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Desde principios del siglo XIX, el curriculum se convirtió en la Argentina en una cuestión de Estado


Enviado por   •  31 de Octubre de 2016  •  Apuntes  •  1.852 Palabras (8 Páginas)  •  326 Visitas

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Desde principios del siglo XIX, el curriculum se convirtió en la Argentina en una cuestión de Estado. Antes, eran las familias y la Iglesia católica quienes decidían sobre estos temas, bajo el control de la administración colonial española. Será el Estado (la nación y las provincias) el que, a partir de entonces, tomará decisiones significativas respecto de la definición de los métodos y de los contenidos a ser enseñados. Aunque la familia sigue incidiendo en los contenidos que se le enseñan a sus hijos y la Iglesia continúa siendo un actor con gran poder en materia educativa, la obligatoriedad y la laicidad consagradas por la Ley 1420 (Ley de Educación Común, 1884)®, les quita el privilegio de ser quienes deciden qué y cómo se debe enseñar. En 1905 se sanciona en el Congreso de la Nación la ley 4874, también llamada Ley Láinez", que permite al Estado Nacional crear escuelas primarias nacionales en las provincias que lo demanden. La Nación podía —a partir de esta Ley— edificar y tener escuelas primarias a su cargo en los territorios provinciales. El Estado Nacional, lejos de eludir esta responsabilidad, la asumió. Y así, durante muchas décadas convivieron —a veces con distancia de pocas cuadras— escuelas que dependían del gobierno de las provincias con escuelas primarias que dependían del gobierno de la Nación, escuelas que tenían planes y programas dictados por la jurisdicción provincial y escuelas que tenían planes y programas de jurisdicción nacional. Sin embargo, ambos planes se parecían bastante. Hasta la década de 1960, el Consejo Nacional de Educación establecía planes generales que debían ser adaptados por los Consejos Provincia es. Al mismo tiempo, elaboraba los planes y los programas para la Capital y los Territorios Nacionales. A partir de las décadas de 1960 y 1970, comienzan a producirse una serie de reformas que apuntan a consolidar un nuevo modelo organizativo para el sistema educativo. En 1979, durante el gobierno militar, se transfieren las escuelas primarias nacionales a las provincias. Al comenzar la década de 1990 se transfieren las escuelas medias y las instituciones de educación superior. Este proceso de provincialización del sistema educativo queda definitivamente establecido con la sanción de la Ley Federal de Educación, 24.195, en 1993.

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En primer lugar, hay contenidos de la enseñanza que se consideran necesarios para toda la población del país. Aprender a sumar y restar, multiplicar y dividir, a leer y escribir en castellano, a conocer nuestras fronteras, a comprender los fundamentos del sistema democrático y los derechos y los deberes de sus habitantes son algunos —entre muchos otros— de los contenidos que toda la población debe incorporar, independientemente del lugar o la comunidad en la que viva. Por otra parte, si un niño de la provincia de Buenos Aires tiene que ir a vivir a la provincia de Córdoba, ¿va a tener que estudiar otros contenidos, completamente distintos? ¿Cómo van a saber a qué grado incorporarlo si cada región tiene total libertad en la selección de los contenidos a enseñar? ¿En función de qué y cómo se equivalen unos a otros? ¿Cómo se logra una organización que haga posible la articulación? Hay que destacar los inconvenientes para que los estudiantes contaran con buenos libros de texto. Éstos serían particulares de cada provincia, con la consiguiente dificultad que se les presentaría a aquellas que —por la escasez de su población o por la falta de recursos— no resultaran un mercado editorial atractivo

Por último, se ha señalado el riesgo que generaría una excesiva diversidad, vista la necesidad de promover ciertas bases nacionales comunes frente a la heterogeneidad y la diversidad sociocultural existente en el país. Cómo respuesta a estos problemas, la Ley Federal de Educación establece en su artículo 53 inciso b, la conveniencia de contar con un marco curricular común, con validez en todo el territorio nacional. Dice que el Ministerio de Cultura y Educación debería:

"Establecer, en acuerdo con el Consejo Federal de Cultura y Educación15, los objetivos y contenidos básicos comunes de los currículos de los distintos niveles, ciclos y regímenes especiales de enseñanza —que faciliten la movilidad horizontal y vertical de los alumnos/as dejando abierto un espacio curricular suficiente para la inclusión de contenidos que respondan a los requerimientos provinciales, municipales, comunitarios y escolares."

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Los Contenidos Básicos Comunes son "comunes" para todas las personas que asistan a los establecimientos educativos de un determinado nivel. Los Contenidos Básicos Comunes son "básicos" en la medida en que se presentan como el núcleo de elementos culturales que integrarán la tarea educativa en todo el país. Son la matriz a partir de la cual cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires deciden su propio curriculum y, luego, cada escuela organiza su propio proyecto institucional. En síntesis, el proceso de transformación actual del curriculum postula tres niveles de concreción, tres instancias de decisión y planificación del qué y el cómo enseñar: el nivel nacional, el nivel jurisdiccional y el nivel institucional.

El primer nivel corresponde al Estado nacional, donde se establecieron los Contenidos Básicos Comunes (redactados con la participación de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires y aprobados por el Consejo Federal de Cultura y Educación).

El segundo nivel corresponde a las provincias. Partiendo de los CBC, cada jurisdicción organiza su propio diseño del curriculum.

El tercer nivel es institucional. Se afirma la necesidad de que cada institución formule un proyecto curricular e institucional propio, que debe garantizar y enriquecer lo establecido en los niveles nacional y jurisdiccional.

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Mientras las provincias y la ciudad de Buenos Aires decidían sus propias estrategias y reelaboraban sus contenidos, las editoriales armaron —de acuerdo con los rápidos tiempos del mercado— nuevas propuestas de manuales y libros escolares en función de los Contenidos Básicos Comunes. Resultado: los libros escolares se hicieron antes que los currículos provinciales.

Pese a esta momentánea inversión de roles entre el Estado y la acción de los agentes privados, esta situación parece haber generado una variedad muy significativa en la propuesta editorial. Aparecieron manuales, libros o textos escolares y libros de ejercicios muy disimiles entre sí, que permiten a las escuelas y a los maestros optar entre distintas ofertas. Hoy pueden hallarse en el mercado editorial propuestas tradicionales y propuestas actualizadas y renovadoras. No sería errado decir que así como estuvieron centralizadas todas las decisiones del gobierno educativo, hasta hace poco tiempo, (1983), también estaba centralizada la oferta de estos libros. En este caso no era porque hubiera una editorial única, sino porque los libros de texto debían ser aprobados por el Ministerio de Educación para poder ser utilizados en las escuelas. El control estatal era más ideológico que científico. Los momentos culminantes de este mecanismo de vigilancia coincidieron con los de los gobiernos autoritarios y de facto. Las posibilidades de elección del público se restringían considerablemente, quedando la autorización de los libros sometida -la mayor parte de las veces- al arbitrio del poder político o militar.

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