Gabriel Salazar, Construcción De Estado En Chile (1800-1837)

La derrota militar de Rancagua trajo consigo la retirada del militarismo nepotista de la oligarquía. El interregno argentino (octubre de 1814 a febrero de 1817), a su vez, trajo consigo el eclipse de los hermanos Carrera, el liderazgo del general San Martín, la subjefatura de O´Higgins y el paso del cesarismo oligárquico al cesarismo militarista regido por la geopolítica continental de un club secreto (la Logia Lautarina).

Este tránsito trajo consigo también la modernización profesional del ejército patriota, lo que sin duda potenciaba la posibilidad de consumar la ruptura definitiva con España, pero que a la vez implicaba situar el militarismo en un aposición de ventaja (por su mayor eficacia en un asunto crucial) sobre los actores civiles que laboraban en la construcción del Estado “nacional”: el inquieto grupo de los letrados, el patriciado mercantil y los “pueblos” que se atrincheraban en sus cabildos y asambleas provinciales. Fue su eficacia final en el problema de la “independencia” (victorias de Chacabuco y Maipú) la que permitió a la remozada cúpula militar instalarse sin mucha discusión, también en la cúpula política de la sociedad (p.151).

El militarismo oligárquico, lo mismo que el cesarismo emanado de las victorias militares, configuraban un autocratismo (o cesarismo) que era incompatible, en todos los ámbitos, con la democracia liberal y popular. Es significativo que tras la victoria nadie pensó en designar para el mando supremo a un legislador civil, a un hombre prudente y sabio (un Manuel de Salas, por ejemplo) o un reconocido demócrata de cabildo (José Manuel Infante, por ejemplo). El “gobernante” después da la victoria no podía ser sino el vencedor de la batalla. El patriciado de Santiago, sumido en sus dilemas y sin ideas de cómo construir el Estado que él mismo necesitaba, se dejó llevar por los fulgores hipnóticos de la victoria total y no dudó en recorrer la jerarquía militar hasta hallar la cabeza a la que ungiría con el poder total (p. 152).

¿Era Bernardo O´Higgins un militar de carrera como San Martín? Todo indica que, pese a sus campañas, no lo era. Pues O´Higgins no siguió la carera militar en las guerras de Alto Perú y España, como San Martín o Carrera; en verdad, era un gran hacendado que se hizo militar formando y comandando regimientos de milicianos rurales; esto es: masas de campesinos forzados a prestar servicio militar a sus patrones. La mayoría de los hacendados y los grandes mercaderes de este tiempo se 'militarizaban' militarizando a su vez a la masa popular que dependía patronalmente de ellos, para que “lucharan” por los intereses y conflictos de la clase patronal. Como resultado de eso, muchos miembros del patriciado lucían con orgullo la jineta de coronel o comandante de milicia, como si fuera un (otro) titulo honorífico en la escala social más que grado de una carrera militar. O´Higgins, por ejemplo, tenía ya esas jinetas cuando se inició la guerra de independencia. Incluso José Miguel Carrera, patricio que se “profesionalizó” como soldado en España, organizó su golpe militar contra la Junta de Gobierno (que le había quitado la jefatura del ejército) echando mano de los inquilinos y peones de los fundos que poseía y/o administraba su padre.

O´Higgins reunía en sí mismo tres tradiciones políticas: la democrática de los cabildos y los pueblos (de provincia), la miliciana de los patricios hacendados, y la constituida por las logias secretas de los liberales europeos de comienzos del siglo XIX. Y pudiendo al menos haber sido democrático respecto a la clase patricia a la que pertenecía, privilegió siempre las decisiones militares sobre las sociales, y las conspirativas o autocráticas sobre las participativas (pp.152, 152, 154, 155).

La Constitución Política de 1818 reconoció la soberanía de los pueblos en cuanto a dar su aprobación o rechazo al proyecto constitucional que se le proponía (una suerte de plebiscito), pero, otorgaba la aprobación, la soberanía aparecía anclada en el Director Supremo y en el Senado designado por aquél, de modo tal que los ciudadanos en tanto que individuos quedaban reducidos al deber de demostrar la más “completa sumisión” a la Constitución, los estatutos y las leyes. Y por tanto, también al director Supremo y a 'su' Senado. En consecuencia con esto, el texto constitucional despojó a los cabildos de su soberanía tradicional y por tanto de “su” derecho a tomar decisiones estratégicas a través de sus Cabildos Abiertos y Juntas de Corporaciones; práctica que, con éxito variado, se había usado repetidamente entre 1808 y 1814. La Constitución de 1818 formalizó, pues, un tipo de régimen apropiado a la realización de un proyecto político que O´Higgins encarnaba e implementaba: el de militarismo de orientación geopolítica, de comando secreto y de discurso republicano de oportunidad (p.157).

O´Higgins y sus asesores (sobre todo su ministro José Antonio Rodríguez Aldea) se habían convencido de que los pueblos eran esencialmente “ignorantes” y que por ello no se les podía conceder ninguna forma de soberanía participativa sin generar, al mismo tiempo, desorden y anarquismo; dos situaciones que atentaban de lleno con el sacrosanto concepto militar de la disciplina, que en este caso se extrapolaba a la política. Deducían de ello que la política republicana debía centrarse en directores supremos fuertes y en asambleas pequeñas, funcionales y designadas. El militarismo o´higginista necesitó, por eso, justificar la exclusión de la soberanía popular declarando que los “pueblos” eran ignorantes e indisciplinados (p.162).

El militarismo o´hhiginista tuvo su apogeo entre 1817 y 1819, pero, hacia 1821y 1822, ese brillo se había opacado; lo cual indicaba, de algún modo, que sin victorias netas en el campo de batalla los uniformados no estaban en condiciones de mantener legitimada su dominación. Y que cualquier “otro” fundamento para esa misma dominación era, a los ojos de la ciudadanía, dudoso. O francamente ilegítimo. Fue la legitimidad militar almacenada en Chacabuco y Maipú la que el gobierno de O´Higgins comenzó a perder desde 1821. De modo que su compulsiva tendencia a suprimir los resortes democráticos del sistema político (designando por sí mismos a los alcaldes, regidores, intendentes y gobernadores, en circunstancias que la Constitución de 1818 mandaba que debían ser (“electos”) se convirtió en un motivo de crítica abierta rebeldía (p.161).

La abdicación de O´Higgins, en enero de 1823, era la retirada (aparente y momentánea) del militarismo. Era el triunfo (aparente y momentáneo) de la democracia cabildante (p.172).

Con todo, el problema que subsistió fue que el

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