Reformas en materia educativa

Reformas en materia educativa

Durante el Porfirito se acordaron las bases de la educación pública, que siempre fue respaldada por los liberales. En 1868, todavía durante el gobierno de Juárez, se promulgó la Ley de Instrucción Pública, que no fue aceptada por la Iglesia Católica. Joaquín Baranda, ministro de Instrucción Pública, desarrolló una campaña de conciliación con la Iglesia, y aplicó a la educación el aspecto positivista, sin dejar de lado el humanismo. La instrucción primaria superior se estableció en 1889 y tuvo por objeto crear un vínculo entre la enseñanza elemental y la preparatoria.

En 1891 fue promulgada la Ley Reglamentaria de Educación, que estableció la educación como laica, gratuita y obligatoria. Baranda fundó más de doscientas escuelas para maestros, que una vez egresados se dirigieron a enseñar a las ciudades del país. Sin embargo, en las zonas rurales la falta de desarrollo social provocó un rezago educativo.

El mismo Porfirio Díaz afirmó que gracias a su “política patriarcal, guiando y restringiendo las tendencias populares, en el convencimiento de que una paz forzosa permitiría fomentar la educación, la industrias y el comercio”. En efecto, estos fueron sus objetivos, aunque el alcance de su “guía y restricción de las tendencias populares” fue terrible.

La Reforma Educativa Cardenista

La imposición durante el maximato de una política educativa, sobrecargada de anticlericalismo, sumergió a la escuela mexicana en una profunda crisis. La propaganda antirreligiosa exacerbada hizo que se descuidara la calidad de la educación. El enfrentamiento burdo contra los sentimientos religiosos del pueblo genetó descontento y boicot a las escuelas del Estado. La reacción aprovechó estas circunstancias e instrumentó múltiples agresiones a los maestros en varias regiones del país. En pocas palabras, la escuela se separó del pueblo, convirtiéndose en un instrumento casi ajeno a la educación.

El régimen cardenista salió al paso de esta situación instrumentando una reforma capaz de apoyar su proyecto de gobierno y nulificando la herencia recibida en materia educativa. El plan de desarrollo económico y social del país requería la preparación de cuadros calificados en todos los aspectos de la vida de la nación.

Por todo esto, la reforma educativa cardenista adquirió un carácter radical. En ella se involucraron, además de las autoridades educativas, numerosas organizaciones políticas, sociales y culturales; se reivindicó la educación científica; se declaró en contra del individualismo laico buscando el acercamiento de las masas. De este modo Cárdenas ligaba el concepto de escuela socialista con las transformaciones en la estructura de la sociedad. La situación del país demandaba la formación de una conciencia nacional entre las masas trabajadoras ante los embates del imperialismo.

En 1934 se llevó a cabo la reforma al Artículo 3° constitucional: la educación impartida por el Estado, con apego a la ideología de la Revolución Mexicana, tendría el carácter de socialista, excluyendo de ella todo tipo de doctrinas religiosas y buscando la formación en los alumnos de "un concepto racional y exacto del universo y de la vida social"; el Estado se reservó el derecho de impartir la educación primaria, secundaria y normal; asimismo, se reservó el derecho de autorizar y controlar a los planteles particulares que impartieran la enseñanza en esos niveles. Ello significaba que la formación de planes, programas y métodos de enseñanza, únicamente competía al Estado. La reforma al Artículo 3° contemplaba además la revocación de las autorizaciones concebidas a los planteles y el retiro discrecional en cualquier tiempo del reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en escuelas particulares; y, desde luego, el que la educación primaria tenía carácter obligatorio y se mantenía gratuita en los planteles oficiales de todo el país.

Las reformas al Artículo 3°, junto con el ascenso al poder de los cardenistas, crearon condiciones favorables

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