La Guerra del Agua en Bolivia

La Guerra del Agua en Bolivia

Por: Claudia Lourdes Choque Ayllon

La guerra del agua fue un conflicto desarrollado en el departamento de Cochabamba, Bolivia, durante 1999 y 2000. El presente trabajo pretende responder a las siguientes preguntas: ¿Cuáles fueron los antecedentes de la guerra del agua?, ¿Cuáles fueron las causas para iniciar la guerra por el agua? y ¿Cómo se desarrolló la guerra del agua en Cochabamba?

En función de estos problemas de investigación los objetivos que guían el desarrollo de la presente investigación son los siguientes: enunciar los antecedentes de la guerra del agua, identificar las causas del inicio de la guerra del agua y exponer el desarrolló la guerra del agua en Cochabamba.

1. Modelo Neoliberal en Bolivia:

El gobierno Víctor Paz Estensoro, por el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR), en 1985 promulgo el Decreto Supremo 21060, que tenía que poner fin a la crisis económica financiera del país, que marcaba el inicio de la etapa neoliberal en Bolivia. Sin embargo, tras 20 años de aplicación de este modelo los índices de pobreza incrementaron, en lugar de bajar, al igual que las tazas de desempleo y el malestar social (LÓPEZ, 2006. párr. 2).

En Bolivia la verdadera esencia del neoliberalismo se evidencia con el agua. El Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) señalan “que no se está pagando suficientemente el costo del agua y por lo tanto el agua debe ser tratada como una mercancía cualquiera y por ende la misma debiera ser privatizada para que pueda tener un precio de mercado y una adecuada gestión” (Camacho, 2001. P. 7).

1. Antecedentes:

El departamento de Cochabamba al ser una zona ecológicamente semiseca sufría de la escasez de agua, por lo que buscaron soluciones a corto y largo plazo. El gobierno de Rene Barrientos le dio forma Misicuni, el proyecto más importante. El proyecto buscaba “solucionar los problemas de agua de la ciudad, el riego de los valles y las zonas agrícolas, además de la generación de energía eléctrica” (DAROCA. p. 5).  

Desde 1960 el Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA) iba resolviendo el problema del abastecimiento con medidas a corto plazo (perforación de pozos profundos y semiprofundos).  Durante los 70 “SEMAPA perforó 10 pozos de 120 metros en Vinto, con la promesa de que esta medida no perjudicaría a sus habitantes” (DAROCA. p. 5). En un inicio el comité pro Vinto se opuso bajo el lema “el agua es el patrimonio de la localidad”, argumentando que se ocasionaba daño al medio ambiente, pero terminaron cediendo (DAROCA.p. 5-6).  

SEMAPA en los 90 continuo con las perforaciones, pero las organizaciones locales de Quillacollo, Tiquipaya, Sipe Sipe y Colcapirhua en coordinación con las autoridades locales obligaron a suspender las actividades. En 1995 se hicieron perforaciones en suelo militar.  El mismo año “nació la Federación Departamental Cochabambina de Regantes (FEDECOR), la cual se convirtió en el principal polo de protesta ante los reiterados intentos de perforación, que persistieron hasta 1998” (DAROCA. p. 6).

La ejecución del proyecto Misicuni termino imponiéndose pese que se presentaban alternativas como Corani. La ejecución de este proyecto representaba una gran inversión económica, que el estado debía de subvencionar.

En septiembre de 1999 el servicio del agua potable pasaba a manos del consorcio de empresas nacionales y multinacionales Aguas del Tunari. “En diciembre, la empresa decidió subir las tarifas entre un 30 y 350 por ciento” (LA TINTA, 2017. Párr. 2-3). Además, la concesión posibilitaba el cobro por la recolección de agua de lluvia. Todo esto “generó una serie de protestas y enfrentamientos que en abril de 2000 llegaron a su punto más elevado” (LA TINTA, 2017. Párr. 2-3).

1. La privatización del Servicio Municipal de Agua Potable y Alcantarillado (SEMAPA)  y la expulsión del consorcio Aguas del Tunari

El gobierno de Hugo Banzer buscaba un crédito en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, y para obtenerlo las instituciones de Bretton Woods pedían “la venta de las compañías públicas de agua de las principales ciudades del país.  Semapa, la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Cochabamba, pasó a manos de un consorcio internacional llamado Aguas del Tunari” (BERTELLI, 2015. Párr. 4).

En septiembre, de 1999, se aprueba la Ley Nº 2029 ley de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario. En octubre el Banzer entrega en concesión a el consorcio privado internacional Aguas del Tunari SAMAPA y la ejecución del proyecto Misicuni (CRESPO, FERNÁNDEZ, HERBAS, y CARRILLO. 2005. Párr. 1). La concesión era irregular, pues se incumplía con las normativas nacionales.  

Carlos Crespo en “La guerra del agua en Cochabamba: movimientos sociales y crisis de dispositivos del poder” detalla las observaciones sobre la ley Nº 2029 y la concesión por parte de las organizaciones civiles de Cochabamba:

1.  No respeto a usos y costumbres, esto quiere decir, las formas tradicionales de acceso y uso del recurso.
2. Inseguridad sobre el futuro de las instituciones de distribución de agua que no tienen fines de lucro: en las zonas de concesión sólo la empresa concesionaria tenía derecho a la distribución quedando excluidas la multiplicidad de organizaciones alternativas existentes, como asociaciones, comités, cooperativas de agua.  
3. Monopolio de concesionarios empresariales.
4. Inseguridad en la posesión de fuentes de agua, utilizadas por las comunidades campesinas y regantes, en muchos casos desde épocas pre republicanas.
5. Excesivo poder de la Superintendencia, organismo de regulación que concentra competencias y poderes vulnerando derechos democráticos básicos como el de consulta y participación ciudadana en la gestión de los servicios básicos y los recursos naturales.  
6. Modificación de tarifas sin consultar con la población, además de estar indexadas al dólar americano.
7. Criterio económico en la fijación de tarifas y concesiones, antes que sociales y ambientales.

Todo esto ocasiona que en noviembre los campesinos y regantes inicien con el primer punto de bloqueo que casi paraliza Cochabamba. Además, en ese mismo mes nace “la Coordinadora Departamental del Agua y la Vida, organismo que agrupa a una multiplicidad de organizaciones de la sociedad civil regional” (CRESPO. p. 3).

El consorcio Aguas del Tunari estaba conformado por las empresas “estadounidenses Bechtel y Edison, la española Abengoa y las bolivianas Petrovich y Doria Medina—, decretó, de la noche a la mañana, un incremento en las tarifas de entre el 30% y el 300%” (BERTELLI, 2015. Párr. 5). Ese aumento iniciaría desde enero del 2000, pero la empresa no mejoro el servicio. Carlos Flores habla de las acciones de la Coordinadora del Agua, que organizo dos movilizaciones en una primera instancia. primer del 11 de enero que termino con una represión policial. La segunda del 4 de febrero dirigió la toma simbólica de Cochabamba, para exigir 5 puntos:

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