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Sistema Politico Mexicano

sandyviiid12 de Septiembre de 2013

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EL SISTEMA POLITICO MEXICANO ENTRE 1988 Y 2006

El año de 1988 marco la crisis de un sistema político corporativista y autoritario legitimado en la Revolución Mexicana. A partir de este momento el Sistema Político Mexicano sufrió una transformación debido a múltiples factores:

1. Las elecciones presidenciales de ese año (1988) demostraron que la hegemonía electoral del PRI llegaba a su fin. Se evidenciaron momentos y hechos escandalosos.

2. Es ascenso al poder de una nueva clase política denominada como “los tecnócratas”, a la que pertenecen graduados de universidades norteamericanas. Los tecnócratas se encargaron de implantar un modelo económico basado en la libertad de mercado.

3. La disminución del papel del Estado en la vida económica al comenzar la etapa de desincorporación o privatización y el alejamiento de la visión rectora estatal en las políticas económicas.

4. El Nuevo Orden Mundial impuesto con el fin de la guerra fría, la hegemonía absoluta de los estados unidos, la doctrina de la guerra preventiva y el terrorismo ejercido por la administración norteamericana y los grupos de radicales musulmanes; situación que obligo al estado mexicano a una modernización dentro de la cual se contempla la simulación democrática y el establecimiento de una doctrina de seguridad continental.

5. El surgimiento de movimientos políticos y sociales que cuestionaron la antidemocracia y el autoritarismo imperante en el Sistema Político Mexicano. Dentro de estos, cabe señalar a los que escindieron del PRI y a la sociedad

civil.

6. La reforma electoral que creo al Instituto Federal Electoral (IFE), institución encargada de organizar las elecciones.

7. Participación de la sociedad civil y de la prensa independiente –Proceso y la Jornada—en la vigilancia de las elecciones y de la administración pública.

8. Fractura en el Partido de Estado (PRI) durante el sexenio de Salinas de Gortari; evidenciado en el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta y José Francisco Ruiz Massieu.

9. Desmoronamiento del partido de Estado a partir de los triunfos electorales de la oposición en Baja California, San Luis Potosí, Zacatecas, Tlaxcala, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Chiapas y el Distrito Federal.

10. Alternativa en el poder con la llegada de Vicente Fox Quesada, candidato de PAN, a la presidencia de la República.

11. Desaparición de la hegemonía del Partido oficial en las Cámaras de Diputados y Senadores, obligando a una política de negación o de franca concertacesión con otras fuerzas políticas.

LOS ANTECEDENTES: LAS ELECCIONES DE 1988

Las elecciones de 1988

Irma Campuzano Montoya

“Las elecciones de 1988 han sido consideradas como un momento de ruptura y simultáneamente como un indicador de la presencia de una cultura autoritaria. Con base en la primera interpretación, se subraya la emergencia de un sistema de partidos competitivo, un cambio en la correlación de fuerzas entre las opciones políticas y la mayor vigilancia de la sociedad civil de los procesos electorales. La segunda interpretación destaca la presencia de acciones

irregulares, inequidad electoral y la carencia de limpieza. Estas dos dinámicas fueron el marco de la articulación en un movimiento popular de oposición que provoco la polarización de las fuerzas políticas en torno de la desigualdad de condiciones de competencia que prevalecían en el sistema electoral y la reactivaron la lucha por la democratización.

Los vicios en materia electoral no eran un asunto novedoso, como tampoco lo era poner a discusión la veracidad de los resultados, ya que en 1940 los almazanistas y en 1952 los enriquistas cuestionaron este aspecto. Sin embargo, a diferencia del pasado, los cuestionamientos de las elecciones de 1988 derivaron en dos aspectos que tuvieron una gran trascendencia: la conformación de un nuevo partido político que ha tenido permanencia y cambios en las reglas electorales, las cuales en el mediano plazo permitieron que las organizaciones partidarias se fortalecieran.

