TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y EXPANSIÓN INDUSTRIAL EN EL SIGLO XIX

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TRANSFORMACIONES AGRARIAS Y EXPANSIÓN INDUSTRIAL EN EL SIGLO XIX

En la historia de la economía, el siglo XIX es el siglo de la industrialización. Iniciada en Gran Bretaña y pronto extendida a otros países como Francia, Alemania o Bélgica, la actividad industrial condujo a una nueva sociedad, que recibió el nombre de sociedad capitalista.

En este contexto, España presenta una evolución diferente, aunque similar a gran parte de los países del este y sur de Europa, que quedaron al margen de la consolidación de esta nueva sociedad industrializada. Las trasformaciones económicas españolas fueron menos relevantes, y aunque a fines del XIX, las relaciones sociales propias del capitalismo se habían consolidado, sin embargo, en el primer tercio del XX, España seguís siendo una economía predominantemente agrícola y con un sector industrial limitado poco competitivo en el exterior. El resultado, era que la renta por habitante española era inferior a la de otros países de su entorno.

DEMOGRAFÍA

La población de los principales países europeos creció en el XIX a ritmo vertiginoso. En España, el crecimiento fue moderado, y esto se explica por el hecho de que la tasa de mortalidad se mantuvo bastante alta como consecuencia de las guerra civiles del siglo XIX, el escaso o tardío crecimiento industrial y la aparición esporádica de epidemias, aunque ést6as fueron menos mortíferas que en siglos anteriores.

Durante el período 1797-1877 se observa un movimiento de población desde el centro a la periferia y sobre todo al norte, un ligero incremento de la población urbana, y una disminución gradual de la población del sector primario, compensada por un ligero crecimiento de la población en los sectores secundario y terciario.

El mayor ritmo de crecimiento se experimente entre 1820-1860, una vez que las colonias americanas se independizaron y finalizó la tradicional emigración hacia América.

En las últimas décadas del XIX el ritmo de crecimiento volvió a decacer situándose en los niveles de fines del XVIII.

AGRICULTURA

La agricultura era en el Antiguo Régimen y durante bastante tiempo en el Nuevo Régimen la base de la economía; la propiedad de la tierra su elemento principal. El paso del Antiguo al Nuevo Régimen tiene un elemento fundamental en el cambio de la propiedad de la tierra. 1

En el Antiguo Régimen la propiedad de la tierra estaba en su mayor parte amortizada; es decir vinculada a instituciones como la nobleza (a través del mayorazgo), la Iglesia, los Ayuntamientos (bienes propios y bienes comunes) y el propio estado. Al estar vinculada a instituciones estas tierras no se podían vender, partir, etc, es decir; estaban fuera de los mecanismos capitalistas. Los ilustrados consideraron que esta forma de propiedad era poco racional e impedía una explotación y unos rendimientos más intensivos, por ello denominaron a estos beneficiarios "manos muertas".

Los campesinos eran en general, muy pobres y trabajasen explotaciones muy pequeñas. Esto dificultaba la acumulación de beneficios que permitiese la introducción de mejoras en los cultivos, y la compra de máquinas. Así las transformaciones o revoluciones agrarias, que son la base de la revolución industrial, no se dieron en España.

Los políticos liberales eran conscientes de que los cambios de la estructura de la propiedad de la tierra habían favorecido en otros países una gran expansión de la producción agrícola. Pensaban que la primera medidad que había que adoptar para poner fin al atraso del campo español era eliminar los restos del régimen serñorial que todavía subsistía en buena parte delas regiones del país. Para ello era necesario erradicar el problema de las “manos muertas” y vender las tierras para que los nuevos propietarios modernizasen el campo.

Así surge la DESAMORTIZACIÓN como hecho clave del paso del Antiguo al Nuevo Régimen.

a) Prededentes

Ya en el reinado de Carlos III apareció la críti¬ca a la amortización de bienes raíces, tanto eclesiásticos como vincu¬lados de la nobleza o comunales de los ayuntamientos. Los ilustrados la consideraban como la principal causa del estancamiento agrario, y proponían detener la amortización e incluso suprimirla. Pero la Corona se opuso con los mismos argumentos políticos y religiosos que utilizaban la nobleza y la Iglesia.

Fue a partir de 1795, con Godoy, cuando la polí¬tica belicista del gobierno y el consiguiente crecimiento brutal de la deuda pública obligaron al ministro a iniciar la desamortización. En 1798 el gobierno declaró en venta, como ya vimos, los bienes de una serie de institutos eclesiásticos, y destinó los fondos obtenidos a amortizar la deuda e indemnizar a la Iglesia con el 3% anual del producto de las ventas.

