TENSIONES Y DISPUTAS SOBRE LA NOCIÓN DE “CIUDADANÍA‟ ANTE LA POLÍTICA REPRESIVA DEL ESTADO

CUANDO LO REPRIMIDO SE HACE VISIBLE: TENSIONES Y DISPUTAS SOBRE LA NOCIÓN DE

“CIUDADANÍA‟ ANTE LA POLÍTICA REPRESIVA DEL ESTADO

ELIANA LIJTERMAN

YAMILA VENTUREIRA

La problemática que aborda la presente es las, realizadas en una organización barrial de Villa 21-24 (Barracas, C.A.B.A.) entre los años 2008 y 2010.

En el trascurso de esta experiencia abordamos como objeto de análisis e intervención las diversas formas de represión que sufren de forma cotidiana y sistemática los vecinos de este barrio –especialmente los jóvenes varones y los miembros de organizaciones– por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

A partir del análisis que construyeron calificamos a estos hechos como "represión policial e institucional". Esta represión estaría orientada a recrear de modo continuo la estigmatización de los vecinos del barrio, especialmente los jóvenes varones, a partir de una caracterización que los posiciona como delincuentes o peligrosos, y a producir y reforzar la segregación socio-espacial, controlando el uso del espacio público.

Las manifestaciones concretas de lo que llamamos “represión policial e institucional” son diversas como actos represivos, en la mayoría de los casos se viven como hechos del orden de lo natural. Entre estas expresiones podemos mencionar casos de gatillo fácil, detenciones arbitrarias y por averiguación de antecedentes, diferentes métodos de tortura acontecidos en dependencias policiales o de otras fuerzas de seguridad, allanamientos ilegales en viviendas de la villa, toma de fotos a vecinos, persecución a militantes de organizaciones barriales, y violencia directa en movilizaciones.

Por lo que se entiende que la represión contiene dimensiones múltiples en lo referente a sus "causas y efectos". por lo que se cree que la represión policial e institucional está atravesada por intereses de clase que ponen en tensión el trinomio Estado-Derechos-Ciudadanía.

La naturaleza de las cosas

La situación problemática abordada desde diversos marcos teórico- conceptuales, que ubican sus causas en factores diferentes, y en consecuencia, formulan distintas propuestas de solución. Se encuentran diferentes modos de conceptualizar el Estado, el rol de las fuerzas de seguridad, y su relación con la “sociedad civil”.

 Para reconstruir la primera se han tomado algunas organizaciones sin fines de lucro (por ejemplo el CELS1 y la APDH2), que tienen como objetivos institucionales la defensa de los Derechos Humanos en situaciones nombradas como brutalidad, violencia o abuso policial‟. Como señala un informe del CELS, “las prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de los agentes policiales pueden ser explicadas, en parte, debido a las serias deficiencias estructurales que tiene la organización como consecuencia de una legislación que la permite o directamente avala, y de reglas cotidianas que, institucionalizadas, consolidan muchas veces el actuar ilegal de las fuerzas del orden como el patrón al que deben sujetarse muchas de sus acciones” (CELS, 1998:8).

Para el CELS la brutalidad policial sería consecuencia de una serie de factores entrelazados. En primer lugar, “cultura organizacional” propia de la institución policial, marcada por el autoritarismo y la protección corporativa. Esta cultura se reactualizaría de modo constante en la formación de los agentes policiales, tanto en lo que concierne al nivel formal de esa formación –dependiente de las academias estatales– como a usos y costumbres que se aprehenden en la cotidianeidad de la institución. Hay quienes destacan que esta subcultura policial, contiene una fuerte herencia autoritaria de los procesos dictatoriales ocurridos en el país, dada la subordinación de los cuerpos policiales a las fuerzas armadas (Moreau et alii, 2010).

En segundo término, existen legislaciones, como los códigos contravencionales que facultan a los agentes a llevar a cabo detenciones por averiguación de antecedentes u otras categorías ambiguas (como merodeo, actitud sospechosa, etc.). Según el CELS, muchas de estas pautas son contradictorias con el Estado de Derecho y atentan contra ciertas libertades individuales.

Por último, toda esta situación se ve reforzada por la ausencia de controles, tanto internos (desarrollados por la propia institución), como externos (por parte de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial).

Desde esta concepción, el alcance del problema se reduce al ámbito de la institución, y abarcan una gama de políticas de reforma, tanto de la formación y capacitación policial, como en relación con la “sociedad civil”, a la par de modificaciones en las legislaciones vigentes y la creación de diversas instancias de control estatal.

