La desigualdad genérica supone indudablemente la existencia de relaciones totalmente asimétricas

· La desigualdad genérica supone indudablemente la existencia de relaciones  totalmente asimétricas e inequitativas entre hombres y mujeres. Es así como la violencia contra las mujeres, específicamente la violencia intrafamiliar, es un problema de derechos humanos, así como un problema social y de salud pública que debe ser asumido por los Estados integralmente.

· Para el abordaje de la violencia contra la mujer no es suficiente la ratificación de instrumentos importantes como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, de Perú para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.

Se requiere además de legislación nacional, políticas y programas que garanticen la implementación real y efectiva de los derechos consagrados en tales instrumentos.

· No existen estadísticas únicas entre las instituciones estatales involucradas en temas de violencia de género sobre los índices de violencia intrafamiliar lo que imposibilita conocer con certeza la gravedad del problema.

· La violencia contra la mujer exige respuestas del sistema legal y judicial porque constituye hechos delictivos que lesionan la convivencia pacífica entre las personas, tales como homicidios en razón del género (feminicidios), violación sexual, acoso sexual, prostitución forzada, explotación sexual comercial, discriminación, violencia patrimonial, lesiones, y violencia intrafamiliar, entre otros. En los últimos años, las sociedades centroamericanas hemos presenciado cómo los actos de violencia contra las mujeres van en aumento, causando vulneración de los derechos.

· Las leyes contra la violencia intrafamiliar de la mayoría de los países de la región tienen como bien jurídico tutelar la familia. Son leyes preventivas que consagran medidas cautelares y de protección para las víctimas de violencia intrafamiliar, que pueden o no ser las mujeres. También en la mayoría  las actuaciones de los agresores son sancionadas como delitos en los códigos penales. Esta dualidad normativa muchas veces genera problemas de interpretación y aplicación entre los operadores de justicia en detrimento de los derechos de las mujeres.

· La “conciliación o mediación” es una figura presente en casi todas las legislaciones de violencia intrafamiliar que pretende conciliar entre el agresor y la agredida, ignorándose en la mayoría de los casos que la mujer está en una situación de especial vulnerabilidad que la obliga a aceptar los términos de la conciliación aunque vayan en su perjuicio; por ejemplo, la mujer entra a considerar su situación económica, la posible desintegración familiar y la vergüenza social, y otros. En algunos países de la región, la conciliación incluso opera para delitos sexuales cometidos en contra de las mujeres.

· Cuando se activa la aplicación de las leyes que tutelan la violencia contra las mujeres, particularmente las que se refieren a la violencia doméstica, en general su implementación es lenta, escasa o tergiversada, y en algunas ocasiones se revierte la denuncia en contra de las mujeres. Esto se debe a que quienes aplican la ley: agentes de policía, fiscales y jueces y juezas basan sus criterios en estereotipos sexistas que señalan a las mujeres como incitadoras de la violencia; o bien que el conflicto debe ser resuelto por la pareja o que las mujeres deben encontrar por sí mismas estrategias para parar la violencia por parte de sus maridos, compañeros, novios, u otros.

· El acceso de las mujeres a la justicia para denunciar los actos de violencia en su contra o para buscar mecanismos de protección es arduo. En primer lugar está el acceso a la instancia que recibe la denuncia, a veces las mujeres tienen que recorrer largas distancias. Luego, deben repetir varias veces su historia: a la policía, a la fiscalía, al juez, a la trabajadora social, etc. Las personas que les atienden no siempre han sido capacitadas o sensibilizadas sobre la violencia de género y reciben a las mujeres con estereotipos sexistas que las amedrentan y humillan por lo que no en pocas ocasiones desisten de la denuncia. El largo papeleo y a en ocasiones la necesidad de contar con un letrado en derecho pese a que no tienen recursos para pagarlos es otro factor que hace que las mujeres víctimas de violencia no accedan a la justicia. Es así como presentar una denuncia en la vía judicial significa para las mujeres pasar un período de investigaciones, así como la posibilidad de la aplicación de criterios de oportunidad, de enfrentar varias audiencias si el proceso avanza y en pocos casos, llegar hasta un juicio oral.

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