Deuda externa Argentina.

Introducción:

A lo largo de este trabajo, referido a la cátedra Conocimiento de la Sociedad y el Estado intentare abordar el tema de la deuda externa Argentina, se buscara describir hechos, analizarlos y reflexionar acerca de ello, a través de las lecturas y comprensiones de los textos otorgados para este tema.

El principal o primer objetivo es conocer cuales fueron los motivos de contraer dicha deuda, cuáles fueron los principios y/o intereses del gobierno de “turno” que lo contrajo, cuales fueron dichas repercusiones económicas en primer medida, sociales, institucionales y políticas. Se intentara explicar cuáles fueron las medidas tomadas por los distintos gobiernos sucesores al que contrajo la deuda, cuál fue el contexto en el que se llevó a cabo dicha deuda y cuáles fueron las demandas para apropiarlas.  

Para dar pie al desarrollo del presente trabajo, se puede decir que la deuda externa cobra mucha importancia para la historia Argentina, ya que es la expresión de una enorme estafa que tiene su origen en los factores de dependencia estructural de dicho país y que ha sido una de las causas más importantes de las sucesivas crisis con consecuencias de destrucción de la industria, hambre y deformación de la estructura productiva nacional (desnacionalización y destrucción de ferrocarriles, privatización de empresas de gran rentabilidad como YPF, el Gas, el acero etc.)

Desarrollo:

El proceso de contraer la dicha deuda comienza durante las dictaduras de Ongania, Levingston y Lanusee durante los años 1976-1982, dicha deuda creció en un 46% que en números reales serian cerca de 4800 millones de dólares, durante los gobiernos electos de Campora, Isabel Perón (1973-1975) la deuda creció un 62%, es decir que llego a 7800 millones de dólares. A fines de 1975, cada habitante de la Argentina debía al exterior 320 dólares. Se debe decir que en ese periodo solo aproximadamente la mitad era deuda pública (es decir del Estado) siendo el resto privada, estas últimas generadas por grandes empresas.

Durante la dictadura, que se gesta entre 1976-1983, la deuda creció un 364%, es decir en números llego a 45.100 millones de dólares. Hay que hacer notar que este fue el periodo más terrible sobre la economía del país, es decir las malas aplicaciones y las no inversiones llevaron a este brutal crecimiento de dichas deudas.

Durante el gobierno radical, de Alfonsín, durante 1984-1988 la deuda creció un 44%, llego a 58.700 millones de dólares. Durante el gobierno de Menem (1989-199) la deuda creció un 123%, llego a 146.219 millones de dólares. Debemos tener en cuenta que en ese periodo se produjeron las privatizaciones y el rescate de bonos de la deuda como pago de parte de las mismas.

Uno de los objetivos de las políticas económicas de este gobierno militar era el estilo de desarrollo que desempeñaban las apropiaciones de los ingresos no solo entre el capital y el trabajo asalariado sino también entre los distintos sectores empresariales. Esto llevo a un estancamiento de la producción interna, de la inflación que con el correr del tiempo y el accionar de dichas políticas/económicas llevarían a una superinflación en el país, y también a un proceso de rotura del sector externo.

Este denominado terrorismo de Estado se propuso también otros objetivos, como la reestructuración entre el capital y el trabajo asalariado, incrementando así una renta empresaria en consecuencia de una drástica caída del salario real y un incremento de la productividad obrera. También trataron de “tranquilizar las relaciones entre el campo y las industrias mediante la descentralización de los privilegios de esta última y la restitución al campo de parte del poder económico perdido. Otro objetivo era centralizar la economía mediante la activación del capital financiero, estos objetivos puestos por el gobierno militar trajo consigo mismo fuertes repercusiones por parte de los sectores empresariales y una fuerte desestabilización de proceso.

Las empresas privadas y las empresas estatales son alentadas a tomar créditos internacionales sobre la base de la garantía de sus capitales reales, y con dichos fondos se realizaron negocios a favor de empresas y bancos, y se implementó la llamada “bicicleta financiera”, que garantizaba la estabilidad cambiaria y la posibilidad de remitir al exterior las ganancias especulativas que obtenía el sistema por los intereses que se pagaban en Argentina, muy superiores a los del mercado mundial.

Las políticas implementadas tuvieron diversos efectos a nivel de los distintos sectores del empresariado industrial (Mónica Peralta Ramos. “La Economía Política Argentina: Poder y Clases sociales” 1930-2006 –p 40), en estos términos podemos decir que se produjeron ciertos recambios y términos dentro de la industria nacional, se dice porque un cierto sector industrial siempre fue protegido en los términos de intercambios de interés durante la etapa del determinado Proceso. Este sector se vio claramente beneficiado ya que tenía todas las posibilidades de contraer ganancias con respecto al crédito externo, pero por otro lado se encontraba el sector marginado industrial, que cada vez se le hacía más difícil la competencia en el mercado, mediante una implementación de los productos importados.