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El resultado fue negativo: en 1808 la deuda ascendía a 7.000 millones, mientras que se había eliminado la asistencia social a enfermos, ancianos y marginados sociales, asistencia que la Iglesia financiaba con las rentas de esas tierras y que el Estado no cubría, lo que condenó a esos colectivos a la miseria.

Durante la Guerra de la Independencia tanto el gobierno bona¬partista como las Cortes de Cádiz realizaron una legislación paralela de supresión de conventos y órdenes religiosas y de puesta en venta de sus propiedades, destinando el producto a amortizar la deuda del Estado. La restauración del absolutismo en 1814 significó la anulación de las exclaustraciones y la devolución de los bienes vendidos a los frailes.

En el Trienio volvieron a entrar en vigor las decisiones de las Cortes de Cádiz: se aprobó el Decreto de supresión de monacales de octubre de 1820 y se emprendió la desamortización de bienes de pro¬pios y baldíos. Una buena parte de los bienes de los conventos fue ven¬dida, principalmente, a inversores burgueses. Pero en 1823 retornó el régimen absolutista, y Fernando VII obligó a restituir los bienes ven¬didos, lo que provocó la indignación de los compradores, que desde entonces pasaron a apoyar al liberalismo y a enfrentarse al Rey.

b) La Desmortización de Mendizabal

A partir de 1833 el proceso de desamorti¬zación se precipitó por varias causas. En primer lugar, la guerra obli¬gaba al Estado a obtener recursos, en un momento en que las arcas estaban vacías y el crédito exterior se había hundido.

En segundo lugar, se difundió en el país un clima anticlerical, a causa del apoyo del clero al bando carlista: los asaltos a conventos, los incendios, pro¬fanaciones y matanzas fueron frecuentes en los años 1834 a 1836.

El Cura y el fraile reaccionario se convirtieron en los chivos expiatorios de las protestas populares provocadas por la escasez, debida a la gue¬rra, y por las epidemias.

En tercer lugar, los antiguos compradores de bienes desamortizados en el Trienio, expropiados en 1823, presiona¬ban al gobierno para que les devolviera sus bienes. Hombres ricos, formaban un grupo poderoso e influyente, esencial para el bando cristino. Por eso no es extraño que los gobiernos liberales fueran poco a poco avanzando hacia la desamor¬tización

En esta situación se publicó la primera de las dos grandes leyes de desamortización de la revolución liberal, la de Mendizábal, la desamortización del clero: en febrero de 1836 se declaraban en venta todos los bienes pertenecientes al clero regular, y se desti-naban los fondos obtenidos a la amortización de la deuda pública. El Decreto formaba parte de un programa que perseguía ganar la guerra allegando fondos y tropas, restaurar la confianza en el crédito del Estado y, a largo plazo, permitir una reforma de la Hacienda.

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Mendizábal, en el preámbulo, exponía otros objetivos básicos de la desamortización: sanear la Hacienda reduciendo la deuda, conseguir el acceso a la propiedad de sectores burgueses, que mejorarían la producción y la revalorizarían, y crear un sector social de nuevos propietarios vinculados al régimen y al bando cristino.

En 1838 las subastas se aceleraron, y sobre todo desde 1840, cuando la victoria cristina hizo irreversibles las ventas. Además, desde agosto de 1841, bajo la regencia de Espartero, se desamortizaron también los bienes del clero secular. Fue finalmente con la vuelta de los moderados, en 1844, cuando se suspendieron las subastas, aunque el gobierno del general Narváez garantizó las ventas ya realizadas.

Dado el distinto tamaño de los lotes, eran en teoría asequibles para grupos sociales de bajos ingresos, pero en la práctica los propietarios y los inversores burgueses acapararon las compras, puesto que eran los únicos que tenían liquidez, sabían pujar y podían controlar fácil¬mente las subastas. Además, comprar era un excelente negocio: sólo se abonaba el 20% al contado, el resto se pagaba aplazado, y se admi¬tían para el pago los títulos de deuda por su valor nominal. Como esta¬ban muy desvalorizados en el mercado, adquirirlos en bolsa y pagar con ellos era una ganga para el comprador.

