Politica Economica Mx

Economía de México

La Banca en México

Autor: Miguel E. Berumen Barbosa (CV)

Marzo de 2004.

Introducción.

La problemática de la Banca en México, registra las siguientes vertientes que sin lugar a dudas influyen en la economía del país, de manera negativa, sin que se observe que llame la atención seriamente de nuestras autoridades, conforme a las exigencias reales, a fin de formular e implementar propuestas de acción con el propósito de detener el proceso de descapitalización, como podrían ser la formulación de iniciativas de ley para reformar y consolidar el marco jurídico para regular la banca, además de contemplar penalidades mayores para aquellas personas –llámense delincuentes de cuello blanco, que más bien serían del cuello sucio- que en la actualidad, fácilmente burlan las leyes.

El proceso de vulnerabilidad de nuestra soberanía continúa acentuándose conforme pasa el tiempo y por desgracia, observándose la indolencia gubernamental, tal pareciera que los diferentes organismos institucionales pasan desapercibidos o únicamente se encuentran sintonizados en torno a los planes y programas previamente diseñados, sin reparar en ningún momento en el impacto que trae consigo la desnacionalización de la Banca, a la que al parecer se le considera como estructura ya establecida y por lo tanto, no es preocupación de nuestras instituciones para detenerse y analizar su situación.

Las nuevas administraciones consideran que entran en funciones con una estructura dada, a la que no es posible controlar, modificar, reformar, de acuerdo a los intereses nacionales, o bien, dichas administraciones simplemente no desarrollan sus funciones de acuerdo a los intereses de la nación, por las razones que ustedes quieran, lo dejo abierto al criterio del lector.

Durante el sexenio o administración del presidente José López Portillo, en 1982 la banca se nacionaliza, acción que desembocó en un conflicto con la clase empresarial y a la postre, ya en la administración de Carlos Salinas de Gortari, se volvió a privatizar la banca.

A la fecha, nos encontramos en una situación donde nuestra soberanía nacional o llámese seguridad nacional en una de sus vertientes, esta vulnerada, y no como consecuencia de las movilizaciones sociales u operatividad de grupos moderados y/o radicales de izquierda, sino por un proceso de composición estructural de nuestra economía, inserta dentro de un todo o universo, donde las personas que conforman las instancias políticas-administrativas, simplemente se han concretado a coadyuvar para que la economía mexicana se integre como un engrane más de la maquinaria globalizadora, sin reparar en las repercusiones negativas que ello conlleva al no considerar acciones, programas y planes antes de integrarse, es decir sin estar preparados.

La Privatización de la Banca.

La privatización de los bancos, iniciada de 1991 a 1992[1], es consecuencia, entre otros factores, de las necesidades que exigía la economía mexicana, es decir: a) un sistema financiero eficaz; b) así como del poder y la fuerza de la banca múltiple en México que se hacía sentir, misma que se establece en 1976, y que el Gobierno no podía cumplir con dichas funciones, lo que desembocó en un proceso de indemnización en excelentes condiciones, percibiendo los principales bancos fuertes montos: a Bancomer, se le dio 52,724.9 millones de pesos; a Banamex, 47,153.1 y a Serfín, 18,292.4, después o una vez pasada la nacionalización, en lugar de darles a cada uno 19,845.6; 20,301.3 y 7,089.6 millones de pesos, respectivamente[2], además de quedar exentos del pago de impuestos[3], errores que se han venido arrastrando en la política hacendaria y por desgracia no se observan pronunciamientos, propuestas, iniciativas de reforma por ningún lado, o cuando menos, no con la prontitud y como lo exige la realidad.

Por desgracia, tampoco la privatización no fue suficiente para contar con un sistema financiero eficaz, las exigencias de las economías, demandan mucho más, de ahí que se este dando el proceso de extranjerización, iniciado en la administración del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, como lo reconoce el ex presidente de la Asociación de Banqueros de México (ABM) y ex presidente del Banco del Atlántico, Carlos Abedrop Dávila, “La verdad es que después de poco más de 20 años (desde la nacionalización en 1982), tanto gobierno como particulares han manejado el sistema bancario de manera muy deficiente”.[4]

La privatización de la Banca en México, formó parte de una estrategia, de un mecanismo tendiente a la integración de nuestra economía al proceso globalizador, para que respondiera a las transformaciones de intermediación bancaria con el mundo, paulatinamente, los bancos ya no sólo reciben depósitos y prestan dinero, ahora se han convertido en emisores de valores, junto con empresas privadas y el propio gobierno. Pero a la vez, se pretende que los bancos sean universales en los mercados, a fin de que no existan trabas para las transacciones comerciales y financieras.

