LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDADANÍA PARA LAS MUJERES VÍCTIMAS

Contenido

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDADANÍA PARA LAS MUJERES  VÍCTIMAS DEL CONFLICITO EN COLOMBIA        1

AUTOR: DR. JAVIER ALDANA ROJAS. LIC. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA. MAG. CANDITATO P.H.D.  USTA        1

LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN        2

DE LA DESIGUALDAD A LA EXCLUSIÓN PARA MUJERES        5

DE LA EXCLUSIÓN A LA DESIGUALDAD PARA LOS VICTIMARIOS        9

DE LA EXCLUSIÓN A LA DESIGUALDAD PARA LAS VÍCTIMAS        10

Los caminos de solución al conflicto interno        11

Las mujeres cabeza de familia y su lucha por la verdad y la reparación ante los victimarios        12

Las mujeres cabeza de familia y su lucha por la vida, seguridad y tranquilidad        13

Bibliografía        16

LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA CIUDADANÍA PARA LAS MUJERES  VÍCTIMAS DEL CONFLICITO EN COLOMBIA

AUTOR: DR. JAVIER ALDANA ROJAS. LIC. FILOSOFÍA Y TEOLOGÍA. MAG. CANDITATO P.H.D.  USTA

El título de la ponencia implica una serie de aspectos que se hace necesario explicitar antes del abordar su tratamiento. Asumir el tema de la ciudadanía en nuestro  país Colombia sumergido durante la segunda mitad del siglo XX y lo corrido del XXI en un doloroso conflicto armado implica señalar a la mujer cabeza de familia como una de las principales víctimas de las violaciones a los derechos humanos y derecho internacional humanitario en contravía de una de las promesas de la modernidad respecto de los principios emancipatorios de la libertad, igualdad y ciudadanía. En consecuencia la construcción de una nueva ciudadanía para la mujeres víctimas del conflicto en Colombia invita a la reflexión de los procesos de desigualdad y exclusión a los que ha sido sometida la mujer en Colombia a través de la violencia: directa, estructura y cultural.

LA DESIGUALDAD Y LA EXCLUSIÓN

La desigualdad y la exclusión son dos realidades presentes en todas las sociedades: “son dos sistemas de pertenencia jerarquizada” (Boaventura D. , 2003, pág. 126)

Siguiendo a Boeventura entenderemos desigualdad como: “un sistema jerárquico de integración social. Quien se encuentra abajo está adentro, y su presencia es indispensable” (Boaventura D. , 2003). Encuentra este autor que en la modernidad se enfrentan el ideal de la igualdad y la integración social con el principio de la regulación que incluyen tanto procesos de desigualdad como procesos de exclusión. El proceso de desigualdad basado casi que de forma contradictoria en el principio de la igualdad: “ya que el contrato de trabajo es un contrato entre partes libres e iguales”. (Boaventura D. , 2003, pág. 127); Sin embargo, admite diferencias respecto a la pertenencia a la jerarquía socio-económica. Lo mejor que le puede pasar al ser humano es estar dentro del sistema jerarquizado que le permite explotar y ser explotado.

De otra parte introduce otro principio de regulación el sistema el de la exclusión. Este sistema no se relaciona con un dispositivo económico; sino con un dispositivo de orden cultural: “En el sistema de la desigualdad, la pertenencia se da por la integración subordinada, mientras que el sistema de la exclusión la pertenencia se da por la exclusión…se pertenece por la forma en que se es excluido” (Boaventura D. , 2003, pág. 125). Una sociedad crea una verdad y luego la rechaza: “La misma cultura establece un límite más allá del cual solo hay transgresión, un lugar que atrae hacia otro lugar –la heterotopía- todos los grupos sociales que la prohibición alcanza, sean estos la locura, el crimen, la delincuencia o la orientación sexual” (Boaventura D. , 2003, pág. 126). Señala el autor que estos dos sistemas de regulación son considerados como tipos ideales y acepta que en la realidad están íntimamente mezclados.

Estos dos conceptos desigualdad-exclusión resultan claves al momento de analizar lo que ha sucedido y sigue sucediendo con quienes pertenecen al sistema económico de la desigualdad en Colombia calidad de mujeres víctimas del conflcito. Ello es posible debido a que a que se sigue aún la tradición de la edad media  en Colombia; quien tiene la tierra tiene el más importante medio de producción. Cifras sobre la concentración de la tierra así lo confirman el índice  Gini que es un indicativo internacional que permite estimar en una escala de cero a 100 el nivel de concentración de la tierra. Para el caso Colombiano a modo de ejemplo “para el año 2000, la cifra correspondía al  0.8479 %. Dato que indica una altísima acumulación de la tierra en pocos propietarios”. (Rodriguez Castillo, 2010, pág. 12). Y esto unido a un territorio destinado principalmente al agro:

El 94% del territorio, es rural…las tres cuartas partes (75.5%) de los municipios del país son predominantemente rurales…y allí (846) municipios vive el 31.6% de la población (cerca de 15 millones de personas) y el 68.4 % de la población, son habitantes urbanos… (Álvares , 2012)

