Constitucion Colombiana

Introducción

El Título XI de la Constitución aborda el tema relativo a la forma como se distribuye espacialmente el poder. Las competencias, recursos y estructuras administrativas de las divisiones subnacionales determinan la forma de Estado de un país, el grado de independencia de la periferia respecto al centro y los niveles de relación y tutela interterritorial.

En el caso colombiano el ordenamiento territorial es de una gran riqueza y dinámica. Colombia es un Estado de una gran diversidad de espacios con características culturales, sociales y económicas muy distintas, que no es posible entender sin analizar brevemente su historia.

El Estado colombiano no fue el resultado del desarrollo de una secular unidad nacional, como en Europa, sino que primero fue una creación jurídica, esto es, fue antes un Estado que una nación. Además en Colombia hay más territorio que Estado. En efecto, como anota Fernando González, "Colombia existe como tierra alindada, más o menos aceptada por el resto del mundo como república, pero no hay la nacionalidad colombiana"

El surgimiento de una burguesía criolla en Colombia permitió la liberación de España a principios del siglo pasado, pero de allí no surgió un mercado nacional. Desde sus orígenes, la economía colombiana, como la latinoamericana, estuvo volcada hacia la exportación de sus recursos y materias primas, de suerte que apenas se logró establecer una red de comunicaciones que permitiera la salida de los productos al exterior, mientras que internamente las regiones permanecían incomunicadas entre sí.

En este sentido se inscribe la lucha a mediados del siglo pasado entre los centralistas y los federalistas, que desataron numerosas guerras internas clausuradas siempre con pactos de paz consignados en reformas constitucionales.

Si bien el centralismo que imperó desde 1886 sirvió para generar una cierta unidad nacional -salvo el caso de Panamá- él fue impotente para solucionar los problemas estructurales de la sociedad colombiana.

A partir de los años setenta empezó a establecerse en el mundo un nuevo orden económico internacional; desde entonces se inicia un proceso en el que los capitales se transnacionalizan y los mercados se unifican. El Estado en consecuencia entra a revisar sus relaciones con la sociedad civil, su papel en la economía y su tamaño. La apertura económica, la desregulación, la privatización, la desestatización, la participación y la descentralización se imponen. Hacia dentro y hacia afuera el Estado se redimensiona.

Fue por ello que en la década de los ochenta se inició un ambicioso proceso de descentralización. Primero se municipalizaron algunas competencias nacionales. Los aspectos fiscales y políticos antecedieron incluso a los administrativos. Luego se crearon programas nacionales tendientes a superar los problemas que presentaban los municipios más pobres o de mayor violencia, al tiempo que se hacían esfuerzos por regionalizar el país. Y posteriormente se reformó la estructura sectorial nacional. Durante todo este tiempo el municipio colombiano se revitalizó y el departamento pasó a un segundo lugar.

Este era el estado del arte al momento de la Asamblea Nacional Constituyente. Allí primó un espíritu de consenso y conciliación, que se reflejó en un articulado extenso, ecléctico y democrático, consolidado a partir del método de la "agregación": se sumaron las partes, sin restar ni dividir.

El artículo 1º de la Constitución definió a Colombia como un Estado social de derecho. Esta fórmula no es una frase de cajón sino que implica el tránsito del Estado formal de derecho a un Estado en el que lo "social" es elemento esencial y conduce a definir el Estado en términos ontológicos. Ello se traduce entonces en la necesidad de asegurar que el "suelo axiológico" de la Carta, la dignidad humana en última instanciar, se traduzca en todas las dimensiones de la actividad del Estado, entre las que se encuentra desde luego el aspecto territorial. En otras palabras, la organización espacial del Estado no es un fin sino un medio para la mejor protección y desarrollo institucional de los derechos humanos.

La Constitución de 1991 tomó partido en la clásica discusión acerca de la forma de Estado, esto es, acerca de la resolución de la tensión que media entre Estado federal o unitario. En la Constituyente solo hubo una propuesta de Estado federal’. Las demás iniciativas apuntaban todas a un Estado unitario, con diversos grados de autonomía territorial, entre centralización y descentralización.

Ahora bien, es un hecho que los modelos teóricos puros de formas de Estado no existen en la realidad; lo que se presenta en la práctica es una amalgama de tendencias entre varios modelos. Incluso esta discusión del siglo pasado entre partidarios del sistema unitario y federal ha sido abandonada por la doctrina y hoy se reflexiona acerca de los nexos centro­ periferia en puntos concretos, casi siempre en el marco de un Estado autonómico. En este orden de ideas cabría preguntarse ¿qué tan cercano quedó el modelo colombiano de un régimen unitario o de un régimen federal? Sería fácil dar una respuesta formal: el artículo I" dice que Colombia es unitaria; empero, la respuesta sólo la dará la realidad, pues existen normas a lo largo del articulado de la Constitución que dejan un margen de maniobra en cualquiera de los dos sentidos. En otras palabras, el desarrollo legislativo y la interpretación constitucional serán los campos de batalla en el que se librará la lucha entre lo federal y lo unitario.

Además

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