forma parte de la Comisión Intersecretarial para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección de Adolescentes Trabajadores en Edad Permitida en México, la cual se instaló el día 27 de junio de 2013. Su objetivo es coordinar, articular y alinear a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, en el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas y programas en la materia.

• Por su parte, la Procuraduría General de la República (PGR), de diciembre de 2012 a julio de 2013, fomentó e instauró diversas políticas públicas, programas y acciones, con la intervención de otras dependencias, destacando lo siguiente:

− En materia de protección a los derechos de las niñas, niños y adolescentes se realizaron diversas investigaciones sobre delitos cometidos a través de medios electrónicos, integrando principalmente averiguaciones previas por el delito de pornografía de personas menores de 18 años de edad. Asimismo, las víctimas de estos ilícitos se han atendido con calidad y sensibilidad, para incidir en su proceso de recuperación e incorporación a sus redes familiares.

− En relación a la investigación ministerial en la que se encuentran involucradas como víctimas 199 personas menores de 18 años de edad, se iniciaron 162 averiguaciones previas por los delitos de abuso sexual, estupro, hostigamiento sexual, corrupción de menores, violencia intrafamiliar, pornografía infantil, privación ilegal de la libertad, pederastia, trata de personas y violación, y se consignaron 21 averiguaciones previas en las cuales se relacionan a 27 personas como probables responsables.

− Por otro lado, se previene la revictimización, con un grupo de profesionales en psicología, trabajo social, antropología y derecho, quienes dan atención emergente a las víctimas y algunas de

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