EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION

TITULO.-

IMPORTANCIA DE CONOCER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION POR EL CONTRIBUYENTE, EN MATERIA FISCAL.

IMPORTANCIA DE CONOCER EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION POR EL CONTRIBUYENTE, EN MATERIA FISCAL.

OBJETIVOS.-

Este Proyecto de investigación tiene por objetivo el hacer una comprensión más digerible y de fácil comprensión para el Contribuyente (tanto Personas Físicas, así como Personas Morales), acerca de lo que es un Procedimiento Administrativo de Ejecución en Materia Fiscal, la importancia y trascendencia de que el Contribuyente conozca que es un (PAE) Procedimiento Administrativo de ejecución, así como las consecuencias y detrimentos que esta instancia legal, puede ocasionar directamente en su patrimonio.

JUSTIFICACION.-

En los 4 años que tengo de experiencia de llevar a cabo el Procedimiento Administrativo de Ejecución a favor del Servicio de Administración Tributaria, en la Administración Local de Recaudación de Ciudad Victoria, con sede en Ciudad Victoria Tamaulipas, observo que los Contribuyentes tanto Personas Físicas, como Personas Morales, tienen un notable desconocimiento de la Materia Fiscal.

Todo contribuyente está obligado constitucionalmente a pagar contribuciones al Estado, sin embargo, por la falta de información que tiene el ciudadano, es muy frecuente la determinación de créditos fiscales a su favor, de los cuales en la mayor parte de los casos el contribuyente ni siquiera conoce porque se originan dichos créditos fiscales y es extemporánea la reacción que tienen para llevar a cabo una adecuada defensa siendo esto ya muy difícil de atacar y teniendo que solventar la mayoría de las veces pagos que con un mejor conocimiento e interés hacia sus situaciones fiscales, dichos pagos pudieron en su momento oportuno haberse evitado, lo cual, lesiona el patrimonio del contribuyente, siendo esta situación lo que en muchas ocasiones hace imposible mantener empresas o negocios que dan empleo a otras personas ocasionando que dichas empresas o negocios tengan que cerrar o embargar sus bienes para el pago, además de lo costoso que resulta para el estado llevar a buen fin un Procedimiento Administrativo de Ejecución, es por esto el porqué de este proyecto es sintetizar dicho procedimiento de una forma más entendible y que despierte en el Contribuyente la inquietud por adentrarse más en sus asuntos fiscales a fin de que pueda evitar llegar a estas instancias y con ello tener finanzas más sanas evitando pagos innecesarios, que llevando a cabo de forma puntual y correcta el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.

CONTEXTO.-

Actualmente y a pesar de que existe una ley que ampara los derechos y obligaciones que debe tener todo contribuyente en cualquier etapa de los procedimientos de gestión, inspección y recaudación, lo cierto es que no todos reciben la información adecuada para cumplir con sus obligaciones y evitar la determinación de un crédito fiscal e incluso, evitar la aplicación del Procedimiento Administrativo de Ejecución, muchas de las veces también se genera por la falta de interés que tienen los contribuyentes en cuanto a sus situaciones fiscales, esto es que al no atender a tiempo nuestras obligaciones fiscales, nos generan requerimientos de control de obligaciones, que posteriormente generan multas que pudieron evitarse y así hasta llegar al punto en que la Autoridad requiera el cumplimiento de la obligación omitida, generando esto el detrimento de las finanzas del contribuyente que en el peor de los casos llegan a consecuencias que van desde perdidas de bienes hasta el peor de los casos la generación de procedimientos penales contra el contribuyente.

ANTECEDENTES.-

El procedimiento económico coactivo se instituyó en México como un privilegio del Fisco a partir del 20 de enero de 1837, fecha en que se expidió el famoso decreto por el que se otorgaba a los empleados encargados del cobro de las rentas, la facultad de hacer efectiva la recaudación y el cobro de esos créditos. La titularidad de esta facultad fue muy cuestionada por los contribuyentes durante muchos años, mediante la interposición de los medios de defensa legal existentes en aquella época.

El procedimiento que se efectuaba al respecto perjudicaba gravemente las necesidades económicas del Estado que tenía que seguir un largo camino procesal para hacer efectivo un crédito fiscal, con los consiguientes daños a las necesidades de la colectividad, ya que la aplicación de los recursos fiscales a los gastos retrasos y dificultades que había para su recaudación.

Este problema al final fue resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante la expedición de una Jurisprudencia conocida popularmente con el nombre de Votos de Vallarta, con la que se resolvió la constitucionalidad de la facultad de la autoridad administrativa para hacer efectivos los créditos fiscales, mediante la aplicación del procedimiento administrativo de ejecución.

La Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece como elementos y requisitos del acto administrativo los siguientes: a) ser expedido por un órgano competente; b) A través de

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