Enclave Bananero

Enclave bananero

1. Otras formas de presión: pago a funcionarios locales y sobornos a miembros de los poderes del estado.

Soplan los primeros vientos del año de 1931 y el congreso constitucional se discute un nuevo contrato con la Truxillo Railroad Company y la Tela Railroad Company, mediante el cual se faculta a las empresas mencionadas para usar las aguas de los ríos más importantes de la vertiente del Caribe para la irrigación de sus cultivos; a cambio del pago de una cantidad anual sobre cuyo monto se ejercen fuertes presiones para que se fije en el mínimo.

Durante una de las sesiones “ocho diputados se retiran del recinto de la cámara. Como protesta contra la mesa por haber variado el orden de los debates y suspender la discusión del asunto de las aguas.”

Este mecanismo de presión se manifiesta de formas variadas: como pago en calidad de subvención o sobresueldo a empleados públicos, especialmente a los ubicados en las oficinas de aduana y administración portuaria, así como los encargados del control del orden y la vigilancia.

Es una práctica bastante generalizada el que las bananeras asuman el pago de los miembros de los cuerpos de policía y resguardos locales; con el objeto de ejercer mayor vigilancia en sus centros de actividad.

El hecho de compartir con las compañías bananeras el gasto de los policías de aduana y de los resguardos militares, ya sea mediante subvención parcial o el pago total de los sueldos, se va convirtiendo en una costumbre de fuerte arraigo en las relaciones políticas entre el poder público y las corporaciones bananeras.

En Costa Rica el “desprendimiento” de la compañía bananera también llega a los funcionarios fiscales y empleados de aduana y puertos; a tal grado, que hace necesario que en el año de 1924 se emitan varias disposiciones legales por las que se prohíbe recibir subvenciones u obsequios de empresas o de particulares; cuya infracción es castigada co0n los delitos de colusión y soborno.

La capacidad de presión y maniobra de las empresa bananeras va más allá de los funcionarios policiales y empleados de aduana y penetra hasta los miembros de los poderes públicos.

Uno de los casos más ampliamente denunciados en Costa Rica, es el “intento” de soborno a varios diputados de parte de la United Fruit Company.

La denuncia es presentada por el diputado de la Provincia de Alajuela, Don León Fernández Rodríguez en la sesión del Congreso Nacional del 24 de enero de 1927. En la investigación levantada para tal efecto el diputado Fernández Rodríguez ratifica la denuncia presentada ante el plenario del Congreso Nacional, afirmando que en dos oportunidades recibe insinuaciones para que rectifique su posición negativa frente a los contratos bananeros que en ese momento se discuten.

También los diputados Julio Padilla Romero, José Daniel León y Jorge Ortiz Escalante, reconocen haber recibido insinuaciones de diferentes personas.

Las graves acusaciones presentadas no logran ser probadas a cabalidad, a pesar de la investigación realizada por una comisión del Congreso integrada para tal efecto.

Las personas implicadas directamente, Carlos Chamberlain y Ricardo Villegas, niegan los cargos y la compañía bananera, por intermediario de su representante legal y su gerente general, desmiente su participación en este suceso tan bochornoso.

Una valoración positiva de esta experiencia dolorosa, es el que haya puesto de manifiesto uno de los mecanismos de presión que históricamente las corporaciones bananeras han aplicado para inclinar a su favor las decisiones legislativas sobre asuntos que les conciernen directamente.

1.4 Las campañas de prensa y la creación de un ambiente de opinión favorable: lo anterior evidencia la existencia de otros canales de mediación de que se valen las empresas bananeras en una región para generar un ambiente de opinión favorable a sus intereses.

Los propietarios del periódico “La Tribuna” los señores Otilio Ulate y José María Pinaud, reconocen que una persona, cuyo nombre no se menciona, hizo una proposición a este diario ofreciendo la suma de hasta quince mil colones a cambio de disponer de un espacio en el que se pueda argumentar a favor de los contratos.

También el periódico “El Mundo” se ve implicado en esta ola de acusaciones mutuas.

El 28 de Mayo de 1931, La Tribuna anuncio que Castro había comprado la mayoría de las acciones de su coetáneo, y que el Diario seria desde entonces editada por modesto Martínez, el cual a través de la campaña para la concesión de 1930 no había parado de escribir artículos laudatorios para la compañía.

Por su parte la Cuyamel Fruit Company también realiza toda una campaña tendiente a crear un ambiente favorable a sus actividades entre los diferentes sectores de opinión pública.

En Honduras una parte de la prensa tendía a favor de una de estas grandes compañías, y la otra parte se inclinaba por la otra. Y al final para la década de los años treinta y hasta mediados de los 50, la UFCO publica directamente su propio periódico, El Diario Comercial.

2. Mecanismos directos de Intervención.

Son aquellas formas de penetración del poder privado sobre el poder público en las que se privilegia, como canal fundamental de mediación. La articulación con los diferentes órganos que conforman la sociedad política.

En coyunturas electorales el apoyo a candidatos, partidos o fracciones políticas como instancia directa de intervención de las corporaciones bananeras se convierte en un elemento esencial y prioritario para la consecución y preservación de intereses particulares y para el logro de una efectiva vinculación con el poder político interno.

Esto es lo que explica que en el caso hondureño el uso de mecanismos directos de penetración de parte de las compañías bananeras se convierten en una reiterada modalidad de control político; a diferencia en lo observado en las relaciones políticas de las bananeras de Costa Rica, donde esta modalidad de intervención es menos frecuente.

Además otro elemento que contribuye a acentuar esta diferencia es que en Costa Rica la UFCO no tiene competidores, por lo que la pugna inter-bananero no interviene como factor de inestabilidad.

2.1 La participación de las bananeras en coyunturas electorales.

Llama la atención la frecuencia con la que aparecen acusaciones como la siguiente, en los diarios y además publicaciones periódicas que circulan en Honduras, durante las primeras décadas del presente siglo: “mecanismos directos e indirectos usados por los concesionarios para halagar y presionar a los candidatos y de esta manera usar su influencia con el ejecutivo y entre los diputados. E inclusive para dividir y sembrar más oposición entre los aspirantes a la presidencia”

El apoyo material y financiero de las entidades corporativas con inversiones en banano a candidatos o fracciones políticas en coyunturas electorales se destaca como uno de los principales y más comunes mecanismos de intervención política.

Esta necesidad de mantener una estrecha relación con los representantes de los diferentes poderes de la república, se hace aún más evidente en un contexto de competencia y rivalidad entre empresas por alcanzar el control monopólico de la producción bananera.

En la década de 1920, al acrecentarse la pugna inter bananera en honduras, que el apoyo de una u otra empresa rival se convierte en condición necesaria para obtener el triunfo en las elecciones. Y en esta competencia, la beligerancia de la Cuyamel Frui Company es notoria.

La consideración central fue la de Tiburcio Carias Andino.

Carias era el hombre de la UFCO, y en consecuencia anti –Cuyamel.

Las actividades políticas de la Cuyamel entre 1924-1929 pueden ser entendidas como anti-Cariistas. La Cuyamel apoyo a los liberales solamente como alternativa a la fracción Carriista del partido nacional.

Tiburcio Carias Andino el candidato permanente del partido nacional durante las elecciones celebradas en Honduras en estos años de conflicto bananero, tiene que enfrentar reiteradamente la oposición de la Cuyamel.

Transcurre un ano sin que se resuelva concretamente la situación de los ramales ya declarados clandestinos; al contrario, en el mes de marzo del año 1926, el ejecutivo aprueba un contrato por el cual se legaliza su funcionamiento y la empresa acepta traspasar los ramales que ha construido para que sean declarados nacionales.

Con fecha 9 de abril, luego de largas discusiones, exactamente en el día previo a la clausura de las sesiones ordinarias del congreso nacional, se imprueba el mencionados acuerdo en lo que se refiere a los ramales clandestinos y se dispones a aplazar la discusión de los otros dos puntos: la autorización para el uso de las aguas nacionales y el arrendamiento del Ferrocarril Nacional.

Las presiones continúan y al iniciarse la nueva legislatura se suscribe un nuevo convenio mediante el cual se da por cancelado el contrato de anticresis de explotación del Ferrocarril Nacional y se entregan formalmente las líneas clandestinas para que sean incorporadas en calidad de ramales del ferrocarril estatal.

En sus sesiones ordinarias del ano de 1927 el Congreso Nacional, controlado por el general Carias, rechaza el mencionado contrato de legislación de las vías clandestinas propuesto por la Cuyamel y aceptado por el ejecutivo.

En su decisión de obstaculizar

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