Desde los orígenes de la creación del Estado mexicano se concibe un proyecto de nación inherente a la educación, mismo que se determina a partir de los fines socio-políticos y económicos en el devenir histórico.

Introducción

Desde los orígenes de la creación del Estado mexicano se concibe un proyecto de nación inherente a la educación, mismo que se determina a partir de los fines socio-políticos y económicos en el devenir histórico. A medida que la nación avanza en el proceso de consolidarse como estado, también lo hace la educación, en función de las necesidades inmediatas que demanda la  sociedad, pero sobre todo atendiendo a los intereses de la clase dominante, cuando no el clero el estado, sostienen una lucha infranqueable por controlar la impartición de la educación en el país ocasionando graves conflictos dentro de los cuales se forja la base del sistema educativo mexicano y sus constantes transformaciones pasando por diversas situaciones que develan el proceso educativo desde que México es una nación independiente, sin embargo, para este trabajo se retomará lo acontecido a partir de 1833 por considerar que es a partir de esta fecha cuando en el discurso se comienza a manejar el término “reforma”, mismo que es el tema a desarrollar en este trabajo.

La lucha que sostenía el estado contra el clero para impedir que este interviniera en educación tuvo altibajos, la reforma liberal de 1833 que impedía al clero intervenir en la educación, no pudo aplicarse pues en 1834 fue suprimida por enfrentar fuertes opositores conservadores, sin embargo, es innegable que dicha reforma sentó las bases de la propuesta liberal de la educación pública en años venideros a partir del principio básico de la integración nacional, así, buena parte de la educación continuó en manos del clero, pero a mediados de la década cincuenta, aunque tuvo vigencia el principio de la libertad de enseñanza, se operó “un cambio de espíritu que llevaría un mayor control de la educación por el estado” (Vázquez, 1992: 94)

Por otra parte en 1842, ante la carencia de instituciones que pudieran organizar la educación, el Estado encargó a la Compañía Lancasteriana el manejo de la Dirección de Instrucción Pública (Tanck, 1992: 50-52; Staples, 1992: 83-84). Tres años más tarde, los ayuntamientos volvieron a hacerse cargo de las escuelas y de su financiamiento, pero la invasión norteamericana, las guerras de castas en Yucatán, la Revolución de Ayutla de 1854, la guerra de reforma, la intervención francesa y la guerra contra Maximiliano de Habsburgo, afectaron la operación de las escuelas “por la impostergable necesidad de tomar los fondos destinados a sueldos para financiar la actividad bélica” (Staples, 1992: 85). En suma, la inestabilidad política, militar y financiera del periodo impidieron durante más de dos décadas que el ejercicio educativo del estado se extendiera.

No fue sino hasta 1867, tras la victoria definitiva de Juárez, que se promulgó la Ley Orgánica de Instrucción Pública.  En ella se establecía la educación primaria “gratuita para los pobres y obligatoria”, se proponía la unificación educativa, se excluía del plan de estudios toda la enseñanza religiosa y se incorporaba la enseñanza de “moral”. Por otro lado la libertad de enseñanza garantizada en la constitución encontraba sus límites en el laicismo obligatorio (Vázquez, 1992: 95-102; Bolaños, 1981: 32).

Más tarde Joaquín Baranda, Ministro de Justicia e Instrucción durante 19 años (1882-1901), diseñó un sistema nacional de educación que sólo pudo aplicarse en el D.F. y los territorios federales, además se fundaron cuatro normales estableciendo el otorgamiento de títulos para los maestros. Posteriormente en 1888 se promulgó una ley de Instrucción Obligatoria con alcance jurisdiccional para el D:F. y los territorios federales que se extendió hasta los demás estados con miras a lograr una unificación educativa nacional, Baranda convocó a dos Congresos de Instrucción donde se reunieron pedagogos, maestros, intelectuales y autoridades, y cuyos resultados contribuyeron a definir el proyecto de educación pública (Martínez, 1992: 116-118)

Durante el porfiriato Justo Sierra como continuador de los ideales liberales y de unidad nacional y progreso, confirmó una función civilizatoria a la labor educativa desde la Subsecretaría de Instrucción Pública, la cual debía estar organizada como un todo en un sistema con diferentes niveles de enseñanza. De tal forma que  organizó la educación, la expandió a todos los sectores y elevó los niveles de escolaridad, posteriormente crearía la Secretaria de Instrucción Pública y Bellas Artes, de la que fue su primer titular en 1905 y con la fundación de la Universidad Nacional en 1910.

