Historia Económica De Chile

Historia Económica de Chile

La economía chilena ha sido altamente dependiente de los ciclos mundiales a través de las materias primas. Esta “ligazón” con el mundo comenzó en los albores de la conquista por la plata, luego en el siglo XIX y la primera parte del siglo XX fue el salitre y para terminar el pasado siglo dependiendo fuertemente del cobre.

Los últimos 60 años, que es el tiempo que hemos tomado para conocer el comportamiento de la economía chilena, el metal rojo, aunque ha ido perdiendo peso en los ingresos, no ha dejado de ser el principal producto exportado.

A lo largo de cuatro gobiernos, las fluctuaciones del precio de las materias primas han explicado gran parte de los auges y fracasos de la historia política y económica de Chile. En este mismo período destacan seis episodios que marcan parte de la historia que ha seguido este país.

El experimento socialista

La historia económica chilena en los tres años de la Unidad Popular (UP) dio un vuelco impresionante. La entrada en vigencia de un proyecto socialista significó una transformación de la economía. El programa de la UP postulaba la expropiación de todas aquellas actividades que condicionen en general el desarrollo económico y social del país, tales como la producción y distribución de la energía eléctrica, transporte por aire, agua y tren, las comunicaciones, la producción, refinación y distribución de petróleo, incluido el gas licuado, la siderúrgica, la industria petroquímica pesada, la celulosa y el papel.

El gobierno de Allende había prometido sacar a Chile de “una crisis profunda que se manifiesta en el estancamiento económico y social, en la pobreza generalizada y en las postergaciones de todo orden que sufren los obreros, campesinos y demás capas explotadas”.

El pensamiento se expresa en que “en Chile gobierna y se legisla a favor de unos pocos, de los grandes capitalistas y sus secuaces, de las compañías que dominan nuestra economía, de los latifundistas cuyo poder permanece intacto”.[1]

Su objetivo central era reemplazar la estructura económica por una “nueva economía” buscando terminar con el poder del capital monopolista nacional y extranjero y del latifundio, para iniciar la construcción del socialismo. En este esquema la planificación jugaba un papel central.

Basado en estos principios de “aborrecer” el sistema capitalista, el gobierno de Salvador Allende, profundiza la reforma agrícola y la nacionalización del cobre. Ambas iniciativas habían alcanzado un gran consenso durante el gobierno de Eduardo Frei Montalva.

El 5 de septiembre de 1970, un día después de ganar las elecciones, Salvador Allende, explicó el programa que llevaría adelante el que definió como “patriótico, antiimperialista y nacional, ya que implicaba recuperar las riquezas básicas y nacionalizar los monopolios”.

La reacción no se dejo esperar y al día siguiente la Bolsa de Comercio de Santiago no abre sus puertas. Además se producen signos de corrida bancaria manifiesta en las filas de clientes esperando que abran las instituciones financieras, las solicitudes de pasajes aéreos se incrementaron fuertemente llevando a que un vocero de la Línea Aérea Nacional tuviera que informar que los boletos para países de América y Europa estaban agotados hasta el 22 de septiembre, el dólar paralelo se dobló y los valores en escudo (moneda oficial hasta 29 de septiembre de 1975) de propiedades y vivienda caen a la mitad.[2]

Iniciado su mandato, Allende llevó adelante su programa. En 1971, a través de la aprobación unánime en el Congreso, el 11 de julio de ese año, de una reforma constitucional parte el proceso de nacionalización que se realizó sin compensación alguna a todos los yacimientos de cobre de propiedad extranjera.

Por su parte, se profundizó la reforma agraria. Esta había ganado fuerza durante el gobierno conservador de Jorge Alessandri en que se aprobó una ley de reforma agraria. La consolidación de este proceso fue de las principales metas del gobierno de Eduardo Frei (para este fin el Congreso aprobó una reforma constitucional) y fue completada por el presidente Salvador Allende.[3]

Gasto publico

La mezcla de políticas orientadas, principalmente, a obtener un aumento de la demanda agregada y el control de los medios de producción y distribución fue clave para concretar un primer año de gobierno satisfactorio.

