Monografia

La política pública de privatización portuaria y la flexibilización laboral en el Puerto de Buenaventura

Por

Nayibe Jiménez Pérez

Wilson Delgado Moreno

INTRODUCCIÓN

En el marco del nuevo modelo de desarrollo económico neoliberal, cuyos antecedentes en Colombia se encuentran en la década de 1980 y el cual fue implementado a partir de la Constitución Política de 1991, se ha desarrollado la política pública sectorial de privatización de los bienes y servicios públicos en Colombia, entre ellos, de las organizaciones portuarias. Con la Ley 01 de 1991 se estableció el nuevo marco regulatorio mediante el cual se decretó la liquidación de Colpuertos y se definieron las condiciones para la modernización del sector portuario y su funcionamiento a través de las Sociedades Portuarias Regionales y los Operadores Portuarios. En este contexto, la presente ponencia busca indagar acerca del impacto de esta política pública de privatización del sector portuario en la organización social del trabajo del Puerto de Buenaventura, teniendo en cuenta que uno de los supuestos básicos del modelo económico neoliberal es la flexibilización del mercado laboral para reducir los costos de producción y generar empleo (R. Dombois y L. Pries, 2000). La evidencia empírica ha demostrado que este supuesto de la teoría económica no se cumple y, por el contrario, lo que ha ocurrido es un incremento del desempleo estructural, del empleo informal y en general el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores. En Colombia, la flexibilización del mercado de trabajo se reglamentó mediante la Ley 50 de 1990 y sus posteriores reformas.

De acuerdo con lo anterior, el nuevo modelo de gestión del sector portuario, fundamentado en los supuestos de eficiencia y eficacia – característicos de la racionalidad del capital privado – implicó un nuevo tipo de contratación laboral, consecuente con el proceso de modernización de los puertos que buscaba un mejoramiento en la eficiencia y competitividad del sector portuario y de la economía colombiana. El impacto de la modernización tecnológica y organizacional del Puerto de Buenaventura en el mercado laboral, se analiza en dos aspectos básicos: en primer lugar, la desarticulación de la organización sindical de Colpuertos, conformada por los sindicatos de los diferentes puertos marítimos; y, en segundo lugar, algunas consecuencias sociales de las nuevas formas de contratación laboral, específicamente relacionadas con la incorporación de mano de obra calificada.

PRIVATIZACIÓN Y FLEXIBILIZACIÓN LABORAL: PREMISAS FUNDAMENTALES DEL NEOLIBERALISMO

A mediados de la década de 1970, con la crisis del Estado de Bienestar, se inició la implementación de políticas económicas neoliberales fundamentadas en un cambio cualitativo y cuantitativo de la función del Estado, el cual pasó de ser un Estado proveedor de bienes y servicios, mediante el principio de subsidio a la oferta, a asumir funciones de “Estado Mínimo” (Nozick, R.: 1998) o Regulador. Sus funciones se redujeron a establecer y hacer cumplir las reglas de juego institucionales que regulan los mercados (capitales, bienes y servicios, laboral, etc.), mientras que la financiación y prestación de los bienes y servicios públicos pasaron a ser compartidas con el sector privado y el tercer sector, a través del subsidio a la demanda.

Estos cambios en la función del Estado y en el diseño de la política económica y fiscal se fundamentan en autores (Nozick, Rawls) que reivindican los principios del pensamiento liberal como centro del debate filosófico en la teoría política contemporánea. De igual manera, se fundamenta en la teoría económica ortodoxa (V. Hayek, M. Friedman y otros), que se caracteriza entre otras cosas por la separación entre la política y la economía sustentado en el principio de que los mercados per sé se autorregulan. Estos enfoques teóricos se materializan en el llamado “Consenso de Washington” o conjunto de políticas públicas transnacionales acordadas entre los organismos internacionales de crédito (FMI, BID, BM, etc.) y la tecnocracia política norteamericana con el objetivo de superar los problemas que las economías emergentes, y algunas desarrolladas, enfrentaban en la década de 1980 (deficiente crecimiento económico, incremento acelerado del déficit fiscal, procesos hiper-inflacionarios y desempleo estructural). Los Programas de Ajuste Estructural, impuestos a los gobiernos, fueron el mecanismo por medio del cual se implementaron los 10 puntos del Acuerdo, que conforman el núcleo central del modelo económico neoliberal. Estos puntos son: 1) disciplina fiscal, 2) reorientación del gasto público, 3) reforma tributaria, 4) liberalización financiera, 5) tasa de cambio unificada y competitiva, 6) liberalización comercial, 7) eliminación de barreras a la inversión extranjera, 8) privatización de empresas públicas, 9) promoción de la competencia; y, 10) protección de derechos de propiedad (Medellín Torres, P., 2002).

