Ley Gubernamental

El Consejo Nacional de Armonización Contable —conformado por

representantes de la federación, los estados y los municipios— es el encargado de

diseñar las disposiciones que permitirán el cumplimiento de las aspiraciones de

la LGCG en el 2012. Las facultades de este Consejo son múltiples: señalar los

elementos mínimos de los manuales de contabilidad; emitir los reclasificadores de

catálogos de cuentas, normas contables y de emisión de información financiera;

generar los lineamientos para el establecimiento de un sistema de costos;

establecer el marco metodológico para la integración entre los registros contables

y el proceso presupuestario; y, definir las disposiciones para el registro contable

del esquema de la deuda pública.

Con la implementación de la LGCG en 2012 se espera que los nuevos

criterios que se gesten para registrar la información financiera del sector público

sean facilitadores para la medición de la eficacia y la eficiencia de cada una de las

unidades responsables de la administración pública en los tres niveles de

gobierno. Hoy en día los lineamientos que darán vida a la implementación de la

LGCG en el 2012 siguen gestándose. Queda claro que la motivación principal del

gobierno federal es que con la aplicación de la LGCG los gobiernos estatales

puedan producir información comparable entre sí y mejorar la rendición de

cuentas hacia los ciudadanos. En la literatura sobre los sistemas de medición del

rendimiento de los gobiernos locales, Callanan (2010) llama a esto el "enfoque de

arriba hacia

abajo".

En términos generales, los objetivos de la LGCG y las IPSAS coinciden

perfectamente. De lo que se trata es de que los servidores públicos proporcionen

información financiera relativa a sus propósitos, a sus metas alcanzadas y se

conozcan mejor los costos en los que incurre el gobierno para realizar sus

funciones. La diferencia estriba en que los IPSAS señalan modelos y mecanismos

específicos para lograr estos objetivos, mientras que la LGCG le confiere el diseño

de estas recomendaciones al CONAC -consejo creado expresamente para negociar

con los gobiernos sub-nacionales el nuevo sistema contable.

Los IPSAS son las recomendaciones que los profesionales de la contabilidad

hacen a todos aquellos gobiernos para que generación de su información contable

mejore la transparencia y la rendición de cuentas de su aparato gubernamental.

En el caso de México, la adopción de los IPSAS por parte del CONAC y de todos

los niveles de gobierno en el país se vería como un compromiso a nivel nacional

para mejorar la rendición de cuentas de los funcionarios públicos a través de sus

informes financieros en todos los niveles de gobierno.

Sin embargo, surge la pregunta ¿Qué pasaría si el CONAC recomendase la

adopción de los IPSAS en México? ¿Cuáles son las posibilidades que los IPSAS

ofrecen para desarrollar un lenguaje con normas comunes que facilite la

comparación de la información entre los distintos niveles de gobierno del 38

país?¿Cuál es la posibilidad que ofrecen los IPSAS para que los funcionarios

públicos construyan un

sistema de información contable capaz de mejorar la

supervisión y la presentación de informes sobre el logro de sus objetivos? ¿Cuál es

la contribución de la adopción de los IPSAS para el logro de los objetivos de la

LGCG?¿Habría problemas políticos que pongan en riesgo la aplicación de los

IPSAS en México? Estas son algunas de las preguntas que este artículo trata de

responder.

En este documento se demuestra que algunos gobiernos estatales, ante el

efecto demostración de la Federación, ya han adoptado de manera natural a los

IPSAS para la generación de su información financiera. Sin embargo, a pesar de

que el poder ejecutivo y algunos gobernadores comparten un interés en la

generación de un nuevo sistema de contabilidad gubernamental en México,

todavía quedan pendientes condiciones políticas que resolver para promover con

éxito y cumplir con las medidas y las normas para armonizar el contenido y la

presentación de información financiera en los tres niveles de gobierno en México.

