Modelo Del Crecimiento

TEMA IV

EL MODELO DE CRECIMIENTO ACELERADO (1976 -1982)

I. POLÍTICA PETROLERA.

EL PROYECTO PETROLERO.

El proyecto formulado por el gobierno durante la primera mitad de su periodo sexenal —que el país sería pronto superavitario en divisas, que se conseguiría la autonomía financiera del país y que el gobierno administraría la abundancia—fue seguido por el auge de la Bolsa de Valores de 1979, y luego por un alud de comentarios, algunos más críticos que otros, a la estrategia petrolera que se emprendía, pero que partían todos del supuesto de que el mercado internacional recibiría, a precios crecientes, cuanto petróleo vendiéramos al exterior.

Los planes económicos coincidían en este punto de vista. El Plan Global de Desarrollo (PGD), el Plan Nacional de Desarrollo Industrial (PNDI) y el Programa de Energía (PE) partían del supuesto de que el mercado era infinito y por tanto que el incremento internacional de los precios mantendría constantes alzas, las que calculaban entre 5-7 por ciento anual en términos reales durante varios años. Los hacedores, estudiosos y críticos de la estrategia petrolera en México mantuvieron al parecer ese acuerdo implícito, lo mismo si criticaban las decisiones que el Estado estaba adoptando, que si promovían políticas alternativas.

El propio presidente hizo célebre aquello de que "el petróleo constituye la última oportunidad para México de resolver los problemas a que se enfrenta su desarrollo económico y social". Más adelante, en 1980, y bajo los principios de modernización, integración y diversificación, el PGD formaliza y expone ideas más acabadas al respecto.

No se trata —afirma el PGD— de aplicar una política petrolera de crecimiento, sino una política de desarrollo que se sirve del petróleo. Por ello su explotación y exportación están condicionadas por los propósitos de la estrategia de nuestro desarrollo y por la capacidad real de absorción de estos recursos por la sociedad.

De esta forma, el documento se compromete a "utilizar el petróleo como palanca de nuestro desarrollo económico y social, canalizando los recursos que de él se obtienen a las prioridades de la política de desarrollo",5 bajo el razonamiento de que la evolución favorable de los precios del crudo y de algunos productos le exportación, en relación a los precios de importación, especialmente en 1980, significa que la balanza en cuenta corriente, excluyendo pagos de intereses al extranjero, será positiva.

De esta forma el PGD estima que "la evolución de los ingresos y egresos en cuenta corriente arrojará un déficit menor a uno por ciento del PIB en 1982", y que con una tasa sostenida de crecimiento del PIB de 8% en el periodo 1980-1983, se reducirá el déficit en cuenta corriente como porcentaje del PIB, de 2.85% (que era el promedio en 1977-1979) a 0.65% para el trienio consecutivo.

El Plan Nacional de Desarrollo Industrial, por su parte, estimaba que con el petróleo como pivote, el país conseguiría una tasa de crecimiento del PIB de 8.2% para 1980; 9.5% para 1981, 10.6% para 1982 y10% para 1983, mientras que el déficit en cuenta corriente disminuiría tan aceleradamente como porcentaje del PIB, que se convertiría en superávit cuantioso para el año de 1983.

No fueron los pronósticos oficiales los únicos errados. Los modelos del Banco Mundial, del Warthon y el del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEES'P), elaborados en 1980 y 1981, construyen escenarios y proyecciones teniendo también como base el papel del petróleo; lamentablemente, se aproximaron más éstos a la realidad que los oficiales. Mientras los cálculos gubernamentales contemplaban, por ejemplo, aumentos mayores al 4% en el empleo y dejaron de lado toda consideración inflacionaria, los modelos privados calcularon para el periodo 1980-1982 siempre más del 20% en el crecimiento de .los precios y fueron muy conservadores para calcular la absorción de mano de obra por parte del aparato productivo. En sus consideraciones petroleras siempre fueron más mesurados los sectores privados que los gubernamentales.

El PE vuelve a la carga a finales de 1980 con pronósticos y propuestas, y señala que la extracción de hidrocarburos se hará bajo ciertos límites.

