Gobierno De Manuel Gonzalez

La política

El 1 de diciembre de 1880, ante el congreso de la Unión, el general, Manuel González rindió la protesta de ley como el presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Su gabinete lo integró con Ignacio Mariscal como encargado de la Secretaría de Relaciones; Francisco Landero y Cos, de la Hacienda; Ezequiel Montes, de la de Justicia e Instrucción pública; el general Jerónimo Treviño, de la de Guerra; don Carlos Díez Gutiérrez, en Gobernación, y el general Porfirio Díaz en la de Fomento, puesto que sólo ocupó durante un mes, ya que se separó de él en enero de 1881. Los sustituyó el general Pacheco. Manuel González (1833-1893), al ascender a la primera magistratura trató de continuar la labor que Díaz iniciara de consolidación de la paz, de conciliación de todos los grupos políticos y de progreso material y espiritual. Aniquilados los consejeros de Díaz, Benítez y Tagle; terminados los intento lerdistas de sublevación y contando con el apoyo de don Porfirio, González hizo un gobierno personal apoyándose en los elementos que el país presentaba. A sus anhelos conciliatorios se debe que haya utilizado a Ignacio Aguilar y Marocho, uno de los conservadores más prominentes, así como a los jóvenes liberales, entre quienes se contaba Justo Sierra, creadores del llamado partido científico, que tanta influencia tendría en los años posteriores. El congreso también componíase de representantes de todos los sectores, pues en sus escaños convivían Manuel Dublán, conservador como Aguilar y Marocho; Manuel Romero Rubio, tránsfuga del lerdismo; Joaquín Alcalde, leal partidario de Iglesias, y los jóvenes e impetuosos porfiristas Justo Sierra, Francisco Bulnes y Rosendo Pineda. Separado de ellos y muy ligado al presidente se encontraba don Ramón Fernández, quién ocupó más tarde el gobierno de Distrito Federal. Hombre de todas las confianzas del general, pero sin que influyen política o intelectualmente en él, Fernández fu un hombre dúctil, inmoral, que solapó las especulaciones y las liviandades de su superior, concitándose por ello la antipatía del pueblo

Políticamente González no fue más limpio ni más desinteresado que sus antecesores, pues continuó el sistema de fraudes electorales, de imposición de sus candidatos y de intervención descarada en la política estatal, como ocurrió en Jalisco. Porfirio Díaz, acusado de influir en la administración gonzalista, retiróse a Oaxaca, en donde fue electo gobernador del estado en 1881, desarrollando interesante labor en materia educacional y de comunicaciones. Es ese puesto, que ocupó poco tiempo, pues dejó en sus manos del general Mariano Jiménez y el gobierno en 1883 utilizó su experiencia y adquirió mayor el inicio de la campaña para suceder al presidente González.

Leal a Díaz, pero sin someterse a su influencia, pues éste le dejó actuar con libertad ya que le interesaba que corriera su propia suerte, González ejerció un gobierno personal en el que pesaron más las conveniencias del momento, los intereses económicos en juego, las soluciones irreflexivas a los problemas inmediatos y no una política congruente, firme, de largo alcance. Aprovechó González el amplio ritmo de desarrollo que México había cobrado desde la restauración republicana y que aumentó en el período inmediato del general Díaz, lo acrecentó y se aprovechó de él. Pero, dando resoluciones torpes que comprometían la economía del país. Es evidente que González, cuando tuvo serias dificultades, principalmente hacendarias, como la que produjo la emisión de moneda de níquel y arreglo de la deuda inglesa, aconsejadas por sus ayudantes, supo rectificar evitándose su oposición a que el general Mier y Terán, apoyado por Díaz, fuera electo como senador, pero cuando sus opositores aumentaron sus ataques, trató de frenar la libertad de prensa modificando el artículo 7º de la constitución para que lo tribunales ordinarios y no a los jurados especiales. Pese a la modificación de ese artículo, la prensa amordazada le atacó con saña cuando lo mereció y la oposición parlamentaria, en la que se contó a Vicente Rivapalacio, controvertió su conducta y decisiones.

A mediados de noviembre de 1881 su gobierno sufrió la primera crisis ministerial. Don Francisco Landero y Cos, secretario de Hacienda y quien había tratado de evitar el déficit presupuestal establecido un sano equilibro en la finanzas, fue eliminado y en su lugar quedó el oficial mayor Fuentes y Muñiz, quien se plegaba en todo a los designios hacendarios que se fraguaban en Palacio. Poco tiempo después renunció el secretario de Guerra, el general Jerónimo Treviño, que gozaba de gran prestigio dentro y fuera del país y tenía demasiada fuerza e influencia como para oponerse a González. Su retiro obedeció a que el oficial mayor, general Francisco Tolentino, quien defeccionó del lerdismo para pasarse a los tuxtepecanos días antes de su triunfo, apoyado por el presidente, daba órdenes independientemente del secretario. Treviño, casado con la hija del general norteamericano Ord, retiróse a Monterrey a principios de 1822. Francisco Tolentino, hábil instrumento de González, actuó en Jalisco en contra del gobernador Fermín Riestra, poco adicto al gobierno central, y más tarde desgobernó ese estado. Sustituyó al general Treviño otro norteño, ex compañero de Díaz y de González en sus revueltas, el general Francisco Naranjo, amigo del dinero fácil y de la vida licenciosa y, por tanto, simpatizante del presidente.

El tercer ministro eliminado fue el de Justicia, el ameritado Ezequiel Montes, quien trató de cuidar que el gobierno no violara impunemente las garantías individuales, principalmente al verificar la leva con que se integraba el ejército. Montes, persuadido de que el sistema de leva no sólo perjudicara la formación del ejército convirtiéndolo en un ejército de forzados, sino también a la sociedad, muchos de cuyos miembros, los más humildes e indefensos, eran víctimas de la animadversión y del afán de lucro de muchos influyentes, envió al Congreso una iniciativa de ley que reglamentaba el artículo 102 de la constitución. Los esfuerzos de Montes y los de diversos jueces de Distrito para contener las arbitrariedades del ejecutivo y de diversos jefes militares, predispusieron a Montes con el ministro Naranjo, por lo cual el 31 de marzo de 1882 renunció Montes a su puesto. Le sustituyó el licenciado Joaquín Baranda, antiguo lerdista culto e inteligente, pero, necesitado de congraciarse con el régimen, se disciplinó y toleró que la justicia se plegara a los caprichos políticos. En la suprema Corte, ese estilo de cosas apareció también. Los nombramientos como magistrados de Miguel Auza, Guillermo Valle y Moisés Rojas revelaron que ese alto tribunal había perdido mucho prestigio y libertad.

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