La medición del desempeño gubernamental no es un aspecto fácil de

resolver ya que además de las cuestiones técnicas, también se necesita de

negociaciones políticas en las oficinas de la administración pública para su

implementación exitosa (Chan, 2006). A manera de ejemplo está el tema de la

generación de un sistema de contabilidad de costos que facilite la realización de

evaluaciones costo-beneficio de los programas sociales en el país. Al parecer este

punto no forma parte de la agenda del CONAC con lo que se prevé que este

aspecto

seguirá formando parte de las reformas pendientes por implementar en el

país para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas de los servidores

públicos.

El trabajo está organizado de la siguiente manera. La primera sección

describe la importancia de la contabilidad gubernamental para el análisis de las

políticas públicas y los beneficios que ofrece para mejorar la transparencia y la

rendición de cuentas. La evaluación financiera de las cuentas públicas federales y

estatales en México con base en una de las IPSAS se presenta en la segunda

sección. La última sección presenta algunas conclusiones y una discusión sobre

las expectativas de las características del nuevo sistema de contabilidad

gubernamental que se implementará en el 2012 en México.

I. Importancia de la Contabilidad Gubernamental para el análisis de

las políticas públicas y los beneficios que ofrece para mejorar la

transparencia y la rendición de cuentas

La contabilidad gubernamental es “la técnica que registra sistemáticamente las

operaciones que realizan las dependencias y entidades de la administración

pública federal, así como los sucesos económicos identificables y cuantificables 39

que les afecten, con el objeto de generar información financiera, presupuestal,

programática y económica que facilite a los usuarios la toma de decisiones”

(IMCP y CCG, 2001:18). Esta técnica se aplica a todas las operaciones financieras

del sector público para obtener información veraz, oportuna y confiable. Por estas

razones, la contabilidad es una

herramienta esencial para analizar y evaluar la

gestión pública y su impacto en todos los niveles de gobierno (IMCP y CACP,

2004).

Los objetivos de la contabilidad gubernamental son varios: controlar los

ingresos, gastos y obligaciones de la administración pública y permitir la

comparación con otros ejercicios presupuestales; ayudar a la evaluación de los

objetivos y metas establecidas en los planes de desarrollo y programas del

gobierno en términos de la eficiencia y la productividad; brindar información

acerca de las fuentes de ingreso, su aplicación y los resultados e impactos

obtenidos en el corto y largo plazo. En pocas palabras, la contabilidad debe

permitir la evaluación de la eficacia y la eficiencia del gasto público federal, de los

ingresos, egresos, activos, pasivos, de la administración de la deuda —incluyendo

las obligaciones contingentes— y, del patrimonio del Estado. Finalmente, la

información obtenida a través del sistema de contabilidad debe ser confiable

(objetiva y verificable), útil, comparable (en tiempo y espacio), clara, accesible,

relevante y oportuna (IMCP y CCG, 2001).

La movilización de los recursos públicos cobra sentido cuando está conectada

con la gestión de las políticas públicas y con los resultados que obtiene el

gobierno. Para no incurrir en esta omisión se requiere de un análisis continuo de

las políticas públicas sustentado en la evaluación de los resultados alcanzados.

Entonces es necesario conocer cuáles son las metas que se busca conseguir, y a la

vez es preciso conocer la

mensurabilidad de los resultados y el proceso

gubernamental que los genera (Meny y Thoenig, 1992). Estos atributos abren el

camino para conectar la gestión interna del gobierno con la gestión de las

políticas públicas.

Aunque los datos contables constituyen la materia prima para descifrar las

acciones del sector público, éstos no son perfectos per se. Los registros contables

deben depurarse y procesarse para que sean de utilidad en el momento de

evaluar la productividad y la eficiencia con la que se alcanzan los propósitos de

los servidores públicos. Entonces, la información sobre la contabilidad

gubernamental debe contener ciertos criterios de adecuación para que apoye

efectiva y oportunamente la ejecución del cumplimiento de las metas establecidas

en los distintos planes y programas de desarrollo públicos. Tales criterios son:

comparabilidad, reproducibilidad, oportunidad y suficiencia (IMCP y CCG, 2001).

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