SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA

SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA
Para nadie es desconocido que los niveles de inseguridad ciudadana rebasan la capacidad del Estado Colombiano para hacerle frente de manera contundente y exitosa a este flagelo. Por eso el gobierno nacional se ha ideado una Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que piensa articular, a través de cinco ejes estratégicos, basados a su vez en principios valorativos y críticos de intervención que permitan, entre muchas otras cosas, la caracterización, identificación y control de los factores determinantes de la violencia y la criminalidad que campea, tanto en zonas rurales como en las ciudades del país. 
1. Desde el punto de vista teórico, la Política de Seguridad y Convivencia Ciudadana, tiene como norte la protección y defensa integral del ciudadano frente al accionar de actores armados y grupos delictivos organizados, que pretenden dominar extensas zonas territoriales de la geografía colombiana, para ejercer en ellas actividades ilícitas que les procuran descomunales ganancias y con estas, estructurar ejércitos irregulares, fuertemente apertrechados con los cuales se han enfrentado a la milicia oficial en una guerra extensa cuyo inventario se traduce en muertes indiscriminadas, desplazamientos forzados, despojos de tierras y terrorismo. Actividades apalancadas en una economía subterránea, donde su principal fuente de ingresos es primordialmente el cultivo de la hoja de coca, seguido por el secuestro y la “vacuna” a ganaderos,

comerciantes e industriales. Varios desafíos entrarían en juego para garantizar el imperio de la Ley, combatir el crimen y desarticular mercados de economía ilegal sin que se corra el riesgo de asumir acciones restrictivas demasiado complacientes que conduzcan (a mediano o largo plazo) a la reaparición y/o perpetuación de organizaciones delincuenciales que continúen atentando contra los derechos y la seguridad individual y colectiva.
2. Todo esfuerzo que se haga para mejorar, reducir, neutralizar y controlar el índice de delitos, sería totalmente ineficiente, si desde el ámbito político el gobierno nacional no adopta y pone en práctica medidas que incrementen la severidad de las sanciones que se deben imponer a quienes actuando solos o en grupos, violan las normas preestablecidas por el orden jurídico y constitucional colombiano. Dicho de otro modo, debe entenderse que de acuerdo a la magnitud del delito cometido, a si debe ser la pena de castigo, sin que medien consideraciones paternalistas por quienes tienen en sus manos las facultades de investigar, analizar, allegar pruebas y finalmente condenar a delincuentes redomados que en muchos casos son beneficiados con reducción de penas cuando no con perdón y olvido por acogerse a procesos de desmovilización, reintegración social, reconciliación y supuesta reparación de victimas. Para el caso de organismos complejos y militarmente poderosas, estilo guerrilla, paramilitarismo, “bacrin”, ect, se necesitarían, además, establecer

convenios bilaterales con los gobiernos extranjeros que aun hoy en dia o en el pasado, se han inmiscuido en los asuntos nacionales a través de ayudas económicas para financiar conflictos que nos les pertenecen o bajo la protección de ideologías de izquierda, actualmente en ocaso por la caída de los regímenes totalitarios que les hacían creer que a través de la lucha armada encontrarían el camino para tomarse el poder democrático legítimamente constituido.
3. Institucionalmente se requiere articular los entes que de una manera u otra tienen que ver con el problema de la seguridad. Por definición se sabe que una Institución no sería tal sin tener un fin determinado cuyo objetivo sería la satisfacción de una necesidad social; que esta estructurada, lo cual le permite cohesionarse y reforzarse mutuamente con otras que puedad prestarse para aborar un mismo conflicto y que esta cargada de valor, razón por la cual sus uniformidades repetidas son código de conductas que ellas expresan en reglas y leyes escritas para ejercer presión social sobre situaciones que requieran modificación o su total erradicación. Bajo estos presupuestos, sería útil y por demás conveniente que la educación, la economía y la política, en su condición de Instituciones, obraran conjuntamente contra el delito ejercidos por individuos aislados o grupos al margen de la ley con el fin de garantizar el Estado Social de Derecho, la seguridad social y la convivencia ciudadana; pues mientras la una se preocupa por

...