En la actual fase de la globalización, este conjunto de políticas económicas tienden a ser hegemónicas evidenciando asimetrías de poder entre los países altamente industrializados y los denominados en vías de desarrollo o, entre el Norte y el Sur. En esta ponencia nos enfocaremos en dos premisas fundamentales del “Consenso de Washington” o políticas neoliberales como son la noción de privatización de empresas públicas y la flexibilización del mercado laboral. La implementación de las políticas neoliberales implicó un nuevo proceso de modernización del Estado en el que se asume un modelo de gestión de las organizaciones públicas fundamentado en los principios de eficiencia y eficacia propios de la racionalidad productiva instrumental del sector privado . En este modelo de gestión (Nuevo Management Público) la financiación y prestación de bienes y servicios públicos es asumida parcialmente por actores públicos no gubernamentales, mediante procesos de privatización, subcontratación, autogestión, descentralización y deslocalización del capital.

De acuerdo con Joaquim Vergés (2003), la privatización se puede entender como el traspaso del control de una actividad económica del sector público al sector privado. El autor plantea que pueden existir diferentes formas de privatización, tales como: a) Venta de una empresa pública a un solo comprador, el cual puede ser un conjunto de trabajadores de la propia empresa. b) Venta de un porcentaje de las acciones de una empresa, manteniendo el control mediante la mayoría accionaria. c) Venta de activos de una empresa pública (terrenos, edificios, concesiones, plantas de producción, etc.) sin venderla formalmente. d) Subcontratar la prestación de bienes y servicios con el sector privado o el tercer sector, manteniendo la financiación pública. De acuerdo con Vergés, existen otros casos de interrelación entre lo público y lo privado, los cuales no son considerados propiamente como privatizaciones, pero sí pueden ser catalogados como parte de la tendencia de mercantilización de lo público , donde los bienes y servicios son provistos a través de la lógica del mercado, es decir, mediante el mecanismo de los precios (Varela, 2005).

Esta tendencia ha implicado no sólo la mercantilización del trabajo productivo sino, desde una perspectiva marxista, de aquellas actividades que hacían parte del trabajo improductivo y que, por tanto, no debían ser consideradas mercancías, tales como el cuidado de los hijos, la lúdica y la recreación, etc. En este proceso de privatización y de mercantilización de lo público, el modelo de gestión adoptado en este sector es el Nuevo Management Público, que se fundamenta en la aplicación de principios de eficiencia, eficacia y rentabilidad. Estos se condensan en un conjunto de postulados tales como: el énfasis en la calidad de los servicios; el liderazgo y la toma de decisiones compartidas que incluyen a los empleados y clientes mediante mecanismos como la rendición de cuentas; la implementación de estructuras organizacionales flexibles que permitan una rápida adaptación a los cambios del entorno; la autosuficiencia financiera y la búsqueda de la competitividad en el mercado (Op. Cit.) .

Por otra parte, como se mencionó anteriormente, la globalización neoliberal requirió la transformación del Estado, que cedió su monopolio sobre diversas actividades de la vida social y económica a la racionalidad del mercado. En este sentido, el modelo postula la flexibilización de los mercados (capitales, bienes y laboral) como una de sus premisas fundamentales, implementada mediante la modificación del marco jurídico e institucional o modernización del Estado. Organismos internacionales como la OIT, definen la flexibilidad del mercado laboral como la capacidad de éste de adaptarse a las circunstancias económicas, sociales y tecnológicas (OIT, 1986, citado por Guevara, 2003:4); mientras que la OCDE la define como un ajuste de todos los costos reales de la mano de obra a las variaciones de las condiciones económicas (OCDE, 1986; Op. Cit.). Estas definiciones parten del supuesto de que los procesos de globalización son naturales e inevitables y que la única opción que tienen los Estados y los ciudadanos es adaptarse a esta dinámica o, en su defecto, asumir comportamientos isomórficos a partir de la adaptación de otros actores al entorno, negando de paso cualquier proceso consciente de transformación social.

Las políticas neoliberales se empezaron a implementar en Colombia bajo la administración del ex presidente Virgilio Barco Vargas (1986 – 1990), acentuándose con los

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