El último proceso fue producto de una larga lucha política que permitió vencer al proyecto de la elite que buscaba ampliar la participación, pero sin que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) perdiera su posición hegemónica. Esta propuesta que pretendía una apertura controlada, cancelaba la posibilidad de una real competencia y por lo tanto de la alternancia. El proceso fue largo y se dio con la inclusión del PRI, lo cual implico retrocesos y avances que finalmente evitaron que una opción partidaria fuera favorecida frente a las otras, lo que contribuyó a que se consolidaron las opciones partidarias y se adaptaran

al proceso de competencia. Las elecciones de 1988 fueron un momento determinante en el logro de este objetivo, ya que generaron presiones organizadas para ajustar de manera profunda las normas y las instituciones electorales y pusieron a discusión los riesgos de que la disputa política no se diera de manera pacífica e institucionalizada, si no que diera paso al estallido social, que venía anunciándose desde la crisis económica de 1982. Adicionalmente, estas elecciones evidenciaron que el sistema de partido hegemónico comenzaba a ser incapaz de controlar y canalizar la competencia partidaria, aspecto que sería reconocido por el propio presidente, quien se vería presionado a promover una renegociación de las asimetrías mediante una nueva reforma electoral.

La lucha política previa a las elecciones

Antes de las elecciones de 1988 y en el contexto de la aprobación del Código Federal Electoral que regiría esa elección, la intención política del PRI fue muy clara: mantener a toda costa su posición hegemónica. Este código reglamentaba y precisaba las reformas constitucionales en materia electoral, las cuales habían sido diseñadas para impedir que el PRI perdiera el control de la Cámara de Diputados. Se ampliaran los espacios de representación proporcional en esta cámara a 200 curules, pero el partido en el gobierno participaba por primera ocasión en este reparto, que originalmente había sido un espacio de participación de los partidos minoritarios.

El secretario de Gobernación controlaba y nombraba a todos los funcionarios

encargados de la elección y esta ampliación de facultades favorecía evidentemente al partido en el poder, el cual logro la mayoría de los votos en la Comisión Federal Electoral, al establecerse que el mecanismo de integración se basara en un sistema de representación proporcional acorde con los sufragios obtenidos de la elección federal anterior. Con esta nueva regla, los partidos de oposición, aun unidos, no tenían capacidad para oponerse a una decisión del partido en el gobierno. Esta modificación en la composición de este órgano electoral provoco la ruptura del PRI con sus tradicionales aliados: los partidos satélites, que ahora ya no eran requeridos para que este partido tuviera el control de la Comisión Federal Electoral, lo que genero incertidumbre en torno de su nuevo papel en el sistema de partidos.

Adicionalmente, el sufragio para diputados en una sola boleta y la decisión de las curules fueran repartidas con base en el voto uninominal complicaron el escenario para los partidos satélites, que en gran medida había vivido de las prebendas gubernamentales otorgadas por la vía de la representación proporcional, y ahora tenían que mostrar su arraigo en la sociedad si no querían desaparecer de la arena electoral. El riesgo de que esto ocurriera era alto, ya que se había eliminado la figura del registro condicionado que permitió la permanencia de organizaciones con poca presencia electoral.

También se creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral, el cual estaba condenado al fracaso porque la ley hacia casi imposible poder

comprobar el fraude. A pesar de ello y “aun cuando dicho órgano solo tenía un carácter administrativo, su creación sentó las bases para la construcción de las nuevas instancias jurisdiccionales”, que se fueron perfeccionando en el futuro.

A pesar de sus limitaciones, este código precisaba algunos lineamientos que eran fundamentales para la competencia partidaria, como el acceso a los medios de comunicación y el financiamiento público. Este ultimo estaba determinado en razón de porcentaje de votos obtenidos y el número de diputados, por ello podemos afirmar que esta regla estimulaba la competencia partidaria, ya que los avances electorales significaban mayores recursos para los partidos.

De acuerdo con esta legislación los partidos políticos eran considerados “entidades de interés público”. En su momento esta decisión no fue valorada en términos de su trascendencia jurídica y política. Sin embargo, en el presente sería impensable hablar de equidad partidaria sin esta condición, que les brindo tanto a los integrantes como a las organizaciones su reconocimiento formal, aspecto fundamental para avanzar en el proceso de institucionalización partidaria.

A pesar de que la fórmula de integración del Congreso en la Cámara de Diputados no rompió con la sobrerrepresentación del PRI, el incremento en el número de miembros de este órgano, 500 diputados, y la competencia electoral registrada en las elecciones favorecieron una composición diferente de esta. Así el PRI perdió en el congreso la mayoría calificada, aunque no la absoluta, lo

que obligo a este partido a negociar con otras fracciones parlamentarias la aprobación de reformas constitucionales.

La flexibilidad de las reglas en materia de candidaturas comunes creó una

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