Función Reguladora Del Estado

La Constitución Política del Perú de 1993, el Estado asume como función esencial orientar el desarrollo del país a través de mecanismos que permitan a los agentes del mercado actuar de forma libre, al tiempo que protege a los consumidores y garantiza la competencia. Es decir, constitucionalmente se reconoce la presencia de un modelo económico que tiene como principio fundamental el respeto a las libertades económicas, pero que está al servicio de la persona. La Economía Social de Mercado está bajo el resguardo de un Estado regulador, cuyo rol no puede minimizarse. Hoy el Perú, goza de un reconocimiento constitucional de la Economía Social de Mercado, el cual antecede desde la vigencia de la Carta Constitucional de 1979, derogada por el Texto Constitucional de 1993, aún vigente y que admite tales reconocimientos. A nivel constitucional, nuestra Carta Magna reconoce que el Perú se rige bajo una Economía Social de Mercado. Este reconocimiento antecede desde 1979.

Desde aquella época el pensamiento económico de los sucesores constituyentes ha ido explayándose, hasta que en 1979 el Preámbulo de la misma Constitución reconoce, aunque de forma muy general, que las actividades económicas de la sociedad se ejercen según los lineamientos de una Economía Social de Mercado. Recién en la década de los noventa, con la dación de la actual Carta Constitucional se realizan algunas modificaciones de fondo. En la Constitución vigente, el Título III regula el modelo de economía que tiene el país, y lo hace bajo la denominación de “Del Régimen Económico”. Este título se encuentra dividido en cinco capítulos en los que de forma concreta se consagran las diversas manifestaciones de la vida económica peruana.

El análisis de la relación Estado-empresa se da, dentro de la discusión sobre el Rol del Estado, es decir sobre qué debe hacer el Estado. Debe intervenir activamente en la economía mediante la producción de bienes y la prestación de servicios o debe ser sólo un ente planificador, promotor y regulador dejando las demás actividades económicas al sector privado, es decir a las empresas. Y si el Estado interviene en la economía, cómo debe hacerlo y cuáles son sus límites.

El rol del Estado en la economía depende del enfoque que se utilice, así según el enfoque keynesiano, el sistema capitalista es inestable por los ciclos económicos y que tiende a producir por debajo del pleno empleo generando ineficiencias, por lo que el Estado debe intervenir mediante políticas fiscales para lograr y mantener el pleno empleo y un crecimiento económico constante.

Mientras que para el enfoque neoclásico, el sistema capitalista tiende a una situación de estabilidad donde los recursos se asignan eficientemente en una situación de mercado de competencia perfecta. Por lo que una activa intervención del Estado en la economía puede generar distorsiones en el buen funcionamiento del mercado. En ese sentido el Estado debe tener una mínima participación en la economía.

Sin embargo, los mercados no son de competencia perfecta, existen monopolios, hay fallas de mercado por lo que es necesario que haya regulaciones.

Entonces, el Estado debe intervenir para corregir estas fallas o distorsiones del mercado que impiden que la economía opere eficientemente, dentro de estas fallas de mercado tenemos: Las externalidades que son los efectos que genera un agente económico sobre otros y que puede ser positivo o negativo (externalidad positiva o negativa).

Así, si una mina contamina el agua que es utilizada por los agricultores (externalidad negativa) ocasiona costos a los agricultores y si la empresa minera no asume tales costos, entonces su nivel de producción no va corresponder a la situación socialmente óptima. Esta falla del mercado se puede corregir, por ejemplo, mediante la aplicación de un impuesto a la empresa minera.

En el caso de una externalidad positiva, como por ejemplo la salud o la educación, se aplicarán políticas de subsidios para lograr mayor eficiencia.

El monopolio, genera ineficiencias que pueden ser corregidas por el Estado mediante una política de regulación.

Los bienes públicos, como defensa, seguridad interna, sistema judicial, prevención de salud, etc. no se pueden cobrar a los ciudadanos y no pueden ser brindados por el sector privado, por lo que el Estado se encarga de estos bienes, para lograr eficiencia en la economía, pues el sector privado no sería eficiente.

Actualmente, el enfoque

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