Un proceso tan perjudicial para los intereses del Estado no era consecuencia de un error de cálculo. Mendizábal sabía que la admisión para el pago de títulos por su valor nominal produciría esa situa¬ción. Es cierto que podría haberse llevado adelante la desamortizaclon con más rendimiento para el Estado, e incluso que podría haberse aprovechado para repartir la tierra entre los campesinos, iniciando así un proceso de reforma agraria. Lo que ocurre es que el ministro no buscaba ni un reparto de las tierras ni una reforma agraria, sino beneficiar a quienes, como él mismo, per¬tenecían a la elite financiera y comercial. y buscaban consolidar su prosperidad económica con la compra de bienes inmuebles. El resultado es que, sumando lo vendido en el Trienio y en el pe-riodo 1836-1851 (año en que aún se cobraron plazos), el Estado recau¬dó unos 4.500 millones de reales, de los que sólo 500 lo fueron en dine¬ro, cuando la deuda ascendía ya por entonces a unos 14.000 millones.

Las consecuencias de la desamortización de Mendizabal fueron muy variadas.

1-El desmantelamiento casi completo de la propie¬dad de la Iglesia y de sus fuentes de riqueza, toda vez que el diezmo, su otra alternativa, fue igualmente suprimido en 1837. Para entonces la Iglesia había dejado de ser el estamento privilegiado, aunque conservaba su enorme influencia en las mentalidades y en la educación, que casi monopolizaba.

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2-La desamortización no resolvió el problema de la deuda, pero sí contribuyó a atenuarlo.

3- La desamortización no produjo un aumento de la producción agraria, contra lo que pretendían sus promotores. Los nue¬vos propietarios, en general, no emprendieron mejoras, sino que se limitaron a seguir cobrando las rentas y las incrementaron, al sustituir el pago de los derechos señoriales y diezmos por nuevos contratos de arrendamiento. Muchos de los nuevos propietarios vivían en las ciudades, completamente ajenos a los problemas agrícolas.

4- La desamortización provocó un refor¬zamiento de la estructura de la propiedad de la tierra: acentuó el lati¬fundismo en Andalucía y Extremadura y el minifundismo en el Norte. Las tierras y las fincas urbanas fueron a parar a los antiguos terratenientes locales, a nuevos inversores de la burguesía financiera, industrial o profesional (sobre todo abogados), a especuladores e intermediarios, que traficaron con las tierras o con los títulos de deuda que suministraban a los compradores. Unos y otros, amigos de políticos, caciques o viejos señores, constituirán la nueva elite terrateniente que detentará el poder durante el reinado de Isabel II ya sea en el partido moderado o en el progresista, y por tanto plenamente identificados con el régimen liberal, tal y como había previsto Mendizábal.

5-Los que desde luego no compraron, en general, fueron los cam¬pesinos: o no recibían información de las subastas, o no sabían pujar, o no tenían dinero para hacerlo. Cuando lo intentaron se encontraron con lotes demasiado grandes, pujas muy altas o subastas amañadas por los potentados locales, frecuentemente en connivencia con quienes presidían las subastas.

6-En las ciudades ocurrió lo mismo. Como la mayoría de los inmuebles estaba en el centro urbano, la desamortización contribuyó a un urbanismo discriminador. La alta burguesía acaparó los mejores edi¬ficios del centro, excluyendo a las clases medias, confinadas en las viejas viviendas, y dejando para los obreros los arrabales de la peri-feria. La desamortización de fincas urbanas (casas, edificios conventuales) contribuyó a la transformación del modelo de ciudad del siglo XIX: de la ciudad conventual, marcada por el predominio del caserío amortizado y el tono hegemónico de los edificios religiosos, a la ciudad burguesa, caracterizada por la desaparición del viejo caserío, su crecimiento en altura, la apertura de nuevas vías, la presencia de los edificios públicos y los ensanches. La legislación previó para los edificios conventuales destinos tan diversos como la conservación para uso parroquial o público (conversión en museos, cuarteles, hospitales), la demolición para la apertura de nuevas calles o el ensanche de las existentes, o su mera inclusión entre los bienes nacionales sujetos a la privatización.

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El patrimonio mueble corrió la misma suerte: fue reservado como parte de la memoria histórica nacional (creación de museos).

c) La Desamortización de Pascual Madoz, 1855

Era uno de los puntos programáticos del bienio . Establecia la venta en subasta pública de toda clase de propieda¬des rústicas y urbanas pertene¬cientes al Estado, a la Iglesia, los propios y baldíos de los Munici¬pios y, en general, todos los bienes que permanecieran amortizados. Se trataba, por tanto, de completar y terminar el proceso de desa-mortización iniciado por Men¬dizábal en 1836. A diferencia de éste, la Ley Madoz se desarrolló a gran velocidad y el dinero acumulado fue casi el doble que en 1845.

