Presidencia De Rivadavia

RIVADAVIA COMO MINISTROBernardino Rivadavia

La acción de Rivadavia, ministro de Martín Rodríguez, en esta época (1821), era preparar al país para su organización, fortaleciendo las provincias en su economía, educación, rentas, milicias, etc., condición necesaria para dictar una Constitución cuyo momento, según Rivadavia, aún no era oportuno.

Las provincias estaban sumamente débiles, pues durante su gestión como ministro, usó los recursos de la Aduana Nacional, solo para elevar la calidad de vida de Buenos Aires, utilizando sus recursos, en detrimento de las economías provinciales.

Para pacificar el país, dictó la “Ley del Olvido”, en noviembre de 1821. Establecía en su artículo único, que a partir de la sanción de la Constitución Nacional, existiría un olvido para las opiniones y acciones originadas por las distintas concepciones políticas de los ciudadanos argentinos.

Otras leyes le valieron odios y recelos, como cuando suprimió fueros eclesiásticos y expropió bienes de la iglesia. En 1824, por su iniciativa, se celebró un contrato con la firma inglesa Baring Brothers, por la suma de un millón de libras, que Buenos Aires recibía en préstamo, garantizando el pago de la deuda con la hipoteca de las tierras públicas. El empréstito fue gestionado por un consorcio, y se aceptó recibir un 70 % de esa suma, obligándose a devolver el total y los intereses anuales como si efectivamente se hubiera recibido la suma de 1.000.000 de libras. Sin embargo, aún recibió menos, puesto que la Casa Baring se cobró dos años de intereses y uno de amortización, por adelantado. El destino del dinero fue la construcción de obras públicas que nunca se realizaron, y sólo sirvió para endeudar al estado argentino, que terminó de pagar esta deuda recién en el año 1904.

Buenos Aires, luego de la firma del tratado del Cudrilátero (enero de 1822) había recobrado su liderazgo sobre el resto de las provincias, y asumido el manejo de las relaciones exteriores, y preparaba la reunión de un Congreso, con el claro predominio porteño.

Por ley del 27 de febrero de 1824, se invitó a las provincias a enviar sus diputados a un Congreso Nacional.

EL CONGRESO DE 1824

Al finalizar el mandato de Martín Rodríguez, asumió Juan Gregorio de las Heras, como gobernador de Buenos Aires, que complementó los preparativos para la reunión del Congreso. Rivadavia partió rumbo a Londres para concluir negocios.

La primera labor del Congreso fue establecer un Poder Ejecutivo Nacional, y para ello, casi inmediatamente dictó la Ley Fundamental, el 23 de enero de 1825, por la cual el Congreso adoptaba el carácter de constituyente, y hasta la sanción de esa constitución, cada provincia se gobernaría por sus propias instituciones. Provisoriamente el Poder Ejecutivo Nacional, quedaba a cargo del gobierno de Buenos Aires.

En abril de 1825, se había producido la invasión de Lavalleja al territorio oriental. Con el triunfo del jefe uruguayo, y la incorporación de ese territorio a las Provincias Unidas del Río de la Plata, la guerra con Brasil no tardó en estallar (10 de diciembre de 1825). Con un país en guerra, Las Heras, consideró que era momento de establecer un Poder Ejecutivo permanente, y presentó su renuncia.

El 3 de febrero de 1826, dos proyectos fueron presentados por la comisión de negocios constitucionales: uno sobre la subdivisión de los Ministerios Nacionales, que originaron cinco más, para el despacho de los asuntos del estado, y el otro, sobre la instalación de un Poder ejecutivo Permanente. La fundamentación de este último proyecto estuvo a cargo del diputado Gómez, en nombre de la comisión, aludiendo a la poca fuerza que presentaba el actual gobierno provisional del gobernador de Buenos Aires, Juan Gregorio Las Heras, y a la necesidad de crear un Poder Ejecutivo Permanente que tuviera la posibilidad de enfrentar con firmeza las duras tensiones que se presentaban a nivel internacional.

Se opuso a este proyecto del ejecutivo permanente, Manuel Moreno, que adujo que no era el momento propicio, que el tema no era urgente, y que no podía tomarse tal decisión sin consultar a las provincias. Además de ser un tema propio de la Constitución

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