El establecimiento de fuertes vínculos establecidos entre las empresas localizadas entre los sectores promocionados de la industria de la banca privada que se gestó desde la década de 1960 hasta 1976 fue uno de los efectos implementados por estas políticas de créditos subsidiados, claramente los grandes beneficiados fueron las amplias empresas que tenían un lazo económico con las entidades que otorgaban los créditos, con el objetivo de apropiarse del sector financiero luego de la reforma financiera de 1977, según los describe Mónica Peralta Ramos (2007).  

Las consecuencias que trajo esta reforma financiera implementado por el gobierno militar fueron perjudiciales para el sector rural de empresas pequeñas y medianas que quedan fuera del círculo financiero sin ningún tipo de conexiones y de actividad económica. Los precios de los productos agropecuarios estaban en alza con respecto a años anteriores, pero estos no tenían ningún tipo de chances de competencia con los productos internaciones, esta fue una gran aspiración del sector rural durante muchos años, tratar de equipar sus producciones para poder competir internacionalmente. La variación de los precios de productos agropecuarios sobre los industriales no había mejorado gradualmente, los precios de los productos industriales domésticos sobre los agropecuarios había superado un 10% entre los años 1978-79, y en 1980 la diferencia era del 20%.

Lo que esta política claramente fue lograr concentrar una capacidad de decisiones en materias de precios, es decir un oligopolio controlado de la economía financiera, en manos de un núcleo más reducido pero todavía más poderoso en empresas industriales ubicadas en ramas de importancia extranjera, lo que determino en una confrontación de grupos económicos al mando –en al ámbito económico- del país, determinando así la coyuntura política de estos sectores tratando de apoderarse de cuotas máximas de financiamiento. Un claro ejemplo de lo que estaba ocurriendo en ese momento político, era la pugna que ofrecían los distintos grupos de las Fuerzas Armadas por obtener un cierto rol de poder en la transición de cambios de la Presidencia de la Nación.

Mediante esta puja por parte de las fuerzas armadas por el intercambio de mandatos de gobierno amenazo un cambio en las políticas económicas del desarrollo del país, fue en esta circunstancia donde aparecen los grupos económicos opuestos a las políticas oficiales implementadas para ratificar sus cambios de rumbo en la política económica. En este transcurso el almirante Massera creyó oportuno realizar una campaña para postularse como candidato y disputarse en 1981, para eso en su discurso trato de implementar un lazo con los sectores opuestos a la política económica del país. En términos de la autora se puede decir explícitamente “Esta campaña contribuyo a caldear la temperatura política de la coyuntura y definió un marco propicio para que los grupos económicos y sectores opositores encontraran nuevas formas de presionar al gobierno” industrial (Mónica Peralta Ramos. “La Economía Política Argentina: Poder y Clases sociales” 1930-2006)

El crecimiento del endeudamiento externo entre los años 1976-78 fue tremendo considerablemente en el crecimiento de los números, pasando de 8.200 millones de dólares a 12.496 millones de dólares, no obstante en 1979 se terminó por explotar el endeudamiento del país, ya que creció un 23,2% considerablemente. La deuda pública lo hizo a una tasa acumulativa del 26,1 % y la privada a una tasa anual 19,6%. Se puede notar que ambas deudas –tanto públicas como privadas- se conjugaban a la hora del pago internacional, y esto se vería reflejado en los sectores económicos, en el bolsillo de la gente y en el déficit de la balanza de pagos del país. Con el correr de los años de deuda externa  iba creciendo y este perjudicaba al desarrollo industrial/agropecuario/obrero del país.

El endeudamiento por parte de la elite que estuvo en el poder ilegítimamente queda evidenciado por la fuga de capital, se dice que fueron alrededor de cinco mil millones de dólares del país, el crédito subsidiario del Banco Central Argentino –reserva monetaria del país- fue utilizado para incrementar una deuda ficticia en el exterior por residentes argentinos con el objetivo de beneficiarse con este tipo de subsidios.

Algún ejemplo hacia donde se fue el dinero, fue la compra de armas para la posible guerra contra Chile, que impulsaban las dictaduras de ambos países por el control del Atlántico Sur. Luego de la restitución al poder por parte del gobierno ilegitimo vendría el gobierno democrático en 1983 donde este último iba a recibir una pesada herencia. Al toparse con el semejante endeudamiento lo que intentaría este gobierno era cambiar el desorden económico, pero en este contexto habría de estrellarse contra el enorme poder adquirido por ciertos grupos económicos.

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