Transformacion Agrarias

Introducción

Las medidas desamortizadoras constituyen un fenómeno que hay que considerar en bloque, desde las medidas que se llevaron a cabo en este sentido durante el reinado de Carlos III, hasta la ley de Madoz en 1855. La desamortización eclesiástica de Mendizábal fue la más importante de todas las que se realizaron dentro de un amplio proceso que culminará a finales del siglo XIX. El término «desamortización» se refiere al acto jurídico mediante el cual los bienes que han estado amortizados adquieren la condición de «bienes libres» y sus poseedores pierden el derecho de propiedad. El Estado es el nuevo propietario y los vende a particulares en pública subasta. Las desamortizaciones del siglo XIX se realizaron para que el Estado obtuviese recursos económicos suficientes para desarrollar una «reforma agraria» necesaria para salir de la crisis económica y financiera en la que estaba el país.

1. Contexto y antecedentes históricos.

La economía española de la primera mitad del siglo XIX era básicamente agraria. Más de la mitad de la renta nacional procedía del sector agrícola y ganadero, ocupando un lugar destacado en las exportaciones los productos agrícolas.

El mantenimiento de la estructura tradicional de la propiedad perjudicó considerablemente el desarrollo de esta actividad económica. Un pequeño número de familias aristocráticas y entidades eclesiásticas poseían grandes latifundios en la mitad sur de la Península. Además grandes extensiones de tierra permanecían incultas por falta de capital o de iniciativa empresarial, estas tierras pertenecían a la Iglesia o la Corona.

Esta estructura de la propiedad explica el retraso en la modernización económica del país. La preocupación por mejorar la productividad y remediar la situación del campesinado se pusieron de manifiesto desde el siglo XVIII (ministros ilustrados como Olavide y Jovellanos).

Los antecedentes históricos:

La agricultura fue uno de los temas más debatidos por los ilustrados del siglo XVIII por los siguientes motivos:

El aumento demográfico provoca la necesidad de incrementar la producción para poder abastecer la creciente demanda.

La subida de los precios de los productos agrícolas en el exterior no permitía solucionar el problema mediante las importaciones.

Los propietarios aumentaron las rentas y los campesinos abandonan las tierras por no poder pagarlas (descenso de la producción).

Los ilustrados, partidarios de la fisiocracia, plantean potenciar la producción nacional para reducir la excesiva dependencia exterior.

Los ministros ilustrados ven que las tierras en poder de la Iglesia, así como las de los municipios o de otras «manos muertas» rendían poco, estaban al margen del libre comercio y además no tributaban al Estado. Olavide y Jovellanos coincidían en la conveniencia de convertir las tierras concejiles, en especial los baldíos, en bienes de «propiedad privada» y así sacarles rendimiento.

Las primeras medidas desamortizadoras que se desarrollan son las siguientes:

Legislación desamortizadora de Carlos III

Sólo se aplicó a los bienes municipales y tiene su origen en la crisis agraria de 1766. El conde de Aranda propuso que los baldíos de los pueblos extremeños se arrendaran a braceros y jornaleros. Esta medida se extendió a todo el reino en 1767. Su fin principal era el beneficio común, el fomento de la agricultura y el facilitar a los braceros terreno propio que cultivar. Esta disposición fue anulada en 1770 por la oposición terratenientes.

Leyes desamortizadoras de Carlos IV

Ante la crisis fiscal, Godoy en 1798 mandó que se enajenasen a beneficio de la Real Hacienda los bienes pertenecientes a hospitales, hospicios, casas de misericordia, de reclusión, de expósitos y cofradías, bajo el interés anual del 3% a los desposeídos. Se inicia así el proceso desamortizador característico del siglo XIX: el Estado expropia los bienes inmuebles pertenecientes a «manos muertas» y los vende. El importe obtenido se destina a la amortización de la deuda del Estado. Frente al planteamiento de los ilustrados del siglo XVIII, desamortizar para la reforma agraria, surge el de Godoy: desamortizar para sanear la Hacienda Pública y acabar con la deuda del Estado.

La desamortización de las Cortes de Cádiz

En 1811 se planteó en las Cortes el problema de la «deuda pública». El Decreto de 1813 establecía que la deuda se pagaría con las rentas obtenidas de las tierras destinadas para tal fin: la de las órdenes militares, de conventos y monasterios suprimidos o destruidos durante la guerra, las de los jesuitas, las de la Inquisición y la mitad de los baldíos y realengos. Las fincas se venderían en pública subasta. Este decreto constituye la primera norma legal general desamortizadora del siglo XIX, pero apenas pudo aplicarse debido al inminente retorno de Fernando VII. Durante el Trienio Liberal (1820-1823) se restableció la legislación desamortizadora de las Cortes de Cádiz.