Cumplir con las promesas electorales significó un considerable aumento en el gasto publico, que terminó con un déficit sin precedente en la historia chilena. Los gastos del gobierno central crecieron 36% en términos reales, aumentando la participación del gasto fiscal en el PGB de 21% en 1970 a 27% en 1971. Para no afectar la demanda y la producción, el M1 aumentó en 119% en 1971.[4]

El primer año de la UP fue indiscutiblemente bueno. Un dato que mejor lo evidencia fueron los resultados de las elecciones parlamentarias de 1971, que le dieron una mayoría al ejecutivo en el Congreso. Las políticas altamente expansivas permitieron que el PIB creciera un 8%, relativamente mayor al mayor al 3,6% de 1970. La inflación disminuyó de 36,1% en 1970 a 22,1% en 1971. El desempleo nacional registró una caída de 5,7% en 1970 a 3,8% en 1971. Los salarios medios reales aumentaron en 22,3%, con un fuerte beneficio para las remuneraciones de bajos ingresos.

Evolución de las principales variables macroeconómicas 1970-1973

1970 1971 1972 1973

PGB 3,6 8,0 -0,1 -4,3

IPC 36,1 22,1 260,5 605,1

Desempleo 5,7 3,8 3,1 4,8

Salarios Reales 8,5 22,3 -16,6 -25,3*

Cobre 120 -*- 85,2 120,1

Superávit Fiscal -3,5 -*- -14,1 -10,5

Fuente: Banco Central, Cieplan, Odeplan (*) Corresponde a los tres primeros trimestres.

El gobierno para no afectar la demanda agregada mantuvo un impulso monetario “acomodativo” a través de la expansión del dinero efectivo (M1), de hecho éste creció en 119% durante 1971. Además se apoyó en controles de precios que contuvieron los reajustes nominales de las remuneraciones de más de 50%, se aumentó los gastos nominales del Ejecutivo en torno a 60% y la emisión superó el 100%. Las reservas internacionales se redujeron en un 59%.

La política de apoyo significó que el crédito al sector público creciera en 124% , más del 90% del crédito proporcionado por el Banco Central al sector público tenía la forma de dinero primario obtenido por el aumento en la emisión de circulante.

La balanza comercial de un superávit de US$ 95 millones en 1970 pasó a un déficit de US$ 90 millones en 1971, siendo al abrupta caída del precio del cobre el principal factor de deterioro.

El proceso de expropiación de los agentes productivos se hizo rápidamente. En menos de un año, el gobierno nacionalizó todos los bancos privados. Así el Ejecutivo extendió su control mediante nacionalizaciones y expropiaciones, que al final de su gestión dejaron al sistema bancario y una parte considerable de las actividades productivas en manos del Estado.

No obstante, el objetivo de apuntar a todas los aparatos de producción llevaron a que se alinearan inversionistas extranjeros, los dueños de las grandes compañías locales y, también, los pequeños y medianos empresarios. Así fueron las asociaciones de camioneros y microbuseros los principales opositores que tuvo el gobierno de la UP en la calle.

Durante el período de 1971 y 1973 se tomaron cerca de 500 empresas y se expropió más de un cuarto del total de tierras agrícolas. El período se caracterizó por una profunda crisis económica y política. Antes de su fin, el PIB real per cápita y los salarios reales habían descendido a niveles inferiores a los de 1970; la producción agrícola se encontraba al nivel de comienzos de los años sesenta; el déficit del gobierno central excedía al 20% del PIB; en el mercado negro, el tipo de cambio tenía un valor diez veces mayor que el cambio oficial y las reservas netas eran negativas.[5]

Además se aplica un programa de incentivos “distributivos” que merman aún más las finanzas públicas.

Las empresas estatales , excluyendo a Codelco, comenzaron a requerir dineros fiscales para su funcionamiento. En 1971, el déficit de las empresas estatales se incrementa en 2,3% del PGB, en 1972 se registró un aumento adicional de 0,3%, y en 1973 este déficit alcanza un 10,5% del PGB.[6]

En este escenario, las tarifas de utilidad pública entre 1970 y 1973, el precio real de la electricidad cae 85%, de los servicios postales y telefónicos 33% y 23% respectivamente, del gas licuado 21%, el precio real de los combustibles (bencina y petróleo) cae 31% entre 1970 y 1972 para luego recuperar su valor en 1973.

La inversión se vio afectada fuertemente. Mientras el consumo crece a tasas de 12% durante 1971, la inversión bruta cayó en 2,3%, resultado de una inversión pública creciendo a 10,3% y una inversión privada retrocediendo en 16,8%.

Parte el año 1972 y la política económica comienza a mostrar signos de desajustes que minan la confianza de las personas. En 1972, la inflación aumenta vertiginosamente, para terminar ese año en 260,5%, comienza la escasez, no tanto porque la producción global estuviese cayendo sino que al haber abundancia de dinero las personas comienzan a acaparar los productos.

En este contexto, los reajustes de salarios reales se vuelven inefectivos y la estructura que buscaba combatir

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