Ley De Charpelier

La Ley Le Charpelier

En el mes de febrero de 1776 hizo acto de presencia la escuela fisiocracia con el ministro Turgot para promulgar el célebre edicto que lleva su nombre, en virtud del cual quedaron suprimidas las corporaciones, un obstáculo al libre desarrollo de la manufactura y del comercio. Fueron no obstante restauradas a la caída del ministro pero después de la expedición de la declaración de los derechos del hombre de 1789 su subsistencia devino un imposible. Una proposición del diputado D’Allarde de febrero de 1791 condujo a la ley de marzo siguiente, que proclamo la libertad de cada ser humano para, “dedicarse al trabajo, arte u oficio que estimase conveniente”, y suprimió las prerrogativas de que disfrutaban las corporaciones.

La burguesía y los trabajadores vieron con alegría la desaparición de las corporaciones, la primera porque producía la libertad de la manufactura y del comercio y los segundos porque rompía las cadenas tendidas por los maestros. Sin embargo la condición de las viejas asociaciones de compañeros era incierta: adujeron los trabajadores la disposición del artículo quinto de la declaración de los derechos del hombre, según la cual “no puede impedirse lo que no está prohibido por la ley”. La burguesía, a su vez, cito la frase del mismo precepto que decía que “La ley puede prohibir lo que es perjudicial a la sociedad”, circunstancia que correspondía a las asociaciones, porque contrariaban la concepción individualista de la sociedad y porque eran organizaciones de lucha en contra de la libertad de la industria y del comercio.

La comuna de Paris trato de impedir las reuniones de los trabajadores, pero no tuvo éxito, por lo que decidió solicitar una ley de la Asamblea Constituyente. El 14 de junio de 1791 se presentó el consejero Le Charpelier ante la Asamblea y al fundar el proyecto dijo entre tras frases las siguientes:

Varias personas han intentado revivir las corporaciones, formando asambleas de artes y oficios, en las que se ha designado presidente, secretario y otros empleos. El fin de estas asambleas, que se propagan en el reino y que han establecido relaciones con las de otras localidades, es forzar a los empresarios y maestros a aumentar el precio de la jornada de trabajo; impedir arreglos amistosos y obligar a los obreros a firmar en registros especiales el compromiso de someterse a las tarifas de salarios fijados por las asambleas y otros reglamentos que se permiten hacer.

La Ley Le Charpelier prohibió todas las instituciones del derecho colectivo del trabajo: el artículo cuarto declaro ilícita la coalición encaminada a la fijación de condiciones generales de trabajo, por lo que la huelga caía dentro de los actos delictivos: y el artículo segundo prohibió la asociación profesional. En esta ley, la burguesía hizo la declaración de que el estado quedaba al servicio de la ideología individualista y liberal y, en consecuencia, al de la clase social que la profesaba y defendía. Por lo tanto todo acto que perturbara el orden nuevo sería un crimen contra el orden jurídico. Fueron infructuosas las protestas de los trabajadores y su petición para que se les permitiera asociarse y ayudarse los unos a los otros, pues la burguesía respondió que el estado ayudaría a los necesitados por medio de las instituciones de beneficencia.

La Ley Le Charpelier fue la Declaración de guerra que lanzo el estado individualista y liberal burgués a los trabajadores. Y sirvió para que los obreros tomaran desde entonces conciencia de que su redención tendría que ser obra de ellos mismos y de que como dirá Carlos Marx sesenta años más tarde en el Manifiesto comunista, “La lucha de clases es la ley fundamental de la historia”.

El liberalismo francés no se contentó con la ley Le Charpelier, por lo que en el Código Penal de 1810 igual que en el Código Civil en el problema de la prueba rompió el principio de la igualdad de los hombres ante la ley.’ Sancionó durante la coalición y la huelga obreras: A) El art 415 decía:

Toda coalición de trabajadores para suspender conjuntamente el trabajo en un taller, impedir el ingreso o la permanencia en el antes o después de una hora determinada y en general, para suspender, impedir o encarecer el trabajo, si ha habido una tentativa o principio de ejecución, se castigara con prisión de uno a tres meses. Los jefes o promotores serán castigados con prisión de dos a cinco años.

La prohibición era absoluta y de acuerdo con las crónicas, los tribunales aplicaron la norma con refinada crueldad.

b) En camino el art 140 disponía que la coalición de patronos “para procurar una reducción injusta y abusiva de

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