Constituciones

La Constitución de 1823

La Constitución de 1823 fue redactada en su totalidad por don Juan Egaña, a pesar de que otros juristas integraban la Comisión especialmente designada al efecto por Freire. Generalmente se señala que esta Carta, llamada por la posteridad la Constitución “Moralista” de don Juan Egaña, establecía normas de conducta ciudadana pública y privada que la hicieron inaplicable, confundiendo moral y política, virtudes cívicas y éticas. Sus disposiciones habrían caído en el detalle o en la rigidez excesiva, reglamentando el compromiso de los habitantes. Todo ello es efectivo, pero sin pretender salir en defensa de la posibilidad de aplicar las bien intencionadas, pero utópicas normas de aquella Constitución, nos permitiremos llamar la atención sobre otras estipulaciones. Estas “otras” han sido relativamente desconocidas y vale la pena destacarlas pues significaron serias disposiciones de carácter general, por ejemplo, la carta establecía que se podía adquirir la ciudadanía, además de las causales de edad, profesión o riqueza, mediante el “mérito cívico”, o sea, por haber realizado alguna obra relativamente de servicio público. Pero la disposición de más significación fue la creación de una “Comisión de Conciliación Normal”, destinada a solucionar los conflictos que se presentaran entre las distintas autoridades y poderes del Estado. Había normas que, de haber sido empleadas y mejoradas paulatinamente, se pudo haber ahorrado varias guerras civiles y trastornos institucionales al país. Otra disposición importante y visionaria fue aquella que intentó racionalizar la administración pública a través de la creación de una Dirección de Economía Nacional.

Sin embargo, las disposiciones relativas al comportamiento de la ciudadanía que se establecían en reglamentos complementarios o Código Moral, aunque no en la Constitución misma, desvirtuaron los méritos anteriores, transformándose en una obra jurídica sin asidero en la realidad.

Además, no era posible revivir la antigua vida colonial en una época tumultuosa como era esta de la naciente República, ávida de hacer cambios y transformaciones copiados de Europa.

Reconociendo que estos juicios parecen certeros, debemos puntualizar, sin embargo, que también en este ordenamiento es posible detectar los principios fundamentales que posteriormente encontraremos en todas nuestras Constituciones. “La soberanía, reside esencialmente en la nación, y el ejercicio de ella en sus representantes”. Se consagraba una serie de garantías constitucionales y se declaraba que las leyes protegen a todo individuo que reside en Chile, reconociéndole igualdad ante la ley, ante los cargos públicos y cargas, los derechos individuales, derecho de propiedad, derecho de petición, inviolabilidad del hogar, garantías procesales, etc.

Las Leyes Federales

1824 – 1826

El intento federal

A fines de 1824, un nuevo Congreso, en reemplazo del Congreso del año 23, derogó la Constitución de don Juan Egaña (la Moralista de 1823, que en la práctica no alcanzó a aplicarse) y se declaró que el Congreso sería “constituyente” es decir, elaboraría y promulgaría una nueva Constitución pero fracasó en este propósito. A petición de un grupo mayoritario de los mismos diputados, Freire disolvió el Congreso en mayo de 1825. Con esta disolución, comienza en 1825 el federalismo en Chile. Aunque no se llegó a aprobar una Constitución Federal para el país de hecho se empezaron a tomar diversas medidas para que paulatinamente se fuera adoptando el sistema.

Convocadas las elecciones en marzo de 1826, después de la conquista de Chiloé, los resultados arrojaron una mayoría casi absoluta para los partidarios de establecer el federalismo. Al inaugurarse el Congreso el día 4 de julio de 1826, Freire renunció y se designó al prócer don Manuel Blanco Encalada para sucederlo con el título de Presidente de la República. Este

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