Capacidad reguladora del Estado: déficit y estrategias

Capacidad reguladora del Estado: déficit y estrategias.

I. a Atomización de las políticas públicas del Estado de bienestar.

En la Argentina a partir de 1945, el intento de garantizar el acceso universal a bienes públicos, como la educación, la salud y la vivienda fue una característica fundamental del Estado de Bienestar, profundizándose a partir de 1950. Se le cedía al Estado la responsabilidad de garantizar el acceso a estos bienes públicos. Las políticas públicas del estado de bienestar al ser consideradas fundamentales para el desarrollo humano fueron interpretadas como vitales y se debían mantener lejos del azar del ámbito privado.

En la década de los 80, con las primeras aproximaciones de lo que fueron las políticas económicas neoliberales, las políticas de acceso a los bienes públicos se fueron deteriorando. Por consiguiente los sectores medios de la población se fueron desplazando hacia las soluciones que ofrecía el libre mercado en respuesta a las demandas de diferenciación de las políticas masificadas implícita en los modelos universalistas.

Por otro lado este nuevo y reducido sector público resulto ineficaz y en otro caso incapaz de llegar a los sectores más carenciados, siendo estos los más perjudicados de este viraje en las medidas tomadas por el nuevo orden económico impuesto por leyes mundiales que pregonaban la retracción del estado y el libre albedrío del mercado.

Las transformaciones de las políticas públicas no sufrieron el mismo cambio en todas las áreas. En el caso de educación y salud se removieron las bases de sustentación de sus componentes universales, siendo brazos ejecutores los recortes presupuestarios y la carencia de un proyecto global en la materia. Dando como resultado un fuerte avance de los sectores privados sobre los segmentos más rentables de la población y el directo abandono de sectores más pobres, aumentado la brecha social de desigualdad y marginalidad. Como lo informa el Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas:

(…)Las referencias anteriores permiten extraer las siguientes conclusiones: 1) el nivel del gasto público social (GPS) de Argentina está muy por debajo de otros países; 2) más allá de ciertas variaciones coyunturales, los indicadores agregados del GPS no muestran cambios de tendencia en cuanto a la asignación de recursos a las finalidades sociales; 3) la rigidez de la prioridad macroeconómica del gasto social tiene lugar en un contexto de ampliación de las desigualdades sociales y aumento de la pobreza; 4) pese al discurso oficial, las transformaciones en el gasto social no beneficiaron a los sectores pobres porque son apartados de los seguros sociales, continúan participando del pago de impuestos indirectos sobre los consumos, al tiempo que los recursos afectados a las políticas asistenciales siguen siendo bajos.(…)

A diferencia de otros países de América latina, Argentina no tiene la tradición de ejecutar planes masivos de políticas públicas de atención a la pobreza, complejizando la solución permanente a problemas sociales. Un aparato estatal erosionado en su patrimonio y su capacidad de gestión, comienza a delegar funciones en el ámbito privado e incluso en medios de comunicación. Por ejemplo, las enfermedades epidémicas no lograron ser efectivamente erradicadas debido a esta fractura en la planificación a largo plazo que buscaba evitar el resurgimiento de este tipo de enfermedades. Se genera de este modo el surgimiento de un nuevo sector de la población de alta vulnerabilidad.

A principios de la década del 90 el nuevo sistema económico llevó a la retracción del estado de áreas de asistencia social dando como resultado la discontinuidad de los programas y atentando contra la eficiencia de los mismos. La estabilidad económica es preponderante a la hora de poner en marcha los planes de contención para las áreas más vulnerables, como lo explican Mónica Petracci, Luis A. Quevedo y Ariana Vacchieri:

“(…) Las primeras medidas de reforma del Estado en Argentina, tomadas como estrategia de salida de los intensos y prolongados fenómenos de hiperinflación que el país soportó en 1989/90 y acompañadas por una Ley de Emergencia Económica, fueron sancionadas por el Congreso en 1989 como parte del acuerdo que derivó en el traspaso anticipado del gobierno de Raúl Alfonsín a Carlos Menem. Puede pensarse, sin embargo, que el efecto de tales medidas sólo puede evaluarse adecuadamente a partir de marzo de 1991, cuando el éxito del Plan de Convertibilidad consiguió estabilizar la moneda y ganar el apoyo de inversores locales y externos para la reconversión económica del país. Si se acepta esa fecha como punto de partida, podemos contabilizar una década desde la puesta en marcha de las primeras medidas de adecuación de las instituciones políticas y económicas a la grave situación de crisis que afectó al país a lo largo de los ‘80, hasta la emergencia de una nueva situación de crisis generalizada en los últimos meses de 2001(…).”

Luego de la crisis del Estado de bienestar y el advenimiento de las medidas económicas y políticas del neoliberalismo, la brecha social entre los que cuentan con las necesidades básicas cubierta y los que no, fue profundizada. Haciendo más vulnerables a los sectores carenciados que atravesaron duras y complejas situaciones de marginalidad; siendo el área de salud donde se cristalizó la regulación que ejerce la mano invisible del libre mercado.

I. b Reformas de segunda generación: Vigilancia Epidemiológica y descentralización hospitalaria

Ante este nuevo sistema político económico que fue desarrollándose en la de cada del 90, el sistema de salud se vio ante la necesidad de desarrollar mecanismos sistemáticos de recolección de información surgiendo así el concepto de Vigilancia Epidemiológica. Contempla el proceso de salud-enfermedad como permanentemente cambiante y dinámico.

La Vigilancia se refiere a la recolección y observación, permanente y sistemática de datos, de la ocurrencia y distribución de los sucesos de salud-enfermedad para su oportuno análisis en cuanto a determinantes, tendencias y otras informaciones útiles para su aplicación práctica en el campo de la Salud Pública y su debida sistematización en la observancia y la comparación.

Se trata de información sobre enfermedades transmisibles y no transmisibles, así como también sobre determinantes de la enfermedad. Provee conocimientos e información para la detección temprana de amenazas a la salud poblacional que emerge de la identificación de: cambios en la ocurrencia de las enfermedades (fundamentalmente

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