Las desamortizaciones del siglo XIX

Una de las principales causas de la reforma agraria fueron las dificultades de la Hacienda Pública para obtener ingresos con los que hacer frente a los gastos y al pago de la «deuda» del Estado. La situación de la Hacienda Pública era de crisis permanente debido a las continuas guerras en la que se encontró inmersa España desde fines del XVIII. Uno de los factores que perjudicaba al sistema fiscal existente era que los privilegiados estaban exentos del pago de impuestos.

La pérdida de las colonias, durante el reinado de Fernando VII, además de suponer la desaparición de un mercado seguro para los productos españoles, supuso la desaparición de las remesas de oro y plata. Todo esto unido a la incapacidad de obtener otras fuentes de ingresos, situó a la Hacienda en una posición insostenible.

La necesidad de obtener ingresos para solucionar la «crisis» de la Hacienda y poder llevar a cabo la «reforma agraria» obligó a Mendizábal a desarrollar medidas desamortizadoras. También hay que tener en cuenta la situación de «guerra» en la que aplicaron estas medidas: los liberales dependían de este dinero para ganar.

2. Las desamortizaciones de Mendizábal

La primera preocupación de Mendizábal, desde que llegó al Gobierno en 1835, era el problema financiero. La «deuda pública» era insostenible y el gobierno tenía que hacer frente a los gastos que ocasionaba la «guerra», por este motivo procedió a la liquidación de la deuda mediante la venta a gran escala de los bienes nacionales. En 1835 se suprimían los conventos y monasterios religiosos que no tuvieran un mínimo de doce individuos profesos, aplicándose sus bienes al pago de la deuda pública.

Primera ley desamortizadora

En 1836 se aprobó la venta de bienes raíces que hubieran pertenecido a corporaciones y comunidades religiosas, y la supresión de institutos monásticos, exceptuándose los bienes destinados a servicios públicos, provocando así, la ruptura de las relaciones diplomáticas con el Vaticano. En el mismo decreto se anunciaba la formación de un reglamento para la venta de los bienes, que se hacía para disminuir la «deuda pública» y «entregar al interés individual la masa de bienes raíces que han venido a ser propiedad de la nación, a fin de que la agricultura y el comercio saquen de ellos las ventajas que no podrán conseguir por entero en su actual estado». Mendizábal sabía que favorecer el acceso de los campesinos a la tierra facilitaría una mayor estabilidad social. La medida despertó gran entusiasmo y una gran cantidad de capital entró en circulación, pero los ingresos no fueron los esperados por la condena pontificia que consideró un robo la medida del Gobierno.

Segunda ley desamortizadora

Las esperanzas de Mendizábal de sanear la Hacienda Pública no se cumplieron, por lo que en 1837 publicó su segunda ley desamortizadora. En ella se suprimían los diezmos y se declaraban bienes nacionales sujetos a enajenación casi todos los del clero secular. Pero la aplicación práctica de esta ley fue casi nula porque la enajenación no debía comenzar hasta 1840, y en este año la ley fue suprimida ya que la Guerra había finalizado.

La oposición a Mendizábal: Flórez Estrada

Mendizábal contaba con la oposición de la Iglesia y de la nobleza, pero no esperaba la oposición de algunos progresistas como Flórez Estrada. Se declara partidario de la desamortización, pero no como la concebía el ministro de Hacienda. Su planteamiento reformista era básicamente social. Admitía la desamortización para mejorar la condición de las clases rurales y estaba preocupado por favorecer al proletariado agrario. Su propuesta era arrendar en enfiteusis por cincuenta años las tierras a los mismos colonos que las estaban trabajando para la Iglesia, con la posibilidad de renovar el contrato al expirar dicho plazo. Esta propuesta beneficiaba al Estado porque no perdía la propiedad de las tierras y además podía invertir el importe de las rentas en el pago de las deudas. Al mismo tiempo, Flórez advertía que con las ventas sólo ganarían los especuladores.

Resultado de la desamortización de Mendizábal

Los grandes propietarios y los miembros de la burguesía, poseedores de títulos de la deuda pública, eran los únicos que podían hacerse con las fincas subastadas, por lo que se produce la expansión del latifundismo. La desamortización contribuyó, junto con otras medidas agrarias, a un incremento de la productividad y a hacer frente a los crecientes gastos de la guerra. Pero los gastos eran tan altos que la «deuda pública»

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