Derivada de esta estrategia, ya en 1991, se contaba en México con oficinas de 64 bancos extranjeros[5]. Ello se da en un marco de reformas, donde el Gobierno del presidente Ernesto Zedillo Ponce de León, define dos medidas:

• Potencializar la capitalización vía emisión de títulos de deuda a un plazo mínimo de 10 años y acceder de esta manera a la financiación exterior, y

• Que sean los propios bancos los que asuman el riesgo de su crecimiento, orillándolos a adoptar principios contables internacionales

Por su parte los bancos contemplaron una serie de acciones para lograr su recapitalización, entre ellas, la venta parcial o total de acciones, conversaciones con bancos extranjeros para lograr recursos frescos, mientras que para otros, el gobierno, a través de Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB), los trató de apuntalar.

En 1994 emerge la crisis del sistema bancario mexicano, derivada cuando personas físicas y morales se vieron imposibilitadas de pagar sus deudas por la devaluación del Peso y el disparo de las tasas de interés, pero a ello se suman una serie de irregularidades en cuanto a la administración de los bancos, entre ellos: autopréstamos, prestamos cruzados, operaciones con empresas fantasmas y desviación de fondos, entre otras, merced a ello se implementa un proyecto estructurador en los bancos, apareciendo en la palestra el denominado Fondo Bancario Para Protección del Ahorro (FOBAPROA), para cubrir un monto de 552 mil millones de pesos, del que sólo era recuperable únicamente el 30 por ciento[6], observando el entonces titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que de los 18 bancos intervenidos, 13 se fueron a la quiebra total; mientras que para la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de los 500 mil créditos que obran en poder de FOBAPROA, unos 400 pertenecen a grupos económicos y representan el 50 por ciento de los pasivos, cuyas deudas superan los 50 millones de pesos.

Para fines de 1998, el monto total de los activos del FOBAPROA, asciende a 750 mil millones de pesos, que son carteras de créditos compradas por dicho fondo, improductivas y que han crecido por la capitalización de los intereses, sin embargo para los bancos, los bonos recibidos por los activos improductivos tendrán al paso del tiempo su valor, obteniendo con ello jugosas ganancias, por el simple hecho de haberlas comprado.

Si bien es cierto que el rescate bancario por parte del gobierno, evito un colapso del sistema financiero y de la economía nacional, por otra parte en lo interno, emergió la impunidad de quienes hicieron posible la crisis, originando que la propuesta inicial del ejecutivo federal, de traspasar el monto del rescate bancario a deuda de los contribuyentes sin seleccionar carteras vencidas de “buena y mala calidad”, fuera rechazada y sometida a crítica severa por parte de la fracción legislativa del Partido de la Revolución Democrática (PRD), aduciendo que las irregularidades cometidas fueron fundamentalmente por parte de los banqueros, denominados como “delincuentes del cuello blanco”[7], cuyo monto en deuda pública pasó del 25.4 por ciento al 42.2 por ciento del PIB.

En lo externo, merced al “paquete de rescate”, implementado por el gobierno de los Estados Unidos, consistente en: autorización de una línea de crédito desde la Reserva Federal, garantizada con ventas futuras de petróleo, sin el consentimiento del Congreso de ese país, así como la convocatoria que hiciera a las instituciones financieras internacionales a bancos privados extranjeros para coadyuvar al refinanciamiento y disposición de nuevos fondos; emergió con ellos una serie de condiciones a las políticas para enfrentar la crisis, el rescate de los bancos y de los deudores morosos.

Tales condiciones se cristalizan en:

• Garantizar los depósitos existentes. De ahí la presencia del FOBAPROA que posteriormente se convirtió en el Instituto Nacional de Protección al Ahorro Bancario (IPAB).

• No implementar un control parcial de cambios.

• Intervención parcial de bancos, por lo que los más débiles fueron perjudicados.

• Elevar las tasas de interés, presuntamente para garantizar la confianza de los inversionistas extranjeros.

• No proceder a la congelación parcial de los mayores depósitos.

• No buscar el rescate bancario a través de la nacionalización.

Otras utilidades de los bancos.

Con base en lo anterior, se conforma el siguiente panorama:

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