En el periodo de la revolución mexicana (1910-1917) la educación tuvo un escaso desarrollo. Sin embargo, el Congreso Constituyente de 1917 elevó por primera vez a rango constitucional el precepto de la educación laica, obligatoria y gratuita. Además  estableció la prohibición al clero y a las asociaciones religiosas de organizar o dirigir escuelas de educación primaria. La Constitución otorgó mayores facultades educativas al Estado, el cual debía vigilar las escuelas primarias oficiales y privadas. No obstante, la supresión de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes de terminada por el Congreso, dificultó al gobierno federal impulsar el sector educativo. Esta situación cambió en 1921, cuando por iniciativa de José Vasconcelos fue creada la Secretaría de Educación Pública (SEP), de la cual fue el primer titular. La  creación de la SEP inaugura una tendencia hacia la “federalización” y se impulsó la alfabetización, la escuela rural, la instalación de bibliotecas, la edición de libros de texto gratuitos, los desayunos escolares, las bellas artes y el intercambio cultural con el exterior.

En el sexenio de Lázaro Cárdenas (1934-1940) fue modificado el artículo tercero constitucional para dar lugar a la educación “socialista” y, por primera vez en el texto constitucional, obligar a las escuelas privad a seguir los programas oficiales. En esos años se crearon internados, comedores y becas; se impulsó la creación de escuelas vinculadas a centros de producción y se alentó la educación técnica. En este último aspecto, la realización más importante del periodo fue la fundación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y de otros establecimientos tecnológicos. (Lerner, 1976: 188-215). Fue en 1946 que la  “reforma” del artículo 3º Constitucional, suprimió la educación socialista y en su lugar postuló nuevos principios, como la educación integral, científica, democrática y nacional, basada en la libertad, la justicia y la paz para mejorar la convivencia humana. (Sotelo,1981:325).

El gobierno del presidente Adolfo Ruiz Cortines (1952-1958) consolidó las realizaciones educativas de los
gobiernos anteriores. En esos años el gobierno aumentó los gastos en educación, especialmente los
subsidios a las universidades y los salarios de los profesores, y en general aplicó con mayor eficacia y economía los fondos federales. Los servicios educativos continuaron creciendo pero no se llevaron a cabo reformas en los métodos, programas de estudio o los textos escolares (Cardiel, 1981:348).

Es a partir de este periodo cuando comienza la ola de reformas estructurales del sistema educativo y también la ola de rotundos fracasos hasta nuestros días.

 Adolfo López Mateos (1958-1964) consideró prioritario ampliar las oportunidades educativas y apoyar la educación normal y la capacitación para el trabajo. La educación había registrado avances, pero todavía en 1958 uno de cada dos mexicanos no sabía leer y las insuficiencias de los servicios así como la inequitativa distribución de la oferta hacían que el nivel básico fuese poco accesible para amplios sectores de la población. En esas condiciones, el gobierno promovió la expansión acelerada del servicio educativo: se incorporaron poco más de dos millones 800 mil estudiantes, se duplicaron en términos reales los recursos federales destinados a la educación, se construyeron más de 21 mil aulas, se fortalecieron los servicios de mejoramiento profesional del magisterio y se reformaron planes y programas de educación normal. Entre las políticas más importantes del sexenio, se encuentran la formulación e inicio del Plan de Once Años, la implantación del libro de texto gratuito para la primaria y la reforma de los planes y programas de estudio de primaria y secundaria (Noriega, 1985:19-20).

El Plan para el Mejoramiento y la Expansión de la Educación Primaria en México, conocido como
Plan de Once Años por el lapso en que se cumplirían sus objetivos, propuso satisfacer toda la demanda de educación primaria. Al cabo de los 11 años el objetivo central no logró cumplirse, no obstante, constituyó “un gran salto hacia adelante en el intento de proporcionar educación primaria a todos los mexicanos” (Caballero, 1981: 371) y, como señala Prawda (1987: 29), fue “el primer intento de planificación oficial del sistema educativo mexicano”, en el cual la gratuidad y la obligatoriedad de la primaria cimentaron la iniciativa para elaborar libros de texto gratuitos. La propuesta fue ofrecer a los alumnos un mínimo de conocimientos y destrezas sin distinción de condiciones sociales. Para editar los libros se creó la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuito (CONALITEG).

Las propuestas educativas del presidente Díaz Ordaz (1964-1970) fueron semejantes a las del gobierno anterior por lo que no se retoman aspectos que propiamente sean consideraros como reforma del sistema educativo, no obstante, se reportan cambios como el aumento en la matrícula entre otros.

 En el marco de una política de reforma educativa, el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976) propició una considerable expansión y diversificación de los servicios educativos, la multiplicación de las instituciones en todo el país y su crecimiento interno, la reforma a los planes y programas de primaria y secundaria, la edición de nuevos libros de texto gratuito y la promulgación de nuevas leyes en materia educativa y de patrimonio cultural.

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