Según Alvares se convierte en buena noticia la vocación agraria Colombiana. Del cien por ciento de los municipios del país;  el 75.5 % de los municipios, esta comprometido con el agro. Pero también se observa que se hace presente una distribución inequitativa en cuanto a la tenencia de tierra.  Colombia posee 1.141.748 Km2. De estos kilómetros sólo una parte es susceptible de ser dedicada a la ganadería o a la agricultura. A pesar de ello, según indicadores internacionales como:  Gini y la curva Lorenz Colombia es uno de los países del mundo donde la tierra se halla distribuida entre los particulares de forma preocupantemente inequitativa y lo más grave resulta ser que el proceso de concentración va en aumento .a modo de ejemplo: El Gini en el Censo del año 1995 fue de 0.7  y para el año 2000, 0.8479. Esto indica una alta acumulación de la tierra en pocos propietarios. (Rodriguez Castillo, 2010, pág. 12). Este hecho no ha pasado inadvertido al interior del estado de hecho la concentración inequitativa de la tierra ha sido objeto de innumerables reforma agrarias que en muy poco y nada han mejorado esta inequidad. Más bien trataron  buscarón mantener la jerarquía de la diferencia dentro de unos límites entre comillas aceptables.

Muy a pesar de los intentos de reforma agraria;  en los años noventa,  el fenómeno de la desigualdad y la exclusión histórica se exacerbó. La guerrilla empiezó a tomar control de gran parte del territorio y hace sentir su presencia  armada  y política de forma creciente comprometiendo la administración de Belisario Betancur, Virgilio Barco, Cesar Gaviria, Ernesto Samper, y Andrés Pastrana. Entre tanto la presión ejercida sobre el territorio por la insurgencia impulsa el desarrollo de la contrainsurgencia y las dos ven florecer sus intereses gracias a la bonanza del narcotráfico. Esta tres situaciones se conjugan para generan uno de los procesos más dolorosos de desigualdad y exclusión en la historia colombiana.

DE LA DESIGUALDAD A LA EXCLUSIÓN PARA MUJERES

En Colombia no se han cumplidos las promesas de la modernidad. Dado que una de las principales promesas giraba en torno a la libertad, la igualdad y el ejercicio de la ciudadanía como principios emancipatorios. Ahora bien, una de las expresiones de la concreción de estas promesas se relaciona con el respeto de los derechos humano sean estos derechos civiles y políticos, sociales y económicos, o derechos culturales y post materiales. Y quienes han sufrido con mayor rigor la promesa han sido campesinos y sus familias quienes con ocasión del conflicto armado interno colombiano empezaron a pasar de forma lenta, ascendente, silenciosa, violenta y anónima de la desigualdad a la exclusión.

El conflicto interno generó masacres de campesinos por parte de grupos armados al margen de la ley, actores estatales y narcotraficantes. Los campesinos y pequeños propietarios sufrieron despojo de sus tierras como consecuencia del conflicto armado interno; se calcula que las tierras despojadas y abandonadas se estiman entre 2.000 y 6.000 hectáreas. Ello resulta escandaloso por cuanto en manos de particulares la tierra cultivable corresponde a la cifra de 76.859.588 hectáreas, es decir, que el 8.8 % de toda la tierra cultivable cambió de dueño en el peor de los casos mediante masacres, torturas, desaparición forzada, secuestro, asesinatos, fraude judicial, y fraude administrativo  sobre campesinos a quienes el estado debía garantizar el respeto de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

Las cifras sobre las graves vulneraciones a los derechos humanos son escalofriantes. Aunque no hay claridad sobre las cifras. Es de tal magnitud el problema que desconocemos el número total de víctimas y por su puesto cuánto debe invertir el estado en repararlas. El estado así lo reconoce una vez promulgada la Ley de Víctimas y Restitución de tierras del año 2011,  cuando  ordenó dentro del texto de la ley la expedición  en los seis meses siguientes de un documento CONPES en el que se estableciera el plan de financiación para la sostenibilidad de la Ley 1448. La elaboración de este documento le correspondía a cuatro entidades claves del estado el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, El Ministerio de Justicia y Derecho y el Departamento Administrativo para la prosperidad social. El documento CONPES 3712 (Consejo Nacional de Política Económica y Social) es un documento emitido por el gobierno nacional. En  este documento al asumir el tema de las víctimas se reconoce el desconocimiento del universo de víctimas del conflicto interno armado. De todas y a pesar de la ausencia de precisión  fijo el  número de hechos victimizantes en 830.000. Este dato es una prueba del desconocimiento por parte del estado sobre la cifras reales, porque, cada hecho victimizantes puede incluir una, cinco o veinte víctimas. Del total de hechos victimizantes 830.000 un importante rubro 618.000, corresponden a desplazamiento forzado y 14.000 hechos victimizantes relacionado con delitos contra la libertad sexual (Consejo Nacional de Política Económica y Fiscal, 2011, pág. 38). La estadística no arroja datos sobre el número de mujeres víctimas pero sí establece la tipología de hechos victimizantes entre ellos: homicidios, desaparición forzada, lesiones permanentes, secuestro, lesiones no permanentes, tortura, reclutamiento de menores y los ya citados delitos contra la libertad e integridad sexual. Estas cifras gruesas no permiten establecer el nivel de afectación que sufren las mujeres cabeza de familia en Colombia; sin embargo, en el año 2012 un nuevo CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social, 2012) precisó mejor los datos y estableció:

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