Las consecuencias de esta segunda desamortización fueron la eliminación de la propiedad comunal y de lo que quedaba de la eclesiástica, lo que provoco, en el primer caso, un agrava¬miento considerable de la situa¬ción económica del campesinado, y en el segundo, una ruptura de las relaciones con la Iglesia, ante la flagrante violación del Concordato.

A partir de la segunda mitad del XIX, en la costa mediterránea se fue imponiendo una agricultura orientada a la comercialización, tanto en el mercado interior como para la exportación. Los principales cultivos eran;: la vid, los c´tricos, el arroz y la caña de azúcar. Especialmente la vid, tuvo un crecimiento espectacular a fines del XIX. Entre 1850 y 1875, España triplicó el volumen de la exportación de vinos a Europa, hecho que se explica por la ruina de la vid francesa a causa de la filoxera. España se convirtió en primera potencia en producción vinícola, consolidándose importantes zonas que aún persisten en la actualidad como tales: el marco de Jérez, la Rioja, el Penedés, Utiel, etc.

A fines del XIX llegó la filoxera a España, lo que supuso una grave crisis en el sector.

Aparte de estos sectores, seguía predominando el cultivo del cereal hasta bien entrado el siglo XX.

Como conclusión, la escasez de transformaciones en el campo y la baja productividad obstaculizaron el crecimiento económico moderno, que debía basarse en que una parte creciente de la población se dedicara a la industria y al comercio, mientras un número más reducido produjera los alimentos. Al mismo tiempo, como los sectores agrícolas de otros países aumentaron su modernización, la distancia entre éstos y España aumentó, consolidándose la situación de atraso relativo de la agricultura española.

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INDUSTRIA

a) El atraso de la industria española

España siguió siendo mayoritariamente agraria, al no producirse la modernización económica, esto está relacionado con el fracaso político o la dificultad de implantación del nuevo régimen en España. No obstante, se avanzó algo, pero lenta, irregularmente y sólo en sectores y regiones concretas. Comparando con Europa Occidental, la evolución del sector industrial a lo largo del siglo XIX ofrece una imagen de atraso relativo. Ante estas características económicas, la mayoría de los historiadores han hablado del fracaso de la Revolución industrial en España, si bien hoy se matiza este término para hablar de retraso en un proceso de transformaciones ya comenzado. Las causas habría que buscarlas en que:

 La agricultura desempeñó un escaso papel en la formación de capitales y , por tanto, en la industrialización. Así mismo, tampoco suministro materias primas suficientes, mano de obra y tampoco proporciono un amplio mercado cualitativo interior.

 La inexistencia de una burguesía financiera emprendedora.- La aristocracia prefirió la inversión en tierras, al igual que la burguesía financiera. Cuando ésta se atrevió a invertir en la industria lo hizo en el ferrocarril o en explotaciones mineras y muy escasamente en sectores industriales básicos como la siderurgia o el textil. Esto comportó una dependencia excesiva del capital extranjero y de las ayudas estatales para las inversiones industriales.

 La dependencia técnica y financiera del exterior.- El capital extranjero invirtió en España, sobre todo a raíz de 1856, pero lo hizo en el ferrocarril o en la minas, esto impidió la expansión de sectores industriales que podrían haber servido de arrastre para el crecimiento de otras industrias, como es el caso de la siderurgia.

b) Sectores industriales

LA INDUSTRIA TEXTIL CATALANA

En Cataluña se desarrolló la industria textil algodonera que arrastró a la lanera, sedera, mecánica y química. El precedente fueron las indianas que aparecieron a raíz de la declaración de la libertad comercial con América en España.

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Los factores que hicieron esto posible fue la asistencia de una agricultura desarrollada basada en la propiedad mediana, la tradición artesanal y comercial catalana, la acumulación de capital que las anteriores produjeron, la mentalidad burguesa, la situación estratégica y el proteccionismo del mercado español.

La gran innovación fue la implantación del sistema de fábrica. La mecanización supuso un incremento acusado de la productividad y un descenso de los precios. Ello, a su vez, estimuló el aumento de la demanda. La industria algodonera monopolizó el mercado nacional. Desplazó a las industrias textiles tradicionales, como la gallega, de sus propias áreas de mercado y logró sustituir con éxito los tejidos extranjeros.

Los efectos secundarios más importantes que produjo esta industrialización fueron la inmigración, la xenofobia, el nacionalismo y la mala imagen en el resto de España.

LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA

La industria siderúrgica comenzó en Málaga, Asturias y País Vasco. Se va a consolidar a raíz del desarrollo del ferrocarril en 1855 en Asturias (por la existencia de carbón) y sobre todo en el País Vasco, gracias a que tenía minas de hierro, parte del cual vendía a Inglaterra y los barcos venían de vuelta con el carbón necesario. Pero la expansión del ferrocarril no incidió todo lo que hubiera sido necesario en el desarrollo de la siderurgia. La ley general de Ferrocarriles de 1855 permitía a las compañías constructoras la importación de los materiales necesarios durante un periodo de diez años. Esta ley abría sin restricción el mercado nacional a las siderurgias extranjeras, sobre todo a las francesas.

La siderurgia vasca se caracteriza por el alto grado de concentración de las empresas, apareciendo los Altos Hornos. A partir de esta industria, se consolidó en el País Vasco una red de empresas de construcciones mecánicas y navales.

En cuanto a los efectos secundarios nos remitiremos a los ya mencionados para Cataluña.

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EL FERROCARRIL

De 1844 a 1855 se produce la fase inicial, con una implantación muy débil, sólo tres líneas, pero con la lamentable decisión de, por razones militares, establecer un mayor ancho de vía para nuestros ferrocarriles.

De 1855 a 1868 se produce el pleno desarrollo, al hilo del gobierno progresista y de una nueva legislación. Se optó por una ordenación radial, por motivos políticos, que tenía a Madrid como eje de la estructura ferroviaria y, sobre todo, se permitió la intervención de empresas extranjeras (francesas sobre todo) que aportaron el capital y la tecnología necesaria. La ley general de Ferrocarriles tuvo unos efectos prácticos espectaculares. El total de kilómetros pasó de 672 a 5.108 entre 1857 y 1867. Las causas de este rápido ritmo constructivo fueron el decidido apoyo del Estado (a través de la pertinente legislación, las subvenciones concedidas y las franquicias arancelarias a la importación de materiales) y el flujo masivo de capital y tecnología extranjera, sobre todo de procedencia francesa.

Las repercusiones económicas de la construcción del ferrocarril fueron muy importantes: Fue un elemento decisivo en la modernización económica, a pesar de los numerosos errores cometidos (como el ancho de la vía o la radialización). La construcción de las líneas implicó una importante demanda de trabajo. Pero también debido a la legislación de 1855, la construcción del ferrocarril tuvo una repercusión insignificante para las industrias siderúrgicas y metalúrgicas de España

c) La política comercial

Durante todo el siglo XIX se produce una gran lucha entre el proteccionismo y el librecambismo, que respondía a intereses económicos distintos. La burguesía demandaba el proteccionismo, mientras que los terratenientes pedían el librecambismo. El partido progresista apoyo a la periferia norte y por tanto al proteccionismo y el partido conservador al librecambismo.

LIBRECAMBISMO y PROTECCIONISMO son las dos prácticas de la política comercial de un país. Hablamos de proteccionismo cuando el estado protege la producción de un país poniendo aranceles -impuestos en frontera-, contingentes - limitación de la cantidad importada- o diversas ayudas fiscales o económicas a la producción. El librecambismo se da cuando el estado opta en no intervenir en la política comercial.

En el siglo XIX se va a producir una lucha constante entre los partidarios del proteccionismo - los industriales catalanes y vascos apoyados por el partido progresista- y los partidarios del librecambismo - los exportadores latifundistas del centro-oeste y sur de España, apoyados por el partido conservador. A finales del siglo XIX, en el contexto de la crisis agraria, esa lucha se decanta por el proteccionismo con el arancel de Cánovas. Este proteccionismo dominará la política española durante casi todo el siglo XX (con recrudecimiento en las dictaduras de Primo de Rivera y Franco que se llega hasta la autarquía). El proteccionismo se terminará con la entrada de España en la UE en 1986, pero sólo para estos países, quedando abundantes flecos en la economía española de este proteccionismo histórico. En cuanta a las ventajas y desventajas de esta política comercial proteccionista, debemos destacar la idoneidad para una industrialización incipiente, ya que al estar empezando la industrialización, necesita defenderse de otras economías más competitivas, pero en el debe hay que colocar el hecho de que si tú colocas aranceles a los productos de otros países, ellos te los colocan a tí en los tuyos y la falta de competitividad de la economía española que proporciona, siendo hoy en día una de sus características principales.

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