Consideramos que en esta perspectiva subyace una caracterización del Estado como institución responsable de garantizar el “bien común” de todos sus ciudadanos, para lo cual cuenta con el “monopolio del uso legítimo de la fuerza dentro de su territorio”; por lo tanto, se entiende a las fuerzas de seguridad como “las encargadas de la aplicación de las leyes y el mantenimiento del orden público, como responsables del control social (…) [que] deben asegurar la protección a la sociedad y sus ciudadanos” (Moreau et alii, 2010:145). Esto da pie a que los comportamientos indebidos, tanto por parte de los agentes policiales como de ciudadanos, se entiendan como perturbaciones a la “convivencia en un Estado de Derecho” (CELS, 1998:5).

En contraposición la línea argumentativa de CORREPI3. Desde ella se conceptualiza al Estado capitalista como una herramienta de dominación de la clase burguesa, cuya finalidad es la de garantizar la opresión a través de diversos mecanismos de disciplinamiento y control social. Las fuerzas de seguridad, en tanto instituciones estatales, tienen como función desplegar el componente represivo de esas formas de disciplinamiento. En este sentido, CORREPI sostiene que la represión es una política de Estado “que se caracteriza por estar dirigida, sin otro criterio de selectividad que la pertenencia de clase, a los sectores más vulnerables de las sociedad, a los más pobres, y entre ellos, a los más jóvenes” (Verdú, 2009:22).

Dentro de esta política de Estado, se distinguen dos dimensiones. La primera es “represión preventiva”, que tiene como objetivo el disciplinamiento de aquellos sectores que por su realidad objetiva, podrían ser potenciales partidarios de cambiar el estado de las cosas, y constituyen en un posible peligro para la estabilidad del sistema en su conjunto. La segunda es “represión selectiva”, comprende las acciones represivas dirigidas específicamente a aquellos grupos que ya se encuentran organizados, las cuales tienden a aumentar en momentos de mayor conflictividad social.

La represión preventiva se manifiesta en tres modalidades básicas: en los fusilamientos o “gatillo fácil”, en la aplicación de torturas a detenidos, y en la legislación que atribuye a la policía la capacidad de detener personas arbitrariamente. La represión selectiva, por su parte, encuentra su expresión en la represión directa en movilizaciones, las tareas de inteligencia, la promoción de causas judiciales sobre militantes y los presos políticos. Para CORREPI, una de las pruebas más claras de que estas acciones constituyen una política de Estado es su sistematicidad: según el archivo de casos que la Coordinadora realiza, las fuerzas de seguridad estatales asesinan una persona cada 24 horas. Otro componente que destacan como expresión del carácter de política estatal de la represión, es la complicidad que ante estos hechos demuestra la justicia, lo que se manifiesta, por ejemplo, en las escasas condenas a miembros de las fuerzas involucrados en ellos o en las bajas penas atribuidas a los imputados. Y, en este sentido, plantean que la política represiva implementada por el Estado “va acompañada de una política judicial y legislativa que la garantiza” (Verdú, 2009:27).

Desde esta postura teórico-ideológica, CORREPI discute con aquellas tesis que intentan explicar la represión reduciéndola a hechos aislados y de carácter individual, entendiéndolos como “abusos”, “errores” o “excesos” de un agente particular, quien es catalogado como “la manzana podrida dentro de la sana institución” (Verdú, 2009:33). A la vez, desecha la argumentación que plantea que el autoritarismo propio de las fuerzas de seguridad es una herencia de la dictadura, ya que sostiene que las características autoritarias de estas instituciones devienen del rol que están llamadas a cumplir en los procesos de control social. Por otra parte, confrontan también con quienes postulan que existe una “burocracia autónoma” dentro del aparato estatal, que determinaría que las fuerzas de seguridad cuentan con ideas y reglas propias e institucionalizadas, en las que ninguna injerencia tendrían, al menos de forma directa, los poderes ejecutivo, legislativo y/o judicial.

Por lo que se entiende que el Estado es como un aparato cuya función es proteger los intereses de la clase dominante, y las fuerzas de seguridad conforman la pata represiva de ese proyecto de clase, dirigido a disciplinar y controlar a las mayorías populares. Enmarcando la represión policial en una sociedad de clases, y por tanto en un contexto de lucha de clases.

Represión y Ciudadanía, Coerción y Consenso

Hay una realidad que se nos presenta como contradictoria: por un lado es posible identificar una política activa y cotidiana de represión a los sectores populares, principalmente dirigida hacia los jóvenes varones; por otro, hallamos políticas destinadas a la atención de la víctima del hecho represivo en ambas, constituyen intervenciones del Estado, y por ende, las entendemos como política pública.

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