En tanto las reservas no desciendan por debajo de un nivel crítico o la extracción anual no rebase el nivel técnico, cualquiera que ocurra primero —propone el PE— la producción y la exportación de hidrocarburos se ajustarán para evitar que el déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos no exceda al 1% del PIB.10

Como un criterio rector —señala el PE—, los recursos derivados de la explotación petrolera deberán destinarse a sectores prioritarios de la actividad nacional, a fin de lograr una tasa de crecimiento económico acelerado, equilibrado y auto sostenido a largo plazo El objetivo primordial del PE es aprovechar la dotación abundante de energéticos disponibles para fortalecer, modernizar y diversificar la estructura económica de México.11

El PE va incluso más allá:

Desde una perspectiva de largo plazo —plantea SEPAFIN en este documento— es posible distinguir dos etapas del desarrollo económico del país a partir de la crisis financiera de 1976. Corresponde al petróleo una función económica diferente en cada una de ellas. En la primera, el petróleo fue, ante todo, un instrumento de carácter financiero que contribuyó a cubrir los déficits en la balanza de pagos y en las cuentas del sector público. En la segunda etapa, el petróleo se convierte en un instrumento privilegiado del proceso de transformación estructural de la economía. Al iniciarse el decenio de los ochenta es posible diseñar una política energética de más largo plazo.

Tanto los planes específicos de gobierno, como lo que dio en llamarse sistema nacional de planeación, consideraron al petróleo como la posibilidad ilimitada de transformación. Los objetivos que se le cargaron al petróleo llegaron a ser prácticamente todos los imaginables: satisfacer las necesidades Internas de energía; servir de eje para integrar al sector energía, diversificar sus fuentes y racionalizar su uso; apoyar el desarrollo nacional acelerado; captar recursos para financiar el crecimiento; servir de medio para las transferencias 'de recursos a otros sectores; constituirse en un factor antinflacionario; erigirse como creador de empleo; además de que se le dieron funciones de aval y financiero del sector

Público y privado, de estabilidad en el tipo de cambio y de la politice nacional así como de factor fundamental de la independencia nacional.

II. DEPENDENCIA POLÍTICA Y FINANCIERA.

La dependencia, en sentido político, es una situación de sujeción en la que se encuentra una entidad estatal o una comunidad nacional, de otra entidad estatal, de modo tal que su voluntad se encuentra anulada o limitada para tomar decisiones fundamentales. De acuerdo al tipo de sujeción se distingue entre dependencia política propiamente dicha, dependencia económica, y dependencia cultural.

El concepto político de dependencia se opone al de independencia. A su vez, las ideas de dependencia e independencia están íntimamente relacionadas con la idea y el fenómeno de nación y se refieren constantemente a ella y a sus derechos. El estado-nación moderno, como derecho de los pueblos a su autodeterminación, y la igualdad jurídica de los estados-nación entre sí, son consecuencias directas de la dinámica independencia-dependencia que llevó al fin del colonialismo.

Vinculado con los amplios procesos de globalización y regionalización, más recientemente se ha comenzado a utilizar el término «interdependencia», en ciertas oportunidades para anular la idea de independencia y en otras para limitarla.

III. REFORMA POLITICA.

La Reforma Política de 1977 implicó una importante serie de cambios legales promovidos en México por el destacado político, intelectual e historiador Jesús Reyes Heroles desde su cargo de secretario de Gobernación en el sexenio del presidente José López Portillo, a través de los cuales comenzó el proceso de transición democrática en el país de un esquema de partido hegemónico a un modelo de efectivo pluripartidismo, mismo que se prolongaría por más de dos décadas, junto a sucesivas modificaciones en la normatividad e instituciones electorales, hasta alcanzarse la conformación de una mayoría opositora en la LVII Legislatura de la Cámara de Diputados en 1997 y la alternancia en la presidencia de la República el 2 de julio de 2000.

Después de que López Portillo contendiera en 1976 como candidato por el Partido Revolucionario Institucional (que entonces dominaba la vida política mexicana sin contrapesos y era apuntalado por partidos paraestatales como el Popular Socialista y el Auténtico de la Revolución Mexicana, los que siempre elegían como su abanderado al del priismo), sin nadie contra quien competir, pues el Partido Acción Nacional, único realmente opositor al PRI, no postuló a ninguno de sus militantes en aquella justa al generarse fuertes disputas internas, y Valentín Campa, mítico líder sindical y personaje del proscrito Partido Comunista Mexicano, fue lanzado como aspirante sin registro, obteniendo casi un millón de votos que debieron ser anulados, se creó un problema de legitimidad que, como nunca, evidenció una crisis de representatividad que puso en tela de juicio el modelo democrático contemplado en la Constitución.

Proceso y contenido

En este contexto Reyes Heroles, funcionario y jurista respetado, atípico dentro de la clase gobernante en su

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