Relato De Dos Dias Inborrables

Introducción

Las jornadas del 19 y 20 de diciembre fueron la culminación de una etapa de luchas del pueblo argentino y, seguramente, el comienzo de una nueva, donde se pudo poner fin a una década de políticas neoliberales y abrir la posibilidad de organizar un Gobierno sobre nuevas bases.

La sociedad Argentina (que contó con nuevos protagonistas que hasta el momento sólo se habían manifestado tímidamente), ya se venía anunciando a través de la resistencia de los sectores populares más golpeados por el modelo neoliberal: cortes de ruta, "piquetes", movilizaciones, tomas de lugares de trabajo, paros y otras formas de protesta se venían sucediendo e incrementando aceleradamente. En el estallido social así como en el desarrollo del proceso de movilización popular se expresan la oposición de clase en relación con, por un lado la violencia de la represión estatal, y por otro lado por el nivel de organización y resistencia del pueblo en la calle. Así, se entiende este proceso como una rebelión popular espontánea pero masiva con la presencia en las calles del conjunto del pueblo argentino: asalariados, profesionales, amas de casa, estudiantes, jubilados, comerciantes, desocupados, etc. Hasta el momento, la resistencia se reducía a sectores específicos de la sociedad, el 19 y 20 de diciembre el pueblo se unió para luchar contra el gobierno y los políticos corruptos.

El sistema neoliberal que desde el 66 empezó a imponerse en nuestra patria, y que tuvo su mayor expresión desde 1989 con la presidencia de Menem hasta el 2001 de la mano de De la Rúa, llevaron a la Argentina a una inestabilidad económica imposible de estabilizar y llevo a que millones de personas se unan bajo una sola consigna ¡Que se vayan todos, que no quede ni uno solo!

En este trabajo pretendemos demostrar que si bien podemos afirmar que el detonante inmediato del estallido fueron las últimas medidas tomadas por el ex ministro Domingo Cavallo (quien tuvo la "virtud" de unir en su contra a todo el pueblo), también se debe destacar que todo el pueblo argentino se movilizo por la clausura de un modelo político de hambre, entrega y corrupción. Para hacerlo, realizamos una investigación desde el año 1989 hasta el 2001, privilegiando las medidas tomadas por el gobierno y los sucesos que se fueron aconteciendo en consecuencia de estas medidas, que llevaron a la Argentina a un momento histórico donde solo se destacaba la pobreza, el desempleo, el hambre y la desesperación, pero también la solidaridad de los argentinos, ya que se abrieron comedores comunitarios, se organizaron asambleas barriales porque se dieron cuenta que la única solución era la unión del pueblo y la ayuda mutua; para después centrarnos en contar detalladamente los hechos sucedidos durante esos dos días imborrables para la historia Argentina.

Situación económica desde 1989 al 2001

La Unión Cívica Radical (UCR) y el Partido Justicialista, en un clima de descontento social, llevaron adelante la campaña para las elecciones nacionales de 1989. La UCR había elegido como candidato presidencial al dirigente cordobés Eduardo C. Angeloz, que tenía un perfil más conservador que Alfonsín. Su compañero de fórmula era Juan Manuel Casella. Angeloz también aparecía como un candidato confiable para los sectores capitalistas, ya que su equipo de economistas era de orientación liberal y partidaria de las privatizaciones. El peronismo eligió como candidato al gobernador riojano Carlos S. Menem, quien había logrado imponerse en las elecciones internas del partido justicialista a la línea renovadora de Antonio Cafiero. Su compañero de fórmula y candidato a vicepresidente era Eduardo Duhalde.

En las elecciones presidenciales del 14 de Mayo de 1989, la formula Menem-Duhalde obtuvo el 47,3% de los votos, contra la formula radical Angeloz- Casella con el 32,4%.

La agudización de la crisis y de la recesión productiva arrojo a millones de argentinos al hambre y a la desesperación. A fines de Mayo de 1989, en Rosario, Córdoba, Tucumán y en algunas localidades del Gran Buenos Aires (Quilmes, Moreno y Gral. Sarmiento), gran cantidad de trabajadores y desocupados se lanzaron sobre los supermercados para apoderarse de los alimentos. Como respuesta de la crisis social, los legisladores radicales y peronistas votaron el Estado de sitio y el gobierno ordenó la represión que arrojo 14 muertos, 80 heridos y centenares de detenidos.

La entrega del poder al nuevo presidente estaba prevista para el 10 de Diciembre pero, en el contexto de la crisis económica y social, Alfonsín necesitaba un acuerdo con Menem para intentar sostener su frágil programa económico. El presidente electo no le presto ese apoyo; y esta decisión precipito la salida de Alfonsín, quien el 12 de Junio, en un mensaje dirigido a todo el país, anuncio que resignaba la presidencia. Mucho antes de lo previsto, el 8 de Julio de 1989 se realizó el traspaso del mando presidencial.

El nuevo mandatario llevó a cabo un cambio sustancial en las alianzas socioeconómicas del peronismo histórico. Su modelo económico se orientó hacia el liberalismo y muchos exponentes de partidos políticos de esa tendencia ocuparon cargos en su gabinete.

Antes de asumir al gobierno, Menem anunció que entregaría el manejo de la economía a un empresario que integraba el principal grupo oligopólico del país, Bunge y Born, Miguel Roig, que falleció a los seis días de haber asumido. Para reemplazar a este empresario se puso en su lugar a Néstor Rapanelli. Con esto se quería demostrar la decisión del gobierno de continuar las reformas neoliberales.

Los ministros de economía, Antonio Erman González, primero, y Domingo F. Cavallo, luego; sucesivamente designados por Menem, reafirmaron permanentemente la decisión de profundizar el proceso de las privatizaciones y la apertura de la desregularización de la economía. También afianzaron el alineamiento con Estados Unidos en política exterior como señal destinada a captar la confianza de los organismos financieros internacionales y del empresariado local.

El ajuste de los gastos del Estado y, sobre todo, la disminución de la capacidad de consumo de la población permitieron, contener la hiperinflación y mantener los niveles de inflación en un promedio de entre un 15% y un 10% mensual. Alcanzada esta primera meta, el gobierno acelero el ajuste avanzado de la Ley de Reforma del Estado, que hace posible las privatizaciones, y la Ley de Emergencia Económica (suspensión de subsidios y subvenciones, eliminación del “compre nacional”, liberación de las inversiones extranjeras). Además, decreto recortes de gastos en la administración central y en las empresas públicas, y el despido y la jubilación forzosa de empleados del Estado.

En Marzo de 1990, Roberto Dromi (funcionario) inicia la privatización de Aerolíneas y ENTEL, y la adjudicación de 8900KM. de rutas nacionales a empresas privadas que cobraban peaje. En el curso de ese año se concretaron las primeras privatizaciones. Además de la política antinacional que implicaba el otorgamiento de áreas claves para el desarrollo y la planificación de la economía Argentina, estas contrataciones se caracterizaron por el espíritu entreguista con la que se realizaron. También se aplicó el sistema de capitalización de deuda externa, por el cual una parte del pago lo efectúan los inversionistas entregando títulos de deuda, que comprobaron previamente en el mercado al 25% de su valor nominal, pero que el Estado se los recibía al 100% o poco menos de ese valor nominal, constituyendo un gran negocio para los inversores.

En el caso de Aerolíneas Argentinas, los adquirentes se endeudaron para comprar pero en el primer balance de la empresa privatizada, los prestamos contratados, que son personales, aparecen registrados como pasivo de Aerolíneas, o sea que se quedaron sin ninguna deuda. De tal manera que cualquier persona de escasos recursos podría haber comprado en esas condiciones. A los pocos años, Aerolíneas perdió su plantel de 28 aviones, debiendo prestar el servicio con máquinas alquiladas.

Con respecto al sistema ferroviario, se aplicó la privatización a los ramales más rentables y se levantan los demás, reduciendo notablemente la red de funcionamiento, con el efecto consiguiente: “pueblos fantasmas” y miles de ferroviarios despedidos.

El 20 de Marzo de 1991, el ministro Cavallo anuncio un plan que entro en vigencia a partir del 1° de Abril. El llamado plan de convertibilidad cambio el signo monetario y restableció el antiguo peso y, además, determino por ley la equivalencia de un peso por dólar.

Desde entonces, el Gobierno profundizo el ajuste neoliberal con medidas que provocaron una creciente e inédita concentración de la riqueza a favor de los grandes grupos económicos, el empobrecimiento de una gran franja de los sectores medios y la exclusión del consumo y de los servicios básicos de los sectores más pobres.

La política de privatización fue clave para disponer de fondos que permitiesen sostener la paridad entre el peso y el dólar. La venta más importante fue la de Yacimientos Petrolíferos Fiscales (YPF), la empresa nacional de mayor facturación. El proceso privatizador de YPF comenzó con el decreto el 31 de Diciembre de 1990, que transformo lo que era una sociedad de estado en una sociedad anónima. El momento decisivo fue en Junio de 1999, cuando la empresa petrolera española REPSOL compró el 90% del paquete accionario de YPF.

El freno de la inflación, la estabilidad y la modernización fueron los logros que la administración de Menem expulso como muestras de la eficiencia de su política. Para los críticos del menemismo,

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