Iniciativa Legislativa Popular

Iniciativa legislativa popular

La iniciativa legislativa popular o iniciativa popular (ILP o IP), también conocida como iniciativa ciudadana es un mecanismo de democracia participativa; se refiere a la posibilidad amparada en la constitución, de que las personas puedan presentar iniciativas de ley, sin ser representantes populares en sus respectivos congresos; dichas iniciativas de ley, deberán estar avaladas por una cantidad de firmas, para que puedan ser tomadas en cuenta por su respectiva cámara legislativa. Dichas iniciativas pueden versar sobre asuntos públicos, como puede ser una reforma de un estatuto o una ley, o incluso una enmienda constitucional.

La iniciativa puede ser directa o indirecta. Si es directa, la presentación de la iniciativa desemboca en un referéndum para aprobarla o rechazarla. En el caso de las iniciativas indirectas, la petición es tomada en consideración por el legislativo, quien decide si se convoca o no el correspondiente referendo.

La iniciativa popular normalmente es catalogada, junto con el referéndum, como uno de las instituciones auténticamente democráticas en el Estado contemporáneo. Resulta importante aclarar que los distintos tratadistas de derecho constitucional se debaten en cuanto a la correcta terminología de estas instituciones. Algunos han denominado a estas instituciones de “democracia directa” en contraposición con las institución representativa política, calificada como la institución de democracia indirecta por antonomasia. Otros, en cambio, han preferido denominar a estas instituciones de “democracia semidirecta o indirecta”, diferentes de la representación política, debido a la existencia, o, mejor dicho, sobrevivencia de las landsgemeinde suizas que, como veremos más adelante, se asemejan al modelo democrático típico de asambleas democráticas puras, y que constituyen para estos autores los auténticos modelos de democracia directa.

Esta última clasificación podría parecernos adecuada, puesto que a partir de esta diferenciación de instituciones democráticas, la iniciativa popular, en particular, podría ser clasificada como pura y real, atendiendo, en el primer supuesto, a su existencia sin requisitos, quizá imaginable únicamente en el plano teórico al lado de las landsgemeinde, o bien real, en el segundo caso, relativa a la manera en que se presenta en el mundo fáctico, con mecanismos para su materialización. Esta clasificación nos resultará útil para enfatizar un problema frecuente, en tanto que diferentes ordenamientos, aun cuando establecen esta institución, lo hacen únicamente de manera formal, o pura, es decir, inoperante, pues no establecen los mecanismos para que se materialice o bien para que cuente con garantías para su eficaz funcionamiento.

Como quiera que sea, el determinar si se trata de una figura de democracia directa o indirecta, resulta en realidad un problema terminológico sin trascendencia, pues en el fondo existe consenso en que ambas son instituciones del Estado democrático de derecho, de uso extraordinario, que representan una participación directa de la ciudadanía en los procesos de formulación y aprobación de decisiones políticas, o estatales. Precisamente por su naturaleza, son instituciones que, como bien nos demuestra el constitucionalismo argentino, al ser utilizadas revitalizan los procesos constitucionales y democráticos. Mientras el dilema democrático, la búsqueda por encontrar mejores formas de convivencia siga siendo uno de los paradigmas fundamentales de la sociedad y de las disciplinas que se encargan de su análisis, el estudio de las instituciones políticas, y en específico de aquellas de participación ciudadana, constituirá un elemento

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