DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER 1989

UNIVERSIDAD MAYOR DE SAN ANDRÉS

FACULTAD DE CIENCIA SOCIALES

CARRERA DE CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN SOCIAL

ESTUDIANTE: PAOLA ANDREA ARRATIA AJHUACHO

DOCENTE: Lic. Edgar Moreno

TEMA

DEMOCRATIZACIÓN DEL PODER 1989

INTRODUCCIÓN

DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La corriente, cada vez más significativa, que reclama un régimen de descentralización administrativa  para el país. Ha adquirido fuerza suficiente como para que el tema sea objeto de un impostergable debate nacional que constituya a una reforma estatal de contenidos democráticos y populares.

Tal es la importancia del tema que por su propia naturaleza induce a un diagnostico global de nuestro Estado, puesto que junto a las luchas sociales reaparecen las reivindicaciones nacionales, ya no solo como un estado de animo de malestar y descontento sino como un movimiento que hace un inventario de sus aspiraciones y que se opone a la estructura del centralismo.

        El centralismo no es resultado de un vacío de la ley o de las insuficiencias de un determinado ordenamiento jurídico. Es la expresión de una correlación política de las relaciones de poder dentro del Estado y entre el Estado y la sociedad

        Referirse al centralismo, por tanto, incluye el juicio a las clases sociales respecto de las cuales el Estado es el que administra sus asuntos comunes.

Históricamente el Estado Boliviano se configuro como el administrador de las oligarquías minero y excluyente. El centralismo no es causa sino consecuencia de una trayectoria histórica, caracterizada por el carácter primario exportador y por el vacío industrial. Es decir, por un desarrollo capitalista que no llega a constituir su mercado interior. La debilidad del mercado interior y la desarticulación nacional, entorpecieron el proceso de la centralización estatal.

Conviene distinguir a la centralización estatal del centralismo burocrático en cuanto el primero, constituye una premisa del estado nacional moderno y el segundo; un rasgo anómalo que traduce la insipiencia y precariedad de la integración económica.

La contradicción entre regiones y poder central no es nueva. Tiene sus raíces tanto en el regionalismo de signo popular que reclama derechos y presencia democrática en la lucha nacional de los grupos étnicos contra el régimen segregacionista y contra la jerarquía de causas y privilegio clasistas, como en las rivalidades entre las oligarquías por una cuota mayor del excedente nacional.

Por tanto, está contracción aparece planteada en un contexto nuevo caracterizado por la desestructuración del eje económico minero y las severas amputaciones a la reforma capitalista del Estado del neoliberalismo que restringen su función económica y su papel intervencionista.

Esta cuestión debe ser examinada en las condiciones de la crisis del modelo estatal de 1952, que no solo se coloca ante el fin de un paradigma, sino que nos obliga a una nueva visualización cintera  acerca de las consecuencias de la crisis en las regiones históricas de la minería como Potosí y Oruro.

        Una centralización desprovista de mecanismos económicos compensatorios, atenida tan solo a los procedimientos jurídicos, representaría para las regiones más periféricas y desfavorecidas la transición de la pobreza a la miseria. A ello hay que sumar la ineptitud burguesa; en cuanto clase empresarial nacional, para sustituir a la función económica del Estado. De ahí que el objetivo de la centralización incite a un riguroso diagnóstico de los males nacionales y nos exija una posición de fondo que cuestione globalmente la naturaleza misma del Estado, sin cuya transformación y reforma profunda no podrá encararse, en toda su dimensión económica y social, un régimen descentralizado, democráticos y popular.

        A partir de esas premisas, la descentralización administrativa resulta un hecho sustantivamente socioeconómico y adjetivamente jurídico, Los reduccionismos simplistas implican el riesgo de la descentralización de la pobreza y la descentralización del burocratismo transfiriéndolo a las capitales departamentales.

        La descentralización emergerá de un examen de la situación verdadera del país y de sus potencialidades, ya que las aspiraciones democráticas de las regiones se sintetizan en aspiraciones de desarrollo económico y social.

        Se requiere definiciones que no pierdan de vista los fones económicos y sociales dentro de un concepto basado en la solidaridad y la complementariedad de las regiones, sus economías y sus potencialidades. Por eso es que sin desmerecer la importancia del estatuto jurídico que norme las formas del gobierno departamental, sus atribuciones reguladas, la descentralización administrativa, sobre todo, debe estar basada en una estrategia nacional que tienda a superar las consecuencias funestas del subdesarrollo nacional mediante la planificación nacional, la redistribución democrática del ingreso nacional y la democratización, en extensión y profundidad, de los poderes regionales.

        La estructura vigente del régimen político no solo es centralista, sino que es autoritaria y discriminatoria respecto de las regiones que ocupan un lugar periférico, en el plano económico. La generalización de las reivindicaciones regionales en el sentido de que estas han traspasado el marco de la rivalidad entre las regiones para situarse en el antagonismo región- poder estatal, constituye un síntoma evidente de la perdida de la legitimidad del Estado sobre el conjunto de la sociedad nacional que se siente mal representada o solo formalmente representada. La lucha o el conflicto regional exterioriza y denuncia el anacronismo estatal cuestionando el sistema de mediciones existente entre autoridad política y sociedad civil, entre la institucionalidad jurídico – política que se debate en una crisis de representatividad y el conjunto de la nación.

Sin embargo, el conflicto regional se ofrece vaciado de intenciones políticas y de intereses de clase, mostrándose como un particularismo territorial, cohesionado por la tradición y los lazos de solidaridad cívica. Es por ello que al encarar las cuestiones del poder local y de la descentralización, no podemos dejar de formularnos la pregunta: ¿A quién sirve el Estado?, para en base a una respuesta, estudiar las formas de poder local dentro de un nuevo proyecto nacional popular que ataque las causas estructurales del atraso y la dependencia.

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