Estado, Democracia Y Ciudadania En La Venezuela Actual

a) Globalización y las nuevas configuraciones de estado

Desde mediados del siglo XX y, de manera especial desde la caída del muro de Berlín (noviembre de 1989) la democracia representativa es un indiscutible referente universal y el Estado es interpelado por las demandas ciudadanas, en favor de la extensión y profundización de la democracia participativa, principalmente a impulsos del principio de subsidiariedad.

Una importante tesis de la modernidad presenta indiscutibles signos de crisis. Me refiero al progresivo desajuste entre el Estado y la sociedad. Aquel sigue confinado en el marco de las propias fronteras, mientras la sociedad, incómoda dentro de los límites estatales, presiona por doquier para vencer las fronteras y recrearse sobre espacios abiertos y transnacionales. Con la globalización se hace problemática la situación, al introducir factores de mutuo desencuentro entre la sociedad, el Estado y el territorio aunque, a pesar de las apariencias, la relación no degenera necesariamente en el conflicto o en la irrelevancia. Al socaire de las circunstancias generadas por los complejos procesos globalizadores, las relaciones entre los elementos mencionados son “reinventadas y reconfiguradas”, con la emergencia de nuevos modelos regionales globales y nuevas ciudades globales.

En la década de los noventa se difundieron, con interesada premura, por parte de los principales agentes de la globalización - los grupos financieros y sus compañeros de viaje, los expertos, tuvieron especial relevancia – algunos mitos, como el de que los problemas de la economía tenían su origen en los gobiernos, que imponían elevadas cargas fiscales y obligaban a la observancia “de rígidas regulaciones hasta el estrangulamiento”. Se defendía asimismo que la bajada de impuestos produciría grandes “aumentos del ahorro y del trabajo” lo que no parece haber acumulado argumentos de experiencia suficientemente demostrativos. Estos planteamientos nutrían la filosofía subyacente a lo que se denominó el thatcherismo y el reaganismo de los años ochenta y de manera implícita y difusa se contenían en el informe Nuestro Futuro Común. Entre las circunstancias, que favorecieron el clima de cambios, merecen destacarse la divulgación de planteamientos insólitos sobre escenarios irreales que aventuraban el desbordamiento de fuerzas apocalípticas de craques económicos, de epidemias o de catástrofes ecológicas y biológicas, el ocaso o el deterioro irreversible del Estado, “el fin de la historia” y otros discursos proféticos inferidos de apresurados ejercicios de prospectiva, que solicitaban el asentimiento hacia configuraciones políticas extravagantes o animaban el avance hacia el horizonte de un Estado Mundial.

En la era de la globalización, las estructuras del Estado están sometidas a progresivas tensiones, por la envergadura de los cambios y por la convergencia de una pluralidad de factores, que generan secuencias de modificaciones estructurales y funcionales en las instituciones, sean estas supranacionales, regionales, nacionales o locales. Este contexto de crisis inducida afecta a las estructuras políticas y administrativas del Estado y su vinculación con la globalización puede argumentarse desde variadas perspectivas. En primer término, desde la asimetría imbricada en los procesos de globalización que se extiende hasta los efectos producidos en los ámbitos económicos, políticos y culturales, penalizando de modo especial a los países en vías de desarrollo, generando incertidumbres y desasosiegos entre los individuos con escaso equipamiento para la competencia abierta de la era global. Una personalidad tan poco sospechosa de antiglobalización, como George Soros, afirma que “la globalización ha causado una mala distribución de los recursos” y no ha de confiarse sólo a los mercados la atención de las necesidades colectivas, los mercados “no son competentes a la hora de asegurar la justicia social”.

Estos bienes colectivos han de ser atendidos “mediante la intervención política”, a través de los procesos de orden político, que en muchos aspectos no serán tan eficientes como los mecanismos del mercado pero de los que no se puede prescindir. Las facilidades instituidas para el sistema financiero y para el comercio de mercancías favorece a los países de la OCDE y genera relaciones comerciales no solo asimétricas sino carentes de equidad, ya que “la globalización es profundamente selectiva”. Luis Ángel Rojo acentúa la injusta distribución de los beneficios afirmando que “la expansión ha sido muy buena para el capital, pero no para los trabajadores”.

Una segunda argumentación se apoya sobre los riesgos ambientales que, como afirma acertadamente Ulrich Beck, “poseen una tendencia inmanente a la globalización”, es decir, los riesgos modernos en su expansiva dinámica desconocen las fronteras y cualesquiera que fueren sus efectos específicos, los riesgos civilizatorios menoscaban la calidad de vida de los seres humanos en el planeta y son causantes del progresivo deterioro de los sistemas sostenedores de la vida.

Algunos Estados son cada vez más conscientes de la situación y mediante sus representantes han impulsado la convocatoria de la Asamblea de las NN. UU. que se ha reunido de manera solemne en tres ocasiones, con el propósito de crear un clima de opinión favorable a las necesarias medidas a tomar de orden legal y práctico; alertar la conciencia ciudadana que estimule en los empresarios y en los individuos particulares unas conductas mas coherentes con la conservación de los recursos medioambientales y exigir las decisiones pertinentes a los gobiernos de los Estados con el objetivo de mantener en perfecto funcionamiento los sistemas sostenedores de la vida en el planeta . Ante los problemas ecológicos y ambientales, los Estados Nacionales resultan unidades de pequeño tamaño y de recursos escasos para abordar muchas de las cuestiones, que afectan claramente a gran parte de la humanidad: “ningún estado es capaz ya de enclaustrar en un territorio ni ‘las serviciales ondas del aire’, llenas de significado, ni siquiera a sus ciudadanos, y, mucho menos, “el punible derrame de nieblas”.

El cambio climático, las lluvias ácidas, la disminución del ozono de la estratosfera, el calentamiento del planeta, la deforestación y desertización, la contaminación de la atmósfera, la escasez de aguas dulces, la extinción de ciertas formas de vida y los accidentes radiactivos son riesgos que trascienden las competencias y las capacidades de actuación del Estado Nacional, inscribiéndose plenamente en el contexto global. La distribución de los riesgos siguen pautas de un nuevo tipo de asignación, la “adscriptividad civilizatoria del riesgo”